El Ministerio de Seguridad Nacional aprobó un nuevo protocolo para la detección temprana de posibles situaciones de trata de personas en los aeropuertos del país. La medida establece pautas de actuación obligatorias para la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que será la fuerza encargada de aplicarlo.
La decisión fue oficializada este lunes a través de la Resolución 468/2026, publicada en el Boletín Oficial, y reemplaza el esquema que estaba vigente desde 2018. Según la normativa, el objetivo es actualizar los mecanismos de prevención, detección e investigación frente a un delito que el propio Gobierno definió como cada vez más complejo, organizado y de alcance tanto nacional como internacional.
En los considerandos, la cartera de Seguridad remarcó que la trata de personas constituye una grave violación a los derechos humanos, ya que atenta contra la libertad y la dignidad de las víctimas. También señaló que los aeropuertos se consolidaron como espacios clave para la movilidad humana y, al mismo tiempo, como puntos sensibles para la intervención estatal frente a delitos transnacionales.
El nuevo protocolo apunta a que el personal de la PSA cuente con criterios de actuación para poder advertir indicios, evaluar situaciones sospechosas y definir los pasos a seguir ante una posible hipótesis de trata. Además, la resolución instruye al director nacional de la fuerza a designar oficiales referentes especializados en la materia.
La medida también asigna a la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y contra la Integridad Sexual la tarea de monitorear la implementación del protocolo, impulsar acciones de difusión, actualizarlo cuando sea necesario y conformar mesas de trabajo para su seguimiento.
La resolución, firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, tendrá aplicación obligatoria para todo el personal de la PSA. Parte de sus anexos tendrán carácter reservado, debido a que contienen información sensible vinculada con tareas operativas y de investigación.
Con esta nueva disposición, el Gobierno dejó sin efecto el protocolo aprobado en 2018 por el entonces Ministerio de Seguridad.
