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Recién entonces, fueron blancos de las críticas más acerbas. Esta vez no fueron funcionarios de segunda línea. De manera personal lo hicieron quienes presiden los países más poderosos del planeta.

Se está reproduciendo un problema similar al papel de las auditoras a inicios de este siglo (fines del 2001), donde los informes de Arthur Andersen sobre la multinacional energética de origen estadounidense Enron, se convirtió en la piedra del escándalo debido a la compleja trama de conflicto de intereses.

Tal como en aquella oportunidad nos ocupamos de las grandes empresas de auditoria, ahora lo hacemos con las calificadoras debido a la íntima relación que tienen estas actividades con la profesión de ciencias económicas.

Las agencias de calificación se encargan de valorar el riesgo del crédito privado y público a través de los productos financieros ofertados. O de otra forma el nivel de solvencia o capacidad de pago del emisor.

Quienes adquieren esos valores en el mercado financiero son los usuarios de la información, pero el costo de esa evaluación corre a cargo del emisor de títulos.

Cada agencia utiliza su propia escala de medición del riesgo, aunque las más importantes utilizan un cartabón muy similar. La clasificación básica es entre productos con “grado de inversión” y productos con “grado especulativo”. Y cada una de ella posee distintos niveles.

El FMI ha estudiado el tema (Global Financial Stability Report-2010), y computa 74 de esas agencias en el mundo, aunque advierte que sólo tres de ellas (“the big three”:

Fitch, Moody´s y Standard and Poor´s -S&P-) conforman el grueso de la actividad. Según algunos observadores, al menos el 90% del mercado.

Las acusaciones están referidas a problemas de mala praxis. Pero allí se mezclan problemas metodológicos, éticos y transparencia. Y todo esto potenciado por regulaciones incorrectas.

La salida al problema la encontramos en una resolución de la justicia española que investigó y desestimó una denuncia penal contra las calificadoras.

En una de las fases intermedias del juicio, la Fiscalía Anticorrupción de ese país, junto a su oposición a investigar penalmente el caso, por no existir indicios de delito, emite apreciaciones sobre el verdadero problema:

a) Reconoce que la baja de notas perjudicaron a España por su efecto directo en el costo del financiamiento.

b) Sería un absurdo que esas agencias elaboren informes que afecten a los inversores financieros, tal como parece sugerir la denuncia.

c) A las agencias puede reprocharse ineptitud para prever o anticipar, pero no encuadra en un delito penal.

d) Observa con preocupación un cierto “seguidismo”o tendencia procíclica tanto en la fase ascendente como descendente del ciclo económico. (Ídem anterior).

En este sentido dicho informe de origen jurídico coincide con las conclusiones del estudio realizado por el FMI. El problema central de las calificadoras es el efecto procíclico sobre la macroeconomía. Y esa prociclidad es el eje de su análisis.

¿Como podemos probar qué es el problema central? Supongamos por un momento que se corrigen todos los problemas regulatorios y las calificadoras pasan a ser un dechado de técnica, ética y transparencia. En ese caso, podemos afirmar que los problemas básicos que hoy existen, seguirán en el tapete.

Cuando los lideres políticos lanzan sus diatribas contra las calificadoras y nos recuerdan (recién ahora) los graves errores cometidos, suelen agregar a modo de muletilla algo así como: “nos rebajan la nota justo ahora que hacemos las cosas bien”.

En buen romance esto significa: mientras el país está en crisis las calificadoras deberían acompañar a los gobiernos en sus apreciaciones. No se concibe que en esas condiciones las calificadoras pudiesen opinar que las medidas adoptadas son insuficientes o lisa y llanamente incompatibles con los objetivos planteados, dada la dimensión y carácter de la crisis.

Y resulta casi inevitable que las calificadoras, aún correctamente reguladas, puedan llegar a evaluar los efectos de las medidas adoptadas, tanto de manera positiva como negativa.

Los efectos procíclicos son el centro del problema. Pero no derivan sólo de sus errores metodológicos, éticos, de transparencia y de su actual marco regulatorio, sino del contexto global: el funcionamiento del mercado financiero, su papel sobredimensionado en la economía mundial y la estrecha dependencia del sector público con ese mercado para su financiamiento.

Son esos mismos líderes políticos que vociferan contra las calificadoras, los que han armado, contribuido y/o aceptado esta muy particular forma para el modelo capitalista.

Y en ese contexto las calificadoras y sus modus operandi son inevitables. El directivo de la agencia DBRS con base en Toronto-Canadá, Alan Reid ha dicho:

“Las calificaciones son parte del entramado de los mercados globales de capital. Separarlas del sistema constituye un gran desafío”. (El Cronista 01-08-2011).

En la medida que la decisión básica en la economía mundial ha sido la de otorgar prioridad al flujo financiero por sobre la corriente real, generar alto déficit del sector público, y financiarlos en base a mercados financieros privados, el problema, tal como se presenta, no tiene solución, y los países en crisis, desarrollados o no desarrollados, quedan a merced del volátil temperamento de esos mercados, cuyos operadores seguirán consultando los informes de las agencias de calificación.

Resulta inevitable que una calificación negativa, en un contexto de de crisis sistémica, provoque el efecto denominado “profecía autocumplida”. Son condiciones de incertidumbre, donde la desconfianza de los agentes económicos, en particular, respecto a las decisiones del sector público, hace que cualquier información que surja de los mercados y que ellos reputen como verdadera, induzca comportamientos en “manada” que convierten en real cualquier información por falsa que resulte. Es el caso habitual de las corridas bancarias y cambiarias frente al más leve rumor.

El problema no son las calificadoras. La cuestión deriva de detentar una crisis sistémica.

Todo esto nos lleva a pensar que la salida real del problema consiste, no sólo en una regulación correcta, sino también en superar las actuales condiciones de crisis sistémica de los países y la fuerte dependencia del financiamiento del sector público en los mercados financieros privados. En la medida que estos problemas no puedan ser dominados, el enfrentamiento con las calificadoras proseguirá en el futuro, igual que en la actualidad, cualquiera fuesen los cambios regulatorios instrumentados.