El Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Pablo Tonelli, apeló el fallo de la jueza en lo contencioso y administrativo Patricia López Vergara, por el cual se le ordenaba al Gobierno de la Ciudad "abstenerse de llevar adelante cualquier acción tendiente a desalojar o levantar de cualquier forma la instalación de sendas carpas instaladas con el logo "Compromiso K".
En la apelación el Procurador sostiene, entre otras cosas, lo siguiente:
– La sentencia es nula por carecer de una “adecuada y suficiente fundamentación jurídica”.
-El sistema de permiso administrativo previo, no sólo es válido constitucionalmente, sino que resguarda y protege la libertad de expresión:
Sin la debida intervención del Estado “se corre el riesgo de que lo que debe ser una pacífica manifestación se convierta en un copamiento abusivo del espacio, que ponga en riesgo la seguridad de la población e impida por la fuerza que el foro sea razonablemente utilizado por otros sectores que, irremediablemente, quedan desplazados y sin posibilidad de ser tambiín oídos”.
-Sin perjuicio de que no existe conflicto alguno entre los derechos constitucionales a la libre expresión y de reunión y la disposición del Gobierno de la Ciudad, corresponde aclarar “que la disposición Nº 4089-DGOEP-08 dispuso únicamente el retiro ‘de las estructuras, carpas, carteles y pancartas emplazados en la Plaza de los Dos Congresos’ y de ningún modo impidió una reunión de personas ni la manifestación libre de ideas políticas”.
-“La demora que implica la tramitación de un permiso para poder llevar adelante una reunión o manifestación como la que se discute es insignificante y enteramente razonable”:
“La mejor prueba de ello es el hecho innegable de que otros sectores de opinión que han querido llevar a cabo acciones similares en la misma plaza, tramitaron el permiso correspondiente sin demoras y se encuentran actualmente llevando a cabo su manifestación”.
-El Estado tiene la responsabilidad de premiar a quienes cumplen la ley y castigar a quienes la violan:
“Es fácil observar que de confirmarse la sentencia apelada, lo que se estaría haciendo sería convalidar un accionar desplegado con total desprecio por las formas legales y por los procedimientos esenciales que hacen a la vigencia efectiva del estado de derecho. Tal como surge de las constancias de la causa y de los hechos de público y notorio conocimiento, la actora actuó según la lógica de los "hechos consumados": ocupó ilegítimamente un sitio de privilegio en el espacio público con la certeza de que, una vez instalada, no sería fácil desplazarla.”
“Mientras tanto, otros grupos de opinión han preferido optar por el camino de la legalidad ¿Cuál es el resultado que le ofrece el Estado?. Deben esperar a que se procese su solicitud, y luego encontrarse con que el lugar más visible está ocupado debiendo conformarse con un sitio menos útil”.
“Se plantea en este caso, entonces, una disyuntiva ineludible. O bien se castiga a quien ha violado la ley y se premia a quien la ha cumplido, o bien se envía a la sociedad el mensaje de que el estado es inerme y en nuestra patria prevalecen la "viveza" o la fuerza. Las consecuencias de optar por este segundo camino son obvias: una guerra por el espacio público, sin cuartel, por "mano propia", con imprevisibles consecuencias”.
-La posición sostenida por el Gobierno de la Ciudad se encuentra avalada por fallos del máximo tribunal de Argentina y de los Estados Unidos.
Fuente: www.zonanortediario.com.ar