El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Buenos Aires resolvió suspender al camarista Ernesto García Maañón, de 78 años, acusado de acoso sexual y laboral contra una funcionaria de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro. La medida incluye el embargo del 40% de su sueldo y abre el camino hacia un juicio político que podría terminar con su destitución.
La decisión fue adoptada por unanimidad durante una audiencia celebrada el martes 3 de noviembre, en la que el jurado admitió las acusaciones formuladas contra el magistrado y consideró que existen elementos suficientes para avanzar con el proceso de enjuiciamiento.
La resolución también tiene una consecuencia sobre la situación administrativa de García Maañón: impide que el gobernador Axel Kicillof acepte la renuncia que el juez presentó a fines de julio, cuando ya enfrentaba las denuncias. De esta manera, el camarista continuará sometido al procedimiento disciplinario, que deberá determinar si corresponde apartarlo definitivamente de su cargo.
Según informó Infobae, las partes disponen ahora de un plazo de diez días para presentar las pruebas que buscarán utilizar durante el debate y deberán manifestar si consideran necesaria la realización de una audiencia preliminar.
La acusación, impulsada por la Procuración General bonaerense y el Colegio de Abogados de San Isidro, no se limita a los presuntos episodios de acoso sexual. También incluye denuncias por violencia laboral, malos tratos a empleadas judiciales, utilización de recursos públicos para cuestiones personales, delegación irregular de la firma digital y presiones sobre posibles testigos.
A esas imputaciones se sumó una presentación relacionada con el presunto retiro de muebles y otros elementos del despacho del camarista que, de acuerdo con la acusación, pertenecían al Poder Judicial.
El expediente de enjuiciamiento se inició hace aproximadamente un año, a partir de una denuncia presentada por el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand, ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento.
En paralelo, García Maañón enfrenta una investigación penal que tramita en la Justicia de San Isidro y está a cargo del fiscal José Amallo. La causa se originó en la denuncia de una secretaria letrada de la Cámara, identificada con las iniciales G. B. S., quien aseguró haber sufrido situaciones de acoso sexual y hostigamiento laboral por parte del magistrado.
La funcionaria, que se desempeñaba desde 2016 en la Secretaría de Presidencia de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, relató distintos episodios ocurridos durante su actividad laboral. Entre ellos mencionó mensajes personales, comentarios sobre su apariencia física y comportamientos inapropiados en reuniones mantenidas dentro del despacho judicial.
Uno de los hechos denunciados refiere a una situación en la que, según su testimonio, el magistrado la habría sujetado de la cintura e intentado tocarle los glúteos. También describió un episodio ocurrido en junio de 2025 que involucró la presencia de un arma de fuego en la oficina del juez.
Estos hechos forman parte de las pruebas y testimonios que deberán analizarse durante el proceso, en el que García Maañón tendrá la posibilidad de ejercer su defensa.
A fines de julio, el camarista había presentado su renuncia argumentando que pretendía preservar su trayectoria de 38 años dentro de la magistratura. Sin embargo, la decisión del Jurado de Enjuiciamiento impide que esa dimisión sea aceptada mientras avance el procedimiento.
La suspensión no implica una declaración definitiva de responsabilidad. Será el jury el que deberá evaluar las acusaciones, las pruebas y los descargos del magistrado para resolver si corresponde su destitución, mientras la investigación penal continúa su trámite por separado.
