El concejal de La Libertad Avanza de San Isidro Alberto Montes deberá pagarle 12 millones de pesos a una empleada municipal que lo denunció por abuso sexual, en una causa que fue revelada públicamente en octubre de 2023 por Zona Norte Diario Online y que ahora volvió a quedar en el centro de la escena tras la difusión del video del hecho, el acuerdo económico con la víctima y el avance del expediente penal hacia un juicio oral.
El episodio ocurrió el 8 de octubre de 2023, cerca de las 5 de la mañana, en la base de la Dirección Municipal de Tránsito de Boulogne. Montes, que por entonces ya había sido electo concejal por La Libertad Avanza pero todavía no había asumido su banca, se desempeñaba como inspector de Tránsito municipal. Según la denuncia, tocó a una compañera de trabajo sin su consentimiento y la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la dependencia.
En las imágenes, que ahora fueron difundidas por TN, se ve al dirigente libertario ingresar a una oficina y acercarse a la empleada, que estaba de espaldas. Luego le toca la cola y la mujer reacciona de inmediato con un golpe en la cara. La denuncia fue radicada en la UFI de Género de San Isidro, tal como publicó este medio el 30 de octubre de 2023, cuando el caso tomó estado público por primera vez.
Montes asumió su banca en el Concejo Deliberante de San Isidro el 10 de diciembre de ese año. Desde entonces, la causa tuvo derivaciones tanto en el fuero civil como en el penal. En la instancia civil, el concejal acordó pagarle a la denunciante un resarcimiento económico de 12 millones de pesos, dividido en cuotas: una de 3 millones, dos de 2 millones y cinco de 1 millón.
El tema volvió a instalarse ahora porque, según trascendió, Montes se habría atrasado con los pagos y el juzgado lo intimó. La denunciante, cuya identidad se preserva, habría firmado el acuerdo el 14 de mayo. Sin embargo, ese entendimiento económico no cierra la situación judicial del edil, ya que la causa penal continúa abierta.
El expediente está caratulado como “Montes Alberto Antonio s/ abuso sexual” y tramita ante el Juzgado Correccional N°5. La defensa del concejal pidió el sobreseimiento, pero el planteo fue rechazado. Luego, la causa ingresó a la Sala 2 por la apelación presentada contra esa denegatoria. De acuerdo con la información difundida, el proceso penal podría avanzar hacia un juicio oral en octubre.
La continuidad de Montes en el Concejo Deliberante también abrió una discusión política en San Isidro. Desde el bloque de Fuerza Patria impulsan su remoción, aunque por ahora no cuentan con los votos necesarios para avanzar sobre tablas. En el deliberativo local, el oficialismo del intendente Ramón Lanús y sus aliados reúnen 14 de los 24 concejales.
La concejal Estefanía Rivadulla cuestionó la permanencia del edil libertario en su banca y apuntó contra la falta de una reacción institucional más fuerte. “Cuando una mujer denuncia haber sido víctima de abuso, de violencia, el Estado, el Intendente, no puede mirar para otro lado, y nosotros, como representantes del pueblo, tampoco. No podemos pedirles a las vecinas de San Isidro que confíen en las instituciones si se protegen entre sí. No podemos hablar de transparencia, de valores y de respeto mientras elegimos el silencio frente a hechos que conmocionan a toda la comunidad. La política no puede convertirse en un refugio de impunidad”, sostuvo.
Desde la oposición también pusieron la lupa sobre la capacidad económica de Montes para afrontar el acuerdo. Según se indicó, su dieta neta como concejal ronda los 2 millones de pesos y, por la Ley Orgánica de las Municipalidades, no puede tener otra actividad comercial salvo que renuncie a ese ingreso.
Consultado por el portal de noticias Todo Noticias, Montes no aceptó preguntas y buscó minimizar el episodio. “Entre la denunciante y yo hubo un pedido de disculpas y de acuerdo. El hecho, que lo que intentó ser un chiste, derivó en una denuncia promovida y difundida por la política porque yo era candidato a concejal. El acuerdo arribado entre las partes y con fiscalía y defensoría, aceptando el mismo, fue cumplido y se está a la espera de que la justicia lo homologue”, afirmó.
La explicación del concejal no logró bajar la tensión política ni judicial. A más de dos años de la denuncia original, el caso vuelve a golpear al Concejo Deliberante de San Isidro con un video que expuso la secuencia, un acuerdo millonario bajo revisión y una causa penal que todavía no está cerrada.
