Vicente López tiene 275000 habitantes y 5000 empleados municipales, con un promedio de un funcionario municipal cada 55 habitantes, lo cual es una verdadera barbaridad.Para dimensionar la cosa supongamos que en una cuadra viven 55 personas porque hay solamente casas (no dúplex ni departamentos). Cada cuadra del Partido debiera contar con su propio funcionario municipal parado en una de las esquinas, esperando que los vecinos le trasmitan sus necesidades, y resolviíndolas. Sabemos que la realidad es bien distinta y que las necesidades se convierten en trámites, diseñados para que el vecino pierda miserablemente su tiempo y el funcionario trabaje lo menos posible.
El Poder Ejecutivo de Vicente López está integrado por un Intendente (Jorge Macri), un Jefe de Gabinete, once Secretarios, doce Subsecretarios, nueve Directores Generales y seis Directores.
Es decir un total de 40 funcionarios de primerísima línea para los mismos 275.000 vecinos, lo cual asigna un funcionario de primer nivel cada 6.875 habitantes, o sea otro despropósito. En Vicente López no se cumple con el principio republicano de la división de poderes, ya que el Poder Judicial (Tribunal Municipal de Faltas) depende del Poder Ejecutivo, siendo los jueces dependientes directos de la Municipalidad, y su función no es impartir justicia sino ser cobradores o “ventanilla de caja” de la municipalidad.
A su vez el Poder Legislativo, el Honorable Concejo Deliberante, cuenta con 24 Concejales. Como disgresión, siempre me preguntí porque el nombre de “Concejo Deliberante” se precede con la palabra “Honorable”. Yo nunca escuchí que al Intendente se lo llame Honorable Intendente, o al barrendero Honorable Barrendero. ¿Será algo tipo cola de paja, porque los Concejales saben que no son excesivamente honorables, y entonces necesitan mostrar esa chapa en el frente del Concejo como para despejar dudas?
Veamos la composición del “Honorable” Concejo: Macri tiene la mayoría con 11 Concejales del PRO, hay 3 Concejales del FAP, hay 2 Concejales del GEN-FAP, uno del Partido Socialista, un bloque unipersonal, 3 Concejales del EAC y 3 kirchneristas. Total, como se dijo, de 24 Concejales, y acá viene la segunda digresión: ¿para quí necesita nuestro Municipio 24 Concejales? Porque los Concejales son los amigos del actual Intendente y del anterior y del anterior. Con un número tipo 10 ó 12 basta y sobra. Tener el doble significa más dietas, más gastos, más beneficios y prebendas para los integrantes del Concejo, más personal para atender sus necesidades, etc. Al igual que en el caso de los 5.000 empleados esto es puro clientelismo político para no dejar a nadie afuera del reparto de cargos.
Macri está a dos votos de tener mayoría absoluta, ya que tiene 11 y la mayoría son 13. Dicen que con el apoyo de aliados –que seguramente antes de las elecciones hicieron campaña contra Macri y ahora se prenden de la gran teta municipal, que tiene leche para todos- Jorge dominará el recinto. Conclusión: Jorge Macri maneja el Ejecutivo y el Judicial y dominará el Legislativo. Adios a la división de poderes y adiós al sistema republicano de gobierno.
Se trata de la “suma del poder público”, similar a la otorgada a Juan Manuel de Rosas como gobernador de la Provincia de Buenos Aires. La suma del poder público implicaba conferirle al gobernador los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Significaba entonces que el gobierno adquiría las modalidades del absolutismo político. Pronto tendremos a los mazorqueros (ahora no rojos sino amarillos) degollando a los vecinos que osen protestar.
Sobrevuelan sospechas de corrupción en el Concejo Deliberante. En efecto, Clarín Zonal Vicente López nos informa que “DEMANDAN A LOS 24 CONCEJALES POR EL HOTEL EN BANCO NACION”. Ahora la demanda –que incluye un resarcimiento por 60 millones de dólares-, involucra directamente a los 24 Concejales que votaron la derogación de la ordenanza que permitía construir un Howard Johnson en Vicente López. Tambiín acusan a la Municipalidad y al Intendente Jorge Macri.
“Queremos que los responsables respondan con sus bienes y que la deuda no se traslade a travís de los impuestos municipales a los vecinos. Por eso la demanda general que realizamos el año pasado será trasladada a los ediles implicados” explicó el Presidente de Howard Johnson. A su vez, Hutch SA, la empresa que estaba a cargo del emprendimiento, inició la demanda contra el Concejo y la Municipalidad, en ese caso encabezada por el Intendente Jorge Macri.
La historia es bastante conocida: en el 2009 el Honorable Concejo aprobó la enísima excepción al Código de Ordenamiento Urbano para habilitar la construcción de un edificio de 16 pisos y 480 habitaciones, luego promulgado por el ex Intendente Enrique “Japonís” Garcia, y autorizado por las autoridades de la Provincia. Siguen las disgresiones: para que se molestan en redactar, modificar y hacer cumplir a los pobres vecinos un Código de Ordenamiento Urbano (COU) si despuís los Intendentes y el Concejo viven fabricando excepciones. No sería mejor una cosa más anárquica, donde cada uno –Municipalidad y vecinos- hace lo que se le canta ? Parece medio fuerte, pero el problema es que el vecino tiene que cumplir con los mínimos requisitos edilicios del COU, y Concejo e Intendente lo pasan por arriba como poste caído.
Sigue el cuentito: en diciembre de 2011, con el Concejo modificado por las elecciones que ganó Jorge Macri, los concejales derogaron esa ordenanza. Es raro, porque el PRO suele ser el partido político que hace más hincapií en la “seguridad jurídica” que, a su juicio, no brinda el Gobierno Nacional a los argentinos ni a los extranjeros, pero resulta que la famosa excepción estaba aprobada por Vicente López y por la Provincia de Buenos Aires. ¿Donde queda, entonces, la seguridad jurídica en el Municipio de Vicente López?
Por suerte los honorables concejales –un tanto aterrados por tener que pagar eventualmente los 60 palos verdes con sus pobres ahorros de funcionarios públicos- explicaron que lo hicieron porque:
1. “En ese tiempo la obra no había arrancado”. RESPUESTA: eso se solucionaba con una multa y/o con una intimación a la empresa constructora o a su mandante, que es Howard Johnson.
2. “Ya estaba en tema el juicio por las sospechas en el monto de la venta del terreno”. RESPUESTA: esto los muestra aún menos honorables, porque el monto de la venta del terreno surge de un contrato privado entre el Club Banco Nación y Howard Johnson, y no puede ser excusa para derogar la ordenanza.
3. “Existían incumplimientos por parte de la empresa.” RESPUESTA: pero cómo, ¿existían incumplimientos o la obra no había arrancado? ¿Cuál es la verdad de la milanesa, si es que en ístas respuestas ambiguas hay alguna verdad?
Desde HUTCH SA niegan ístas acusaciones y piden el resarcimiento por los gastos de profesionales, el estudio de impacto ambiental y parte del pago del contrato, del que dicen no recibieron nada. Como en todo juicio hay que esperar el fallo, por lo menos con la tranquilidad de que no va a fallar el tribunal municipal de Vicente López. Pero me parece excelente la actitud de ambas empresas de involucrar a los honorables concejales y al Intendente, para que si hay delito paguen ellos en lugar de trasladarlo a los vecinos, como hizo San Isidro en el edificio que se demolió por disposición municipal frente a Fátima.
Y si hay delito que sean sancionados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, dolo, estafa o lo que fuere. Estas empresas –que obviamente tienen mucha más “espalda” que un vecino- están haciendo lo que debiíramos hacer todos ante los abusos municipales: ir a la Justicia en serio para que los responsables paguen de su bolsillo. Lo contrario es otorgarles una patente de corso para que hagan lo que quieran (con buena o mala intención, no viene al caso), total despuís los vecinos pagamos por sus burradas cuando los tipos ya se mandaron a mudar porque fueron reemplazados por los que ganaron las nuevas elecciones.
Y hablando de sospechas de corrupción, la Asamblea de Vecinos de Vicente López denunció ante la Justicia al Intendente Jorge Macri y al empresario Carlos De Narváez por la supuesta falsificación de un documento que habilitaba la construcción de un helipuerto frente al río. Entre las varias irregularidades constadas por la Justicia se encontró una autorización supuestamente falsa de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) que fuera presentado en el Concejo Deliberante cuando se aprobaron distintos desarrollo inmobiliarios en la zona. De nuevo, hay que esperar que hablen los Jueces, pero esto sí que de ser cierto no sería precisamente andarse con chiquitas.
Una vecina contaba que durante esa sesión se aprobaron varias excepciones para construir frente al río sin audiencia pública y –al parecer- con documentación apócrifa. Agregó que “Con la gestión de Macri ha surgido un estallido de problemas ambientales. Hemos perdido el derecho a disfrutar de un ambiente digno. El intendente había dicho que su gobierno no iba a aceptar excepciones y despuís se aprueba el helipuerto y una torre de 80 metros de altura para la misma desarrolladora. Parece que supera a (el ex intendente Enrique) García en la aprobación de estos negocios". Finaliza expresando que “consultamos con el organismo (ANAC) y desconocían el expediente con el que supuestamente se labró la autorización. Así se aprobó en el Concejo una ordenanza que establece las excepciones al Preacuerdo Urbanístico con tal fundamento ilegítimo".
Algo huele mal. Macri y los otros 4,999 funcionarios municipales debieran entender que un servidor público es una persona que brinda un servicio que beneficia a otras personas. Trabajan en la Municipalidad, que es la encargada de hacer llegar los servicios a toda la comunidad. Como servidores públicos administran recursos que son estatales y, por lo tanto, pertenecen a toda la sociedad. Cuando una persona con un puesto de esta naturaleza cometiere delitos tales como la malversación de fondos, o incurre en la corrupción de alguna forma, atentaría contra la riqueza de la comunidad.
El hecho de manejar recursos públicos le confiere una responsabilidad particular a los servidores públicos. Su comportamiento debe ser intachable, ya que la sociedad confía en su honestidad, lealtad y transparencia. La actuación de un servidor público está sujeta a diversos reglamentos y normativas y cabe mencionar que en la Constitución nacional se detallan sus obligaciones. Por otra parte tienen mejores condiciones que los empleados privados, para brindarles independencia frente a las autoridades de turno (se impide que las nuevas autoridades despidan a los empleados públicos y contraten a gente de su entorno) y evitar que los más valiosos se vayan al sector privado. Aunque en las Intendencias del Gran Buenos Aires sea común no despedir a los empleados existentes pero si agregarle todos los “clientes” del entorno del nuevo Intendente, con lo cual la burocracia crece en forma descontrolada y llegamos a los 5,000 agentes municipales en Vicente López.
En fin, no puedo encontrar nada escrito por la Municipalidad de Vicente López o el Concejo Deliberante sobre como tienen que trabajar y actuar sus empleados. Algo así como un “decálogo del empleado municipal”. Se lo consulte al Intendente y al Presidente del Concejo Deliberante y no me respondieron. Pero si existe una increíble cantidad de normas sobre como los vecinos deben actuar ante la mínima necesidad que tengan de los servicios del Municipio. Hay un prolijo Código de Ordenamiento Urbano que se ha “exceptuado” en cientos de ocasiones, y si hay un edificio que no cumple con ninguno de sus requisitos es el edificio municipal de Av. Maipú y Ricardo Gutierrez. La sensación es que el Intendente, sus funcionarios y los concejales creen tener solamente derechos y no obligaciones. Y que carecen de la mínima vocación de servicio hacia los vecinos.
Vicente López es uno de los 4 municipios más ricos del país -junto a San Isidro, Pilar y Tigre- y le cobra a los vecinos tasas importantes. Sin embargo vuelve a cobrarnos por servicios como sacar árboles, cortar raíces o rehacer veredas, aunque de eso claramente se tiene que hacer cargo la Municipalidad. Los pavimentos del Partido se caen a pedazos y no se ve que hagan nada. La pregunta, entonces, es: ¿DONDE VA A PARAR EL DINERO QUE SE RECAUDA POR TASAS? ¿A pagar a una burocracia superpoblada e ineficiente? ¿O tiene algún otro destino?
Fuente: www.zonanortediario.com.ar