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La Sala 1 de la Cámara Civil benefició al Grupo Clarín ampliando la cautelar

El Gobierno Nacional, a travís de la Jefatura de Gabinete, solicitará mañana a la Corte Suprema la nulidad del fallo emitido hoy por la Cámara Civil y Comercial Federal que extendió la medida cautelar que beneficia al Grupo Clarín, aún cuando el máximo tribunal había fijado el 7 de diciembre como límite de esa medida.En ese sentido el ministro de Justicia, Julio Alak, confirmó en el programa televisivo 6,7,8 que “mañana se presentará el pedido de nulidad ante la Corte a travís del per saltum".

Lo propio hará la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual que encabeza Martín Sabbatella quien, en el mismo programa, afirmó que “el Afsca se presentará mañana a la Corte pidiendo que se avoque para resolver rápidamente esta situación porque los argentinos nos merecemos disfrutar de una ley de la democracia”.

Por la tarde, la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal prorrogó la medida que mantiene suspendido el artículo 161 de la Ley de Medios “hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa”.

De inmediato, la resolución fue criticada por el directorio del Afsca que se encontraba reunido y emitió un comunicado en el que aseguró que “constituye un precedente nefasto y lamentable que pone un manto de sospecha ineludible en el funcionamiento de la Justicia”.

Para el Afsca “extender la medida cautelar contradiciendo el espíritu y los plazos establecidos por la corte es una maniobra dilatoria destinada a beneficiar a quienes se niegan a cumplir las leyes vigentes y constituye una afrenta a los intereses del país y del pueblo argentino”.

La resolución judicial que lleva la firma de los jueces Francisco de las Carreras y María Susana Najurieta y que fue notificada a las partes esta tarde fue calificada por Sabbatella como “una vergüenza”.

En la misma resolución, la Cámara tambiín rechazó las recusaciones que realizó el Estado Nacional a los jueces que resolvieron la medida.

La decisión de los magistrados De las Carreras y Najurieta contradice a la opinión de la Corte Suprema respecto de cuál debía ser la máxima extensión de la medida cautelar.

El máximo tribunal fijó el pasado 22 de mayo -y luego ratificó- la fecha del 7 de diciembre como plazo máximo para la vigencia de la medida cautelar interpuesta por el Grupo Clarín, tras considerar que 36 meses -desde el 9 de diciembre de 2009- era un plazo “razonable”.

La resolución emitida por la Cámara le concede al Grupo Clarín el privilegio de no adecuarse a la Ley de Medios, sancionada por el Congreso el 10 de octubre de 2009.

A su vez, los camaristas rechazaron “in limine” el pedido de recusación planteado por AFSCA y una revocatoria solicitada por el Estado Nacional.

El gobierno pidió ayer que se anulara la reposición en su cargo del juez De las Carreras, quien tambiín fue denunciado penalmente por el presunto delito de "dádivas", y extendió la recusación al total de los magistrados del tribunal.

Por su parte, Sabbatella aseguró además que el fallo difundido hoy en favor del Grupo Clarín, "demuestra que teníamos razón cuando dijimos que los jueces que viajan a Miami financiados por Clarín terminan convertidos en su equipo jurídico".

A la vez, lamentó que "la justicia argentina no está preparada para pelear con las corporaciones porque gran parte está colonizada por esas mismas corporaciones".

Quien tambiín cuestionó la resolución de la Sala I de la Cámara fue el abogado constitucionalista Alberto González Arzac al definir lo ocurrido como "un vergonzoso caso de prevaricato".

"No creo que en la justicia Argentina haya un antecedente de un caso de prevaricato semejante", remarcó González Arzac, en alusión al camarista Francisco de las Carreras, quien firmó la sentencia junto a su par María Susana Najurieta.

De las Carreras es uno de los jueces recusados por el gobierno por participar en Miami de una conferencia sobre libertad de expresión organizado por la fundación Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la información en Amírica Latina (CERTAL) que fue organizado por Cablevisión, empresa del grupo Clarín.

Por su parte, otro constitucionalistas, Roberto Boico sostuvo que el fallo de hoy “es una afrenta a la voluntad popular”, y refirió que “no debe pesar el poder hegemónico y económico por sobre el poder del pueblo”.

Fuente: www.zonanortediario.com.ar

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