Un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó a la empresa FATE abonar los salarios adeudados a sus trabajadores, en el marco del conflicto que se profundizó tras el cierre de la planta de San Fernando y el despido de más de 900 empleados.
La decisión judicial validó un acuerdo firmado en mayo de 2025 entre la compañía y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), que establecía, entre otros puntos, el compromiso de no realizar despidos sin causa hasta el 30 de junio de 2026. A partir de ese entendimiento, el tribunal consideró que la empresa debe cumplir con el pago de los haberes reclamados.
El fallo revocó parcialmente una resolución de primera instancia y dio lugar a la medida cautelar presentada por el gremio. En ese sentido, ordenó el pago de los salarios correspondientes a los trabajadores incluidos en el listado afectado, al considerar que existe verosimilitud en el derecho invocado y un riesgo concreto por la demora, dado que están en juego ingresos de cientos de familias.
El conflicto se originó en febrero de este año, cuando FATE anunció el cierre definitivo de su planta en San Fernando y avanzó con los despidos masivos. Desde entonces, una parte de los trabajadores mantiene tomadas las instalaciones, mientras continúan las negociaciones. Según se informó, de los más de 900 empleados afectados, alrededor de 250 aún no aceptaron el retiro voluntario.
Desde el sindicato sostienen que el acuerdo firmado el año pasado sigue vigente y que los despidos son inválidos. En esa línea, remarcaron que la empresa no puede desconocer las obligaciones asumidas, especialmente en lo referido al pago de salarios.
Por su parte, fuentes cercanas a la compañía señalaron que están analizando el alcance de la resolución judicial y evaluando los pasos a seguir, en un escenario que suma tensión a un conflicto que lleva meses sin solución.
El fallo también pone en debate un punto clave: la obligación de abonar salarios en un contexto donde la planta se encuentra ocupada y sin actividad productiva. Este aspecto podría tener impacto en otros conflictos laborales similares, en caso de consolidarse el criterio judicial.
Mientras tanto, se espera que en los próximos días haya definiciones sobre la implementación de la medida y el futuro del conflicto, que sigue abierto y con alto impacto social en la región.