La interna del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos sumó un nuevo capítulo judicial. Guillermo Martín Centurión, secretario de la Seccional San Fernando del SOMU, realizó una presentación ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la que denunció presuntas irregularidades de la conducción central del gremio, cuestionó el proceso electoral interno y pidió que se declare la nulidad o ineficacia jurídica de los actos posteriores a la suspensión dispuesta por la Justicia.
La presentación, realizada en el marco del expediente electoral del sindicato, apunta contra la conducción nacional encabezada por Raúl Omar Durdos y plantea que la Seccional San Fernando habría sido objeto de una serie de maniobras administrativas, económicas y sindicales destinadas a condicionar su funcionamiento y afectar a dirigentes y afiliados que no acompañan a la lista oficialista.
En el escrito, Centurión solicitó “urgente despacho y pronta resolución de fondo” y se adhirió a la oposición a cualquier nueva prórroga de mandatos dentro del SOMU. También reclamó que se investiguen “hechos nuevos y circunstancias sobrevinientes de gravedad institucional” que, según sostuvo, comprometerían la transparencia del proceso electoral, la libertad sindical y el derecho de participación de los afiliados.
Uno de los ejes de la denuncia es el funcionamiento de la Junta Electoral Central del sindicato. Según la presentación, ese órgano habría actuado con un criterio parcial en favor de la lista oficialista y en perjuicio de sectores opositores. En particular, el escrito menciona cuestionamientos a la oficialización de la Lista Naranja 22 y obstáculos para la Lista Granate 41, además de la supuesta falta de entrega de padrones, actas y documentación electoral considerada esencial para fiscalizar el proceso.
La presentación también objeta la candidatura de Durdos. Centurión sostuvo que la Junta Electoral debió ejercer un control legal y estatutario más estricto sobre su postulación, a partir de distintas causas judiciales mencionadas en el expediente. En ese marco, reclamó la aplicación del artículo 20 del Estatuto Social del SOMU y planteó que no se puede convalidar una candidatura cuando existen denuncias o procesos vinculados a hechos que, según el escrito, comprometerían la idoneidad moral y estatutaria para conducir la organización.
El documento incorpora además una extensa cronología de reclamos elevados por la Seccional San Fernando desde 2025. Allí se enumeran presuntos incumplimientos vinculados con la obra social, la falta de atención sanitaria a afiliados, ausencia de fondos fijos, demora en reintegros, falta de insumos, retención o no entrega de beneficios, problemas con módulos escolares y cajas navideñas, restricciones en el sistema de afiliaciones y dificultades operativas para el funcionamiento cotidiano de la seccional.
Para Centurión, esos episodios no serían hechos aislados, sino parte de un patrón de “represalias funcionales, presupuestarias, sanitarias, laborales y administrativas” contra San Fernando. En esa línea, la presentación sostiene que la seccional habría sido afectada por su posicionamiento interno frente a la conducción central y por su participación en el proceso electoral del gremio.
Otro tramo sensible de la denuncia se vincula con los incidentes ocurridos el 1° de diciembre de 2025 en la sede de San Fernando, luego de que la Cámara dispusiera la suspensión inmediata del proceso electoral. Según el escrito, pese a esa orden judicial, la actividad electoral habría continuado y se habrían registrado situaciones de violencia e intimidación contra una candidata y fiscal de la oposición cuando intentaba hacer valer la resolución judicial.
La presentación afirma que esos hechos deben ser considerados como parte de un cuadro más amplio de desobediencia judicial y afectación de la regularidad electoral. Por eso, Centurión pidió que se declare la nulidad o ineficacia de todo lo actuado con posterioridad a la suspensión y que se ordene una nueva convocatoria electoral con un cronograma claro, verificable y bajo control judicial o administrativo neutral.
El dirigente de San Fernando también solicitó que se intime al SOMU a cesar presuntas represalias contra la seccional, sus afiliados y trabajadores; que se regularicen fondos, reintegros, beneficios, insumos y documentación pendiente; y que se garantice el funcionamiento pleno de la representación local.
En términos políticos, la denuncia expone una fuerte disputa interna dentro de uno de los gremios marítimos más relevantes del país. La Seccional San Fernando acusa a la conducción nacional de utilizar resortes institucionales, económicos y electorales para sostener su poder y disciplinar a sectores disidentes, mientras reclama que la Justicia intervenga para evitar una nueva prórroga de mandatos y ordenar un proceso electoral con reglas claras.
Por ahora, se trata de una presentación realizada por una de las partes en el expediente, por lo que las acusaciones deberán ser evaluadas por la Justicia. Sin embargo, el planteo ya instaló un conflicto de alto voltaje dentro del SOMU, con impacto directo en San Fernando y en la pelea por la conducción nacional del sindicato.
