El Vaticano confirmó la culpabilidad del presbítero Damián Rodríguez Alcobendas, de la Diócesis de San Isidro, en una causa por abuso de un menor, y dispuso un paquete de sanciones de carácter perpetuo que le prohíben ejercer cualquier función eclesiástica, incluso administrativa, además de restringirle la docencia y el contacto con menores. La resolución, comunicada al obispo diocesano Guillermo Caride, rechaza de manera definitiva la apelación presentada por el sacerdote.
La decisión fue emitida por el Colegio para el Examen de los Recursos en Materia de Delitos Graves de la Santa Sede, que confirmó la responsabilidad del religioso por un delito grave contra el sexto mandamiento cometido con un menor. En consecuencia, el organismo ratificó las penas previamente impuestas.
Entre las sanciones definidas figura la prohibición perpetua de ejercer todo oficio eclesiástico, así como cualquier cargo directivo o administrativo en parroquias, seminarios o institutos vinculados a la Iglesia. También queda impedido de asumir roles bajo dependencia de autoridades eclesiásticas y se le restringe la posibilidad de enseñar disciplinas teológicas o pastorales. Asimismo, el decreto establece que no podrá realizar tareas vinculadas al acompañamiento, asesoramiento o tutoría de menores.
Además, la Santa Sede dispuso una prohibición de cinco años para el ejercicio público del ministerio sacerdotal, una medida complementaria que se suma al resto de restricciones. El comunicado aclara que, si Rodríguez Alcobendas incumple alguna de las penas establecidas, se aplicará la dimisión del estado clerical, la sanción máxima prevista.
“La apelación ha sido rechazada y las penas quedan firmes. En caso de incumplimiento, será sancionado con la dimisión del estado clerical”, detalló el Obispado de San Isidro al comunicar la resolución. La diócesis también expresó su acompañamiento a la víctima: “Manifestamos nuestra cercanía con la víctima de este delito grave; le pedimos perdón por el dolor y la herida que ha padecido, y le aseguramos nuestro compromiso y oración por su vida”. Ese mensaje se extendió a todas las personas que hayan atravesado situaciones similares.
La Diócesis destacó que la decisión del organismo vaticano sienta un precedente en la gestión de denuncias y sanciones dentro del ámbito eclesiástico, especialmente en casos vinculados a delitos contemplados contra el sexto mandamiento y a la protección de menores.
Quién es el sacerdote sancionado
Nacido el 4 de abril de 1967, Rodríguez Alcobendas acumula más de cuatro décadas en el sacerdocio. Fue párroco misionero en Tierra Santa —Israel y Palestina— y ofició en distintas parroquias de San Fernando, Boulogne, Acassuso y Nordelta. También estuvo vinculado a asociaciones y fundaciones de beneficencia ligadas a colegios de zona norte.
Saltó a la notoriedad pública durante la pandemia de Covid-19, en 2020, cuando recorrió el barrio Nordelta en la caja de una camioneta 4×4 decorada con ramas de olivo para bendecir viviendas durante Semana Santa, luego de haber solicitado a los vecinos donaciones para la parroquia Sagrada Familia. Por entonces argumentó que, por su condición de sacerdote, tenía permiso de circulación.
La confirmación del Vaticano cierra el proceso canónico iniciado por la denuncia y deja al cura bajo un régimen estricto de restricciones permanentes, cuyo incumplimiento derivará en su expulsión definitiva del estado clerical.