El Gobierno nacional oficializó una reestructuración integral del Sistema de Inteligencia Nacional mediante el decreto 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La medida redefine competencias, funciones y organismos, y consolida a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) como autoridad superior y rectora del sistema, en el marco de lo que el Ejecutivo denominó una reforma de “segunda generación”.
Según el texto oficial, la iniciativa busca modernizar, ordenar y profesionalizar el sistema de inteligencia, con el objetivo de adecuarlo a los desafíos del siglo XXI, eliminar superposiciones históricas y reforzar los controles institucionales, técnicos y presupuestarios. El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei y de sus ministros, y entra en vigencia con su publicación, aunque deberá ser analizado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la redefinición de la estructura del sistema. La SIDE queda conformada por el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC) y la Inspectoría General de Inteligencia, todos con autonomía técnica y funcional, pero bajo conducción política centralizada. La ex Agencia de Seguridad Nacional pasa a denominarse Agencia Nacional de Contrainteligencia, con funciones circunscriptas de manera exclusiva a esa materia.
En línea con el comunicado difundido por el Gobierno, la contrainteligencia queda definida de manera “clara y taxativa” como la función destinada a proteger al Estado argentino frente a acciones de inteligencia, espionaje o injerencia de agentes externos, y se establece de forma explícita la prohibición de prácticas de espionaje interno, persecución política, control indebido de dirigentes, periodistas o ciudadanos.
Otro de los cambios relevantes es la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, cuyas funciones y recursos son transferidos al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de evitar superposiciones y consolidar un esquema integrado de inteligencia de defensa. A su vez, se diferencia formalmente la ciberseguridad —vinculada a la protección de infraestructuras críticas— de la ciberinteligencia, orientada al análisis de amenazas en el ciberespacio, y se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
El decreto también establece un nuevo esquema de intercambio de información dentro del Estado, basado en la trazabilidad, el registro obligatorio de requerimientos y la automatización de los flujos informativos. En ese marco se crean la Comunidad de Inteligencia Nacional, que articula a organismos de inteligencia, fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas y la UIF, y la Comunidad Informativa Nacional, integrada por ministerios y organismos civiles que aportan información estratégica sin realizar tareas de inteligencia.
Entre los puntos que generaron mayor atención se encuentra la autorización a los organismos de inteligencia para proveer su propia seguridad, repeler agresiones contra instalaciones, personal u operaciones, y aprehender personas en casos de flagrancia, con obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad. Desde el Ejecutivo se subrayó que todas las actividades de inteligencia revisten carácter encubierto por su sensibilidad, aunque se reafirma la prohibición de realizar espionaje por motivos ideológicos, políticos o religiosos.
La reforma también concentra en la SIDE la supervisión y control de los presupuestos de inteligencia y de los gastos reservados, además de habilitarla a requerir información a organismos del sector público nacional, a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires cuando lo considere necesario para el cumplimiento de sus funciones.
Finalmente, el Gobierno sostuvo que esta transformación forma parte de un proceso más amplio de ordenamiento institucional, orientado a dejar atrás décadas de discrecionalidad, opacidad y uso político del sistema de inteligencia, y a consolidar un esquema profesional, limitado y sometido a controles legales, enmarcado en los principios republicanos y democráticos.
