En la última sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, se reavivó la controversia sobre los patrulleros adquiridos en 2021 mediante el Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad, que permanecieron abandonados en un galpón durante la gestión anterior, encabezada por Gustavo Posse.
El concejal Walter Pérez, del bloque possista, defendió la decisión de no ponerlos en funcionamiento al afirmar: “Estos móviles fueron dejados por nuestro gobierno el 10 de diciembre de 2023. No los pusimos en marcha porque no había suficientes policías, y los móviles asignados a las comisarías excedían la cantidad de efectivos disponibles”.
El 19 de marzo pasado, el intendente Ramón Lanús encabezó un acto en el que se entregaron 10 de esos patrulleros, tras resolver los convenios administrativos pendientes con la Policía Bonaerense. Desde el bloque de Convocación, el concejal Juan Bautista Ocampo, presidente de la Comisión de Seguridad, cuestionó la gestión anterior: “Encontramos falencias importantes, como las 1.200 cámaras existentes, de las cuales cerca de 700 eran analógicas y tenían limitaciones para identificar personas en condiciones de poca luz”. También señaló que la falta de coordinación con el gobierno provincial para aumentar el número de efectivos policiales contribuyó al problema.
La actual administración destacó que, además de incorporar estos 10 patrulleros, está impulsando mejoras en el sistema de seguridad. Entre las medidas, se encuentra la instalación de 2.100 cámaras de videovigilancia 4K con inteligencia artificial para alertas en tiempo real y 170 cámaras lectoras de patentes conectadas a la base de datos SIFCOP. Estas acciones se suman a la entrega, en septiembre de 2024, de otras 16 patrullas que también habían sido encontradas sin uso en un depósito.
Por su parte, Ocampo subrayó el enfoque de la nueva gestión: “Buscamos optimizar los recursos disponibles para mejorar la seguridad y equipar a los agentes con tecnología adecuada”, concluyó.
