El bloque de Fuerza Tigre presentó en el Concejo Deliberante de Tigre un proyecto de ordenanza que propone prohibir la venta, comercialización y exhibición de animales vivos con fines comerciales en todo el distrito, incluyendo a los criaderos destinados a la reproducción para la venta. La iniciativa establece además multas, posibles clausuras, un registro municipal de rescatistas y un mecanismo para que lo recaudado por las sanciones se destine exclusivamente a políticas de protección animal.
El proyecto, impulsado por Sebastián Rovira junto a los concejales Mercedes García, Luis Samyn Ducó, Mariela Lomes, Juan Manuel Reboredo y Adriana La Magna, plantea la creación de un “Régimen Integral de Protección y Bienestar de los Animales del Partido de Tigre”, aplicable tanto en el continente como en las islas.
El cambio principal sería la prohibición de la venta, oferta, intermediación y exhibición comercial de animales vivos en establecimientos o actividades bajo control municipal. El texto incluye expresamente a los criaderos y establecimientos de cría, reproducción o guarda cuando tengan como objetivo directo o indirecto la comercialización.
Esto alcanzaría, entre otros rubros, a veterinarias, pet shops, comercios de productos veterinarios y criaderos: sus habilitaciones ya no podrían ser utilizadas para vender o exhibir animales. En caso de aprobarse la ordenanza, el Ejecutivo tendría 90 días para adecuar el nomenclador de actividades comerciales del Municipio.
Las adopciones quedarían por fuera de la prohibición siempre que no exista una finalidad lucrativa. El proyecto habilita expresamente las adopciones realizadas por organismos públicos, refugios, entidades proteccionistas y rescatistas, así como las jornadas de adopción autorizadas por el Municipio. También contempla que puedan recuperarse gastos veterinarios o de manutención, siempre que estén debidamente acreditados y no funcionen como una venta encubierta.
“Queremos avanzar hacia un Tigre donde los animales no sean tratados como una mercancía. Hay muchísimos animales esperando una familia y muchísimos rescatistas que todos los días hacen un enorme trabajo. Creemos que el Estado tiene que acompañarlos y promover la adopción responsable”, sostuvo Rovira.
La propuesta toma como antecedente directo lo ocurrido en San Fernando, donde se modificó el nomenclador comercial para impedir la venta y exhibición de animales y se estableció un régimen sancionatorio específico.
“San Fernando dio un paso importante y creemos que Tigre también puede avanzar en ese sentido. Somos municipios vecinos y compartimos muchas de las mismas problemáticas. Si una política mejora la protección animal, vale la pena tomar esas experiencias y discutirlas acá”, agregó el concejal.
El proyecto contempla multas equivalentes a entre uno y veinte salarios básicos mínimos del personal municipal. Según la gravedad del caso, esas sanciones podrían complementarse con la clausura temporaria del establecimiento y, ante reincidencias graves o reiteradas, con la clausura definitiva o la revocación de la habilitación comercial.
Una particularidad de la iniciativa es que el dinero obtenido por esas multas no quedaría incorporado sin destino específico a las cuentas municipales. El texto establece que deberá utilizarse obligatoriamente para políticas de rescate, recuperación y bienestar animal, una afectación que comenzaría a regir desde el Presupuesto 2027.
Entre los posibles destinos aparecen la atención veterinaria de animales rescatados, medicamentos, castraciones, vacunación, desparasitación, alimentación, alojamiento transitorio, traslados de emergencia y programas de asistencia a rescatistas y organizaciones proteccionistas.
“No alcanza solamente con prohibir. También tenemos que construir una política que acompañe a quienes rescatan animales, fortalezca las castraciones, promueva la adopción y dé herramientas para intervenir frente al abandono y el maltrato. La propuesta apunta a hacer todo eso de manera integral”, afirmó Rovira.
En ese sentido, el proyecto crea además un Registro Municipal de Rescatistas, Proteccionistas y Organizaciones de Protección Animal, voluntario y gratuito. Podrían anotarse tanto personas individuales como asociaciones y grupos comunitarios sin personería jurídica que acrediten trabajo sostenido en la materia.
La iniciativa incorpora además un capítulo específico sobre la tracción a sangre. Allí se le exige al Departamento Ejecutivo profundizar el cumplimiento de la Ordenanza 3997/2022 y, en caso de aprobarse el nuevo proyecto, presentar ante el Concejo Deliberante en un plazo de 60 días un informe sobre su grado de implementación.
Ese informe deberá detallar, entre otros puntos, la cantidad de operativos realizados, vehículos detectados o retenidos, animales retirados, sanciones aplicadas y medidas adoptadas para reemplazar los medios de transporte alcanzados por la normativa.
Para los comercios y criaderos que actualmente estuvieran habilitados para actividades que quedarían prohibidas, el proyecto fija un plazo de 180 días para adecuarse. Durante ese período no podrían incorporar nuevos animales destinados a la venta o exhibición y deberían garantizar el cuidado de los ejemplares existentes hasta el cese definitivo de esa actividad.
La iniciativa deberá pasar ahora por las comisiones del Concejo Deliberante antes de quedar en condiciones de ser tratada en el recinto.
