El oficialismo obtuvo la media sanción por 37 votos contra 33, pero debió retirar los capítulos sobre tierras rurales y manejo del fuego. Afuera del Congreso, una movilización multitudinaria terminó con gases, balas de goma, corridas, 12 detenidos y personas heridas. El proyecto pasa ahora a Diputados.
El Gobierno consiguió en la madrugada de este viernes la media sanción de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque para reunir los votos tuvo que resignar dos de los capítulos que habían concentrado mayor rechazo político y social: la modificación del régimen de tierras rurales y la reforma de la Ley de Manejo del Fuego. El texto fue aprobado en general en el Senado por 37 votos afirmativos y 33 negativos, luego de una sesión de casi doce horas, y será girado a la Cámara de Diputados.
La votación coronó una jornada atravesada por dos escenas paralelas. Dentro del Palacio Legislativo, La Libertad Avanza negoció hasta último momento una versión reducida del proyecto y enfrentó fuertes cuestionamientos opositores por el contenido y por la forma en que había sido modificado. En la calle, miles de personas se manifestaron bajo la consigna “La patria no se vende” y los incidentes con las fuerzas de seguridad se extendieron durante más de cinco horas por la Plaza del Congreso, la avenida de Mayo y las calles aledañas.
La sesión comenzó a las 14 y fue encabezada por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. Victoria Villarruel estaba a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje del presidente Javier Milei a Ecuador y Colombia. Antes de ingresar al debate central, el cuerpo resolvió enviar a la Comisión de Asuntos Constitucionales los pedidos de Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama para participar de manera remota por razones médicas.
Dos capítulos afuera y una victoria a medias
El proyecto llegó al recinto ya amputado. Un día antes, al constatar que no tenía los votos, el oficialismo había retirado el capítulo III, que reformaba el régimen de compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La propuesta había generado el rechazo de gobernadores, legisladores dialoguistas, organizaciones sociales y ambientales, sindicatos y sectores de la cultura, que advertían sobre un posible avance de la extranjerización en zonas productivas, fronterizas y con recursos estratégicos.
La segunda concesión se produjo en el final de la sesión. Antes de la votación en general, el senador oficialista Agustín Coto anunció el retiro del capítulo IV, referido a la Ley de Manejo del Fuego. Esa parte buscaba modificar las restricciones que impiden cambiar durante 30 o 60 años —según el tipo de superficie— el uso y el destino de tierras afectadas por incendios. Las prohibiciones vigentes apuntan a desalentar quemas intencionales con fines inmobiliarios o productivos.
Los cuestionamientos habían atravesado incluso a bloques que acompañaban otros puntos de la iniciativa. El radical Maximiliano Abad advirtió en el recinto que la reforma podía vulnerar el principio de no regresión ambiental y terminar judicializada. La chubutense Edith Terenzi también anticipó su rechazo al capítulo. Sin apoyo suficiente, el oficialismo decidió eliminarlo para evitar que arrastrara al resto del proyecto.
Así, la ley que recibió media sanción conserva principalmente cambios en el régimen de expropiaciones, en los procedimientos de desalojo y en el Registro de la Propiedad Inmueble.
En materia de expropiaciones, establece una interpretación restrictiva de la declaración de utilidad pública y exige que el fin perseguido sea específico, concreto, idóneo, necesario y proporcional. También redefine los criterios utilizados para calcular las indemnizaciones.
En los desalojos por falta de pago, mantiene para los inmuebles destinados a vivienda la intimación previa al inquilino y un plazo no inferior a diez días corridos para cancelar lo adeudado. Vencido ese plazo o terminada la locación, habilita al propietario a reclamar la restitución mediante el procedimiento judicial más breve previsto en cada jurisdicción.
El oficialismo sostiene que las reformas buscan reducir demoras y dar herramientas a propietarios frente a usurpaciones o incumplimientos. La oposición objeta que el esquema debilita las garantías de inquilinos y ocupantes vulnerables y limita la capacidad expropiatoria del Estado.
En el cierre, Patricia Bullrich defendió la iniciativa como una forma de convertir en garantías efectivas la protección constitucional de la propiedad privada. José Mayans, jefe del bloque justicialista, la calificó de inconstitucional y cuestionó tanto su contenido como el proceso de elaboración. La tensión también derivó en cruces a los gritos entre Bullrich y legisladores opositores.
Finalmente, el resultado de 37 a 33 le dio al Gobierno una victoria legislativa, pero sobre un texto sensiblemente más acotado que el que había impulsado originalmente.
Una movilización bajo la lluvia y un Congreso vallado
Desde el mediodía comenzaron a concentrarse frente al Congreso organizaciones sindicales, sociales, políticas, estudiantiles y ambientales, además de manifestantes sin pertenencia orgánica visible.
La convocatoria había sido promovida, entre otros espacios, por la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda, después de una semana de acciones federales bajo las consignas “Argentina no se vende” y “La soberanía no se negocia”.
La eliminación previa del capítulo de tierras no desactivó la protesta. Los convocantes reclamaban que se rechazara el proyecto completo y señalaban que todavía seguían en discusión las reformas sobre manejo del fuego, expropiaciones y desalojos.
Pese a la lluvia intensa y las bajas temperaturas, la Plaza del Congreso reunió a miles de personas con banderas argentinas y carteles en defensa de la tierra, el agua y los recursos naturales. “La patria no se vende” fue la consigna que dominó la movilización.
El operativo de seguridad dispuso vallados alrededor del Palacio Legislativo y movilizó, según la información oficial reproducida por distintos medios, unos 820 agentes de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de la Ciudad.
Durante las primeras horas, la concentración transcurrió sin incidentes de magnitud. La situación cambió alrededor de las 17, cuando un grupo avanzó sobre las vallas y arrojó piedras, botellas y otros objetos contra los efectivos.
Las fuerzas respondieron con camiones hidrantes, gases irritantes, gases lacrimógenos y disparos con postas de goma. A partir de allí se sucedieron avances y repliegues, corridas y nuevos enfrentamientos.
Los incidentes no quedaron circunscriptos a la plaza. Con el paso de las horas se desplazaron hacia Callao y Bartolomé Mitre, Callao y Corrientes, la avenida de Mayo y la avenida 9 de Julio.
Hubo contenedores incendiados, baldosas y veredas rotas para extraer proyectiles y daños en un patrullero, cuyos vidrios fueron destruidos. Las imágenes registradas durante la protesta mostraron a grupos reducidos arrojando piedras y otros objetos, mientras una parte mayoritaria de los manifestantes intentaba alejarse de los enfrentamientos.
Cerca de las 21, la Policía Federal volvió a avanzar desde el perímetro vallado hacia la plaza. Más tarde, la Policía de la Ciudad desplegó agentes a pie, motos y camiones hidrantes para liberar la avenida de Mayo.
Algunos grupos regresaron a la zona del Congreso y derribaron parte de las vallas, lo que provocó nuevas descargas de gases. Las fuerzas de seguridad también realizaron avances por la avenida de Mayo y hacia la avenida 9 de Julio para dispersar a quienes permanecían en la zona.
La tensión recién cedió cerca de las 23.30, después de más de cinco horas de incidentes intermitentes.
Doce detenidos y cuatro integrantes de las fuerzas heridos
El balance informado al cierre de la jornada fue de 12 personas detenidas: nueve por la Policía de la Ciudad y tres por la Policía Federal.
Las primeras cifras difundidas durante la tarde habían sido menores y fueron actualizándose a medida que continuaba el operativo. Por ese motivo, distintas coberturas hablaron inicialmente de tres, ocho o diez arrestados antes de que se informara el balance de 12 detenidos.
Fuentes policiales atribuyeron las detenciones a presuntos delitos de atentado y resistencia a la autoridad y señalaron como motivos los ataques contra los agentes, la quema de contenedores y los daños provocados en el espacio público.
También se reportaron cuatro integrantes de las fuerzas de seguridad heridos. Entre ellos se encontraba un gendarme que recibió un piedrazo y fue trasladado al Hospital Churruca, además de una oficial de la Policía de la Ciudad que sufrió un traumatismo en un codo.
La información difundida por las fuerzas y los medios no precisó de manera uniforme la identidad ni la situación clínica de todos los agentes lesionados.
Una fotoperiodista hospitalizada
Uno de los episodios más graves de la jornada tuvo como víctima a una fotoperiodista de alrededor de 50 años que cubría la manifestación.
La trabajadora sufrió un traumatismo de cráneo, perdió el conocimiento y fue trasladada al Hospital Argerich, donde quedó en observación y bajo estudios. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina pidieron preservar su identidad.
De acuerdo con testimonios recogidos por organizaciones de prensa, la fotógrafa habría recibido impactos de postas de goma en la zona de la nuca antes de caer y golpearse contra el suelo. Esa mecánica no había sido confirmada oficialmente al cierre de esta nota.
Los gremios de prensa denunciaron la represión y cuestionaron el uso de armas menos letales contra manifestantes y trabajadores de medios. También reclamaron una investigación que permita determinar cómo se produjo la lesión.
Las fuerzas de seguridad, por su parte, sostuvieron que actuaron para impedir el derribo de las vallas, responder a las agresiones y liberar las calles.
La secuencia registrada por medios y agencias muestra tanto el lanzamiento de objetos y los daños causados por grupos reducidos como el empleo de agua a presión, gases y postas de goma en una zona en la que todavía permanecían numerosos manifestantes.
Las cifras de civiles heridos variaron en los reportes preliminares. Algunas coberturas consignaron al menos cinco personas lesionadas, pero no se difundió un parte oficial consolidado con identidades, diagnósticos y centros de atención.
Por esa razón, el único caso sobre el que existía información médica pública más precisa era el de la fotoperiodista trasladada al Hospital Argerich.
El debate continúa
El retiro de los dos capítulos más controvertidos permitió al oficialismo salvar la votación, pero no cerró la disputa política.
La Ley de Tierras Rurales y las restricciones posteriores a los incendios continúan vigentes, sin los cambios que pretendía introducir el Poder Ejecutivo. El resto de la iniciativa seguirá su trámite en la Cámara de Diputados, donde podrá ser aprobado, rechazado o modificado.
Para el Gobierno, la media sanción representa un avance en su agenda de protección de la propiedad privada y agilización de los desalojos. Para la oposición, el resultado demostró que la presión política y social obligó al oficialismo a retirar los capítulos con mayor impacto territorial y ambiental.
La jornada dejó, así, una media sanción que el Gobierno celebró, una oposición que reivindicó haberle puesto límites y una protesta masiva que terminó con violencia, detenciones y heridos.
También dejó preguntas que requieren información oficial completa: la situación procesal de las personas arrestadas, el número definitivo de manifestantes atendidos y la reconstrucción precisa de las circunstancias en las que resultó herida la trabajadora de prensa.
