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Luego de tres reuniones de las comisiones de Interpretación y Reglamento y Cultura y al no arribar a un acuerdo, ocho concejales de la oposición juntaron las firmas necesarias para convocar a sesión extraordinaria a la que se llegó con un despacho único que consistía en un pedido de informes al municipio y a la Provincia respecto de las responsabilidades por lo acaecido en el Jardín Maternal Tribilín.

Como nunca el recinto lució repleto, a tal punto que a la hora de inicio de la sesión era una misión casi imposible ingresar. Militantes del possismo, según ediles de la oposición muchos de ellos empleados municipales, coparon el Concejo desde bien temprano con carteles en alusión al gobierno nacional y provincial. Algunas de las leyendas decían: “Los 51 muertos de Once no se tapan con Tribilín”, “Kristina no hagas política con los chicos”, “Menos cadena nacional, más justicia” o “La Provincia ausente”.

Afuera mucha policía y seguridad y un estricto control de ingreso al Concejo. El concejal del Frente para la Victoria Leandro Martin denunció que “aparecieron patotas apretando padres. Al hijo del concejal Bringas lo cagaron a palos y lo metieron preso” y amplió diciendo que el detenido, un menor de 16 años, había sido golpeado por personal del Concejo cuando intentaba ingresar y que fue llevado a la comisaría primera de Boulogne.

Constituido el cuerpo en comisión, el oficialismo decidió presentar dictamen y se abrió el debate. En su proyecto de comunicación el possismo expresa su repudio a los hechos de violencia acaecidos en el Jardín Tribilín y le requiere información a la Dirección General de Educación y Cultura de la Provincia, a ARBA, ANSES, AFIP y en menor medida al Departamento Ejecutivo.

En primer lugar el concejal del FPV Leandro Martin aclaró que “queremos indagar sobre la responsabilidad del municipio y de la Dirección General de Educación bonaerense, es falso que le queramos echar la culpa al Municipio. De hecho nuestro pedido de información a la Provincia es aún más extenso que al municipio”.

Por otro lado marcó las contradicciones entre los dichos del Secretario de Gobierno municipal Ricardo Rivas y el Intendente Gustavo Posse respecto de la habilitación del jardín. Asimismo destacó que “nos enteramos de la eximición de ABL que el municipio le otorgó al jardín en 1998, 2001 y 2002” y se preguntó “¿por qué dilataron el pedido de informes un mes si no tenían nada que ocultar?”. Finalmente enfatizó: “el jardín desarrollaba actividades comerciales por eso debía ser inspeccionado y se le cobraba la tasa de Seguridad e Higiene. La Municipalidad no se quiere hacer cargo y le echa la culpa a Provincia y Nación”.

Desde el oficialismo el concejal Jorge Álvarez destacó que “queremos trasmitir tranquilidad a la comunidad sanisidrense por el funcionamiento del sistema de educación privada”. Luego hizo un racconto de lo sucedido tras la denuncia por maltrato a los niños del jardín y señaló que se realizó una primera conferencia de prensa por parte de los funcionarios municipales “con la clara decisión política de trasmitir lo que ocurrió, clarificando los hechos y sin deslindar responsabilidades”. Asimismo se refirió a la segunda conferencia de prensa de la que participaron los funcionarios y el Intendente Gustavo Posse: “Se dejó en claro que el establecimiento no contaba con habilitación y que esto era competencia de la Dirección General de Educación Privada”, explicando que es este organismo provincial quien tiene la facultad de clausurar los establecimientos. Por último dijo que “hay confusión en quienes salieron a buscar responsables en el orden municipal”.

Marcos Hilding Ohlsson de Con Vocación por San Isidro comenzó pidiendo que en el recinto “los empleados públicos le dejen lugar a los padres”. “No hables pavadas” le gritó uno de los hombres que portaba carteles desde la barra. Acto seguido el edil aclaró que “no queremos hacer una cacería de brujas, sino conocer quiénes son los responsables”. A su vez destacó que “cinco días después de conocerse lo sucedido en el jardín el Intendente Posse hace declaraciones confusas y contrarias a los que dicen sus propios decretos y a lo que habían dicho sus funcionarios antes. Para que se exima de tasas a un jardín el establecimiento tiene que estar habilitado, el Intendente no dijo toda la verdad”.

El oficialista Andrés Rolón por su parte enfatizó que “la municipalidad y los funcionarios se pusieron al lado de los padres desde un primer momento. Ya estamos acostumbrados a la denuncia en los medios y a las denuncias de los partidos políticos en la justicia. Tienen como objetivo hacer política”.

Fernando Pose del Frente Amplio Progresista subrayó que “desde el FAP jamás vamos a sacar un rédito político, queremos llegar a la verdad con preguntas que tanto el municipio como la Provincia deben responder”.

Desde el Frente para la Victoria Fabián Brest le contestó a Rolón que “estamos ejerciendo nuestra función de controlar al Departamento Ejecutivo”. Asimismo agregó que “quién pone en duda el tema de la habilitación es el propio municipio, Rivas y Posse dicen sobre la misma cuestión una cosa distinta”. Por último se preguntó: “¿el jardín presentó la documentación necesaria al momento de la eximición de tasas?”.

Luego le tocó la palabra al oficialista Pablo Fontanet quien confrontó duramente a los opositores: “Hubo mucha mentira por parte de los dirigente locales, jugaron con el tiempo para que el tema no se cayera de los medios. Claro que hay una intención política, cuando la responsabilidad excluyente y exclusiva es de la Provincia”. Finalmente dejó en claro que “el municipio es víctima de una operación mediática y política”.

El último opositor en tener la palabra fue el presidente del bloque PJ Frente para la Victoria Santiago Cafiero quien manifestó que “es correcto que los padres pidan justicia desde el punto de vista jurídico pero también político”. Luego señaló que “el proyecto oficialista invierte la carga de responsabilidad porque apunta a la Provincia pero no se interpela”. Por último enfatizó que “necesitamos garantizar que esto no va a volver a ocurrir y establecer las responsabilidades locales. El Intendente Posse le debe una explicación a todos los vecinos de San Isidro”.

El encargado de cerrar la lista de oradores fue el Presidente de la bancada oficialista Carlos Castellano quien dejó en claro que “los funcionarios provinciales por cuestiones legales son los principales implicados. Es irracional exigirle a cualquier gobierno local que dé respuestas razonables a problemas que no le son propios, ¿por qué se insiste tanto en que el gobierno municipal de respuestas frente a una situación en la que no tiene competencia hace más de siete años?”. “Si hubiera habido buena fe, no habrían montado una operación mediática”, concluyó al tiempo que llamó CKN al canal televisivo C5N.

Finalmente se pasó a votar y el proyecto opositor al que se le hizo algunos agregados obtuvo diez votos de los concejales: Cafiero, Brest, Bringas, Martin y Girassolli (PJ-FPV) Hilding Ohlsson (Con Vocación por San Isidro) Pose (Frente Amplio Progresista) Fandiño (Unidos por San Isidro), Bastidas (bloque Peronista) y Chamatrópulos (Nueva Acción Cívica Vecinal).

El oficialismo aprobó su dictamen con trece votos, doce propios más Florencia Longo del FAP que los acompaña en todas las votaciones. La sesión tuvo más de seis horas de intenso debate.