A un mes de la explosión que terminó con la muerte de Jésica Coria, la docente de 44 años que sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo tras una fuga de gas en una vivienda de Virreyes, sus familiares convocaron a una marcha para reclamar justicia y pidieron que se investigue la responsabilidad del dueño del inmueble, al que acusan de haber sido advertido previamente por fallas en la instalación.
El hecho ocurrió el 27 de marzo en una vivienda ubicada sobre la calle Málaga al 2400, a pocas cuadras de la avenida Avellaneda, en el partido de San Fernando. Según relató la familia, Jésica había sentido olor a gas durante varios días y se lo había comunicado al propietario del departamento que alquilaba, donde vivía junto a dos de sus tres hijos. Días después, cuando ingresó al baño y encendió la luz, una acumulación de gas provocó una explosión que la envolvió en llamas.
La docente fue trasladada primero al Hospital San Cayetano y luego derivada a la Clínica Santa Juana de Arco, en Ciudadela, donde permaneció internada en estado crítico. Finalmente murió el 3 de abril, una semana después de la explosión.
Jésica tenía 44 años, era madre de tres hijos, trabajaba en distintas instituciones educativas y, además, estudiaba. Entre otros lugares, se desempeñaba en la Escuela de Educación Primaria N° 34 “Guayaquil” y en el Colegio Santo Domingo Savio.
A un mes de su muerte, la familia convocó a una marcha para este lunes a las 18 en la intersección de Avellaneda y Málaga, en Virreyes. “Esto no puede quedar así. Este hombre no puede seguir libre y caminando por la calle mientras yo no tengo a mi hija”, expresó Antonia, la madre de Jésica, en declaraciones a Infobae. La mujer también advirtió que en el lugar “hay ocho familias más viviendo ahí que también corren peligro”.
De acuerdo con el relato familiar, Jésica vivía desde hacía casi cinco años en ese complejo de departamentos. Sus allegados sostienen que ya existían pérdidas de gas y apuntan contra el propietario del inmueble. Además, según contaron al portal San Fernando Nuestro, mientras la docente permanecía internada, el dueño habría realizado modificaciones en la instalación para intentar simular que el suministro estaba cortado antes de la explosión.
“Jésica no merecía morir de esta manera. Se fue sufriendo”, señalaron sus familiares al convocar al reclamo. Y agregaron: “No es solo por Jésica, que hoy ya no está, sino por la gente que sigue viviendo ahí. Hay ocho familias más que también corren peligro. A mi hermana le apagaron la vida. Ya no está como hermana, como hija, como madre, como abuela, como tía. Ya no la tenemos. Lo único que pedimos es justicia”.
La causa quedó en manos del Juzgado de Garantías N° 3 de San Isidro, a cargo de la jueza Andrea Mentasty, y de la Fiscalía Correccional de San Fernando. Según la información publicada, el expediente fue caratulado como estrago doloso seguido de muerte, delito que prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión.