La Justicia bonaerense impuso penas de hasta tres años y cuatro meses de prisión a tres de los integrantes de la banda que excavó un túnel de más de 200 metros para intentar llegar a las cajas de seguridad de la sucursal del Banco Macro de San Isidro. El golpe había sido descubierto en agosto de 2024, cuando los delincuentes estaban a menos de cinco metros del objetivo.
Tres acusados por el intento de robo al Banco Macro de San Isidro a través de un túnel fueron condenados por la Justicia bonaerense, luego de la homologación de un juicio abreviado. Se trata de la banda que había montado una compleja estructura subterránea para llegar hasta el sector de cajas de seguridad de la sucursal ubicada en Chacabuco 444.
El fallo fue dictado por el juez Maximiliano Savarino, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro. Alejandro Israel Rosendo López, de 44 años, recibió una pena de dos años y cinco meses de prisión, mientras que los uruguayos Carlos Andrés Cazenave Peña, de 40, y Nicolás Ignacio Carpani Romero, de 35, fueron condenados a tres años y cuatro meses de cárcel.
Los tres fueron considerados coautores del delito de tentativa de robo agravado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda. En el caso de Cazenave Peña y Carpani Romero, además, se sumó la acusación por falsificación de documento público, ya que habrían utilizado identidades falsas para alquilar inmuebles y sostener la logística del golpe.
La causa tiene otros dos imputados: Alan Daniel Lorenzo Rodríguez y César Leonardo Cazenave Peña, quienes no aceptaron el juicio abreviado y serán juzgados por un tribunal ordinario. Ese debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro y todavía no tiene fecha definida.
De acuerdo con la acusación de los fiscales Carolina Asprella y Patricio Ferrari, el plan comenzó el 1 de noviembre de 2023 y contó con una organización dividida en roles, con logística entre la Argentina y Uruguay. La investigación también sostiene que, además de los cinco imputados identificados, hay al menos otros siete sospechosos que permanecen prófugos.
El objetivo de la banda era ingresar al sector de cajas de seguridad del banco para apoderarse de dinero en moneda nacional y extranjera, joyas, alhajas, obras de arte y otros objetos de valor. Para avanzar con el plan, los acusados alquilaron un galpón en Chacabuco 543, a pocos metros de la sucursal bancaria, donde montaron una fachada de local de placas antihumedad.
Ese inmueble fue pagado por adelantado por un año y funcionó como base de operaciones. Allí se encontraron maquinaria, bolsones con tierra, madera, víveres, colchones, ropa, zapatillas, planos, mediciones e información sensible para completar el robo.
La Justicia también determinó que la organización había alquilado previamente otro inmueble en Ituzaingó 341, frente a los tribunales de San Isidro, donde durante años funcionó el bar Habeas Corpus. Para los investigadores, ese lugar habría sido utilizado para realizar tareas de inteligencia previas.
El túnel fue una obra de gran complejidad. Según las estimaciones de la causa, la excavación demandó entre seis y nueve meses de trabajo. El conducto tenía entre 155 y más de 220 metros de extensión, estaba a unos 4,35 metros de profundidad y contaba con una altura aproximada de 1,2 metros.
En su interior había iluminación con lámparas de bajo consumo, tendido eléctrico, ventilación con caños plásticos, alfombrado, encofrado de madera y elementos de contención. La estructura llegó a quedar a menos de cinco metros del sector donde se encontraban las cajas de seguridad.
El golpe se frustró el martes 6 de agosto de 2024, cerca de las 8.45, cuando un repartidor que descargaba mercadería en un local gastronómico de Chacabuco al 400 detectó una varilla metálica que sobresalía entre los adoquines. Al advertir que el elemento golpeaba contra su camioneta, dio aviso al personal de seguridad del banco.
Aunque en un primer momento no se detectaron anomalías en alarmas ni sensores, se notificó a la comisaría 1ª de San Isidro y se dispuso una vigilancia preventiva en la zona. Al día siguiente, los investigadores descubrieron el túnel, aunque los responsables ya habían escapado.
Entre las pruebas que permitieron avanzar con las detenciones apareció una huella dactilar levantada de una botella de gaseosa hallada en el lugar y la pista de una embarcación utilizada para traslados. El primer detenido fue Rosendo López, señalado como el “lanchero” de la organización, acusado de trasladar integrantes de la banda entre el Delta del Tigre y Uruguay.
Según la investigación, López reconoció haber realizado viajes semanales y haber cobrado 300 dólares por traslado, aunque sostuvo que desconocía el objetivo del grupo. Además, registraba un antecedente por narcotráfico: en 2019 había sido condenado por transporte de estupefacientes, luego de que Prefectura Naval lo sorprendiera con 11 kilos de cocaína en una embarcación.
Los investigadores también pusieron bajo la lupa los vínculos de los acusados uruguayos con la barra brava de Nacional de Montevideo. Carpani Romero tuvo pasado como futbolista en el Club Atlético Platense de Uruguay, mientras que César Cazenave Peña registraba antecedentes en su país por delitos como narcotráfico, asociación ilícita, lesiones, atentado a la autoridad y rapiña agravada reiterada.
