El juez Oyarbide indicó que el subsecretario de Salud provincial aparece involucrado en la causa de la "mafia de los medicamentos"; la Coalición Cívica pidió ampliar la investigación por el financiamiento de la campaña presidencial.
El subsecretario de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Costa, aparece involucrado en la investigación judicial sobre la venta de medicamentos gratuitos provistos por el Estado, más el robo y adulteración de remedios, reveló esta mañana el juez federal Norberto Oyarbide.
El magistrado es quien lleva adelante una causa penal contra la llamada "mafia" de los remedios y detuvo al empresario farmacíutico Nístor Osvaldo Lorenzo, calificado como "el Yabrán de los medicamentos" por la ex ministra de Salud Graciela Ocaña.
Oyarbide, en diálogo con periodistas cuando salía de su casa, fue consultado sobre si había "algún funcionario involucrado en la mafia de los medicamentos" y el juez contestó: "En las escuchas telefónicas hay diálogos muy complicados entre un subsecretario de Salud bonaerense de apellido Costa con Lorenzo", en referencia al "número dos" del Secretario de Salud bonaerense, Claudio Zin.
Oyarbide tambiín confirmó que en el allanamiento a la casa de Lorenzo "encontrí una serie de facturas que tienen que ver con posibles aportes a la campaña presidencial" de Cristina Kirchner en 2007. El socio de Lorenzo en la droguería San Javier, Carlos Torres, hizo un aporte de 325.000 pesos. La droguería Unifarma, que pertenecía a Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen donó 160.000 pesos.
Por otro lado, el diputado provincial y presidente de la Mesa Nacional sobre drogas de la Coalición Cívica, Sebastián Cinquerrui, se presentó hoy ante la Justicia para solicitar que se sume la documentación relacionada con Lorenzo a la investigación sobre el financiamiento de la campaña presidencial, a cargo del magistrado Ariel Lijo.
Investigación:
"La prueba fundamental está centrada en importantes escuchas telefónicas, altamente reveladoras que dan cuenta de conexión de importantes figuras de nuestra sociedad que se dedicaban abiertamente a la comercialización y adulteración de medicamentos oncológicos y para HIV", agregó.
El juez detalló que "tambiín se vendían medicamentos robados que estaba prohibido comercializar porque era medicamentos que el Ministerio de Salud debe entregar en forma gratuita" y precisó que en la Obra Social Bancaria (OSBA) se entregaban "medicamentos que no surtían efecto en el paciente y habían sido vendidos por la droguería San Javier".
La propiedad de la droguería San Javier se atribuye a Lorenzo y los medicamentos, agregó el juez, eran "entregados por Baires Med que estaba vinculado a (Sebastián) Forza", uno de los tres comerciantes de medicamentos ejecutados en el Triple Crimen.
"Todas las personas que recibieron medicamentos en Osba y advirtieron que no esos tratamientos no surtieron efecto que se dirijan al juzgado", instó Oyarbide.
Por último, Oyarbide informó que de las escuchas telefónicas "resultan diálogos sabrosos y atinentes entre el empresario Daniel Britos y el entonces superintendente de Servicios de Salud, Híctor Capaccioli, al cual echaron del Gobierno".
Fuente: www.zonanortediario.com.ar