Resulta una ironía casi poética que los gobiernos que se presentan ante la sociedad como cirujanos de la ética, armados con el bisturí —o la motosierra— de la moralidad absoluta, terminen tropezando con los mismos cordones desatados de la historia argentina. Para Javier Milei, el relato de la “anti-casta” no fue solo una estrategia electoral, sino una suerte de contrato sagrado con un electorado harto de la opacidad. Sin embargo, en este abril de 2026, ese contrato empieza a mostrar manchas de humedad que ninguna retórica inflamada en redes sociales parece capaz de secar. El León, que prometió devorar a los privilegiados del sistema, hoy se encuentra rodeando con su melena a un entorno que parece haberle tomado el gusto a las mieles del poder con una velocidad asombrosa.
El caso de Manuel Adorni no es solo una anécdota de finanzas personales; es un síntoma de esa desconexión emocional que suele afectar a quienes habitan la burbuja de la Casa Rosada. Que el vocero de la austeridad monástica, aquel que nos explica a diario por qué el ajuste es una bendición necesaria, haya accedido a un crédito hipotecario por el noventa por ciento del valor de una propiedad en Caballito, es algo que desafía las leyes de la gravedad económica que rigen para el resto de los mortales. No se trata solo de la legalidad del acto, que la justicia dirimirá, sino del abismo que se abre entre el “sacrificio heroico” que se le exige al jubilado y la “facilidad institucional” de la que goza el círculo íntimo. Cuando el discurso de la carestía se choca con la realidad del privilegio, el relato no se dobla: se quiebra.
Pero el ruido de los departamentos palaciegos es apenas un susurro comparado con el estrépito que llega desde los tribunales de Comodoro Py por la causa de la criptomoneda $LIBRA. Aquí, el libertarismo parece haber encontrado su propia versión de la sospecha eterna: la mezcla de mesianismo tecnológico y presuntas estafas piramidales. Que el nombre del Presidente y su círculo de hierro estén vinculados a una arquitectura financiera que hoy es investigada por transferencias a testaferros, hiere al gobierno en su núcleo duro. Ya no es “la casta” la que opera en las sombras; es la “vanguardia” la que parece haber utilizado el aura presidencial para validar activos que hoy parecen humo digital. El juez Martínez de Giorgi tiene entre manos no solo un expediente penal, sino la autopsia de una promesa de transparencia que hoy huele a rancio.
A este panorama se le suma la insistente vocación de Milei por el nomadismo ideológico. Los viajes a Madrid, financiados con el erario público para alimentar egos en foros partidarios, representan esa difusa frontera entre el Estado y la facción que tanto se le criticó al kirchnerismo. El argumento de que un presidente está en funciones las veinticuatro horas no alcanza para justificar el uso de los recursos de un país con sesenta por ciento de desaprobación para ir a cantar consignas contra el socialismo en tierras ajenas. La justicia empieza a ver en estos periplos algo más que una agenda internacional; empieza a ver un abuso de poder que la prepotencia del discurso oficial ya no logra camuflar.
En última instancia, el peligro para Milei no es solo que la justicia avance, sino que su propia base empiece a percibir que el “cambio de régimen” fue, en realidad, un cambio de nombres. Si la motosierra solo corta para abajo y se vuelve una caricia para los de arriba, el experimento libertario corre el riesgo de convertirse en una nota al pie de la historia argentina: otro movimiento que llegó para salvar la República y terminó refugiándose en el corporativismo para proteger a los propios. La transparencia no se declama en Twitter; se demuestra en los expedientes. Y hoy, por primera vez, el León parece más preocupado por defender la madriguera que por vigilar la selva.