El oficialismo retiró el capítulo que flexibilizaba la compra de campos por extranjeros ante el rechazo de gobernadores y senadores dialoguistas. La sesión continúa convocada para este jueves a las 14, con las reformas sobre expropiaciones, desalojos y tierras incendiadas todavía en discusión.
El Gobierno llegó al límite de su capacidad de negociación en el Senado y resolvió retirar el capítulo sobre la compra de tierras rurales por parte de extranjeros de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La decisión buscó evitar que la resistencia a ese apartado arrastrara al resto del proyecto y pusiera en riesgo la sesión prevista para este jueves a las 14.
La marcha atrás fue acordada durante una reunión encabezada por la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, con senadores de la UCR y representantes de otros espacios aliados. La convocatoria, al menos por ahora, se mantiene y será la continuidad de la sesión que había pasado a cuarto intermedio en julio, cuando el oficialismo tampoco consiguió asegurar los votos necesarios para avanzar.
El retroceso fue tan contundente como veloz. Apenas un día antes, Bullrich había presentado una fórmula intermedia para intentar destrabar la discusión: en lugar de eliminar casi todas las restricciones vigentes, como proponía el texto original, el oficialismo aceptaba fijar en 25% el máximo de tierras rurales que podían quedar en manos extranjeras. Las provincias tendrían la facultad de establecer límites menores y los Estados extranjeros continuarían impedidos de comprar campos de manera directa.
La concesión no alcanzó. Gobernadores que mantienen canales de diálogo con la Casa Rosada, entre ellos el tucumano Osvaldo Jaldo y el neuquino Rolando Figueroa, hicieron saber que sus representantes no acompañarían la reforma. También se acumularon objeciones dentro del radicalismo, el PRO y las fuerzas provinciales. Sin una mayoría confiable, el oficialismo eligió desprenderse del punto más controvertido y concentrarse en salvar el resto de la iniciativa.
La discusión se montó sobre el régimen establecido por la ley 26.737, sancionada en 2011. La norma fija en 15% el límite para la titularidad o posesión extranjera de tierras rurales, tanto en el ámbito nacional como provincial y municipal o departamental. Dentro de ese cupo, una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30%. También existen restricciones individuales para la adquisición de campos en la zona núcleo agrícola y sus equivalencias en otras regiones del país.
El Gobierno había intentado derogar esa legislación mediante el DNU 70/2023, pero una medida cautelar frenó ese capítulo del decreto. El proyecto enviado al Congreso constituyó un segundo intento por flexibilizar el régimen: primero propuso una apertura mucho más amplia, luego ensayó el techo del 25% y finalmente, ante la falta de votos, retiró por completo la reforma del debate inmediato.
El argumento oficial fue que las limitaciones vigentes desalientan inversiones en actividades agropecuarias, forestales, industriales y logísticas. Durante la conferencia de prensa del martes, Bullrich defendió el nuevo porcentaje con una comparación con Brasil y aseguró: “Los Estados extranjeros no pueden comprar un metro de tierra rural en la Argentina”.
La senadora libertaria también explicó que el Gobierno había establecido un máximo del 25% porque ese era el límite aplicado por Brasil. “Brasil tiene un 25% y creció cuatro veces más que nosotros en capacidad productiva”, planteó al presentar los cambios con los que esperaba reunir los apoyos necesarios.
Los cuestionamientos se concentraron en que el promedio nacional no refleja las fuertes diferencias territoriales. Distintos relevamientos estiman que alrededor de 13 millones de hectáreas, cerca del 5% del territorio argentino, están actualmente en manos extranjeras. Sin embargo, la participación es mucho mayor en determinados departamentos atravesados por fronteras internacionales o que concentran fuentes de agua, minerales, bosques, puertos e infraestructura estratégica.
Para los sectores críticos, ampliar el cupo podía aumentar la presión sobre las zonas más sensibles, incluso cuando el porcentaje nacional se encontrara por debajo del límite legal. El Gobierno, en cambio, defendió la apertura como una forma de atraer capitales y promover proyectos productivos que, según su mirada, permanecen bloqueados por las restricciones.
La eliminación del capítulo no cerró definitivamente esa disputa. La ley vigente continuará, por el momento, sin los cambios promovidos por el Poder Ejecutivo, aunque el oficialismo conserva la posibilidad de presentar una reforma separada o retomar la discusión durante otra negociación legislativa.
Aunque la pulseada por las tierras dominó el debate público, el proyecto que La Libertad Avanza pretende llevar al recinto contiene otras modificaciones de peso. En materia de expropiaciones, establece nuevos criterios para calcular las indemnizaciones, incorpora pautas sobre los intereses aplicables y limita el reconocimiento del lucro cesante.
La iniciativa también busca acelerar los procesos judiciales de desalojo de inmuebles urbanos y rurales, al tiempo que establece una distinción entre ocupantes legítimos y usurpadores. Durante el tratamiento en comisión ya había sido retirado el capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares, conocido como ReNaBaP, con el compromiso de discutir ese asunto mediante una ley específica.
Otro punto conflictivo es la reforma de la Ley de Manejo del Fuego. La propuesta reduce las restricciones de largo plazo para modificar el uso o el destino de superficies afectadas por incendios. Sus defensores argumentan que la prohibición actual inmoviliza propiedades aun cuando no haya existido una maniobra especulativa. Quienes rechazan el cambio advierten que la flexibilización puede debilitar una barrera creada para impedir incendios intencionales seguidos de negocios inmobiliarios, agropecuarios o forestales.
La salida del capítulo sobre las tierras despejó el obstáculo más visible, pero no convirtió al proyecto en una iniciativa sin controversias. La discusión se desplazará ahora hacia la velocidad de los desalojos, los montos que deberá pagar el Estado frente a una expropiación y el nivel de protección que se mantendrá sobre los terrenos afectados por incendios.
La sesión también comenzará atravesada por una discusión reglamentaria. La senadora peronista Anabel Fernández Sagasti pidió participar de manera remota debido a un embarazo avanzado y una indicación médica de reposo. La vicepresidenta Victoria Villarruel autorizó excepcionalmente su conexión, aunque dejó la decisión definitiva en manos del pleno del Senado.
El radical catamarqueño Flavio Fama, quien atraviesa la recuperación de una operación, solicitó el mismo mecanismo y había anticipado su rechazo a la reforma de la Ley de Tierras. Aunque ese capítulo fue retirado, ambos pedidos siguen siendo relevantes para el quórum, las votaciones restantes y el precedente institucional, debido a que el reglamento ordinario del Senado no contempla las sesiones virtuales utilizadas de manera excepcional durante la pandemia.
La maniobra expuso el verdadero eje político de la jornada. Más que una discusión técnica sobre porcentajes, el proyecto se convirtió en una prueba de la capacidad del Gobierno para construir mayorías en una Cámara donde depende de los gobernadores y de los bloques dialoguistas. Bullrich debió abandonar el punto que había defendido públicamente apenas 24 horas antes para evitar otra derrota parlamentaria. Este jueves se sabrá si la poda fue suficiente para rescatar el resto de la ley.
