La aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil quedó suspendida durante 60 días en la provincia de Buenos Aires por decisión de la Justicia, poco después de su entrada en vigencia a nivel nacional. El fallo frenó en territorio bonaerense la reforma que baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y abrió una fuerte disputa entre el Gobierno de Javier Milei, la administración de Axel Kicillof y la magistrada que tomó la decisión.
La medida fue dictada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, quien hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de su libertad.
El argumento central del fallo no cuestiona la posibilidad de que los jóvenes de 14 y 15 años respondan penalmente por los delitos que cometan. Lo que plantea es que la provincia de Buenos Aires no estaría actualmente en condiciones de aplicar el nuevo régimen con la infraestructura, el personal y los recursos que exige la propia legislación.
Según sostuvo la jueza, la reforma provocará un incremento en la cantidad de adolescentes que ingresarán al sistema penal y también una mayor permanencia de menores dentro de los dispositivos de encierro. Frente a ese escenario, Pascual puso en duda que existan suficientes lugares preparados para alojarlos bajo las condiciones establecidas por la ley.
La magistrada mencionó, entre otras dificultades, problemas vinculados con el acceso a la educación, la capacitación laboral, la reinserción y las condiciones de alojamiento. En el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora, incluso, su juzgado había establecido anteriormente un límite de 60 jóvenes debido a las condiciones del establecimiento.
Tras conocerse la resolución, Pascual defendió públicamente su decisión y aclaró que no se opone a la baja de la edad de imputabilidad.
“No romantizo con los chicos que salen con un arma, pero lo que creo que está pésimo es que hay como una sensación de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Yo soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, afirmó en diálogo con Now 97.9.
La jueza apuntó especialmente contra la posibilidad de que el nuevo régimen termine convirtiéndose simplemente en más encierro sin herramientas de reinserción.
“Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, sostuvo.
Pascual reconoció, a su vez, el reclamo de quienes sufren delitos cometidos por menores. Según contó, muchas víctimas le plantean directamente que los responsables “se pudran” en prisión. Sin embargo, afirmó que su obligación es aplicar la legislación y procurar que quien recupere la libertad no vuelva a la sociedad con un nivel todavía mayor de violencia.
También remarcó que la suspensión del nuevo régimen no implica que los menores de 14 y 15 años que protagonizan hechos graves queden automáticamente libres. De acuerdo con su explicación, la normativa procesal bonaerense vigente ya permite disponer medidas de privación de la libertad para adolescentes de esa edad y actualmente hay alrededor de un centenar detenidos en la Provincia.
La decisión generó una durísima reacción del Gobierno nacional. Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras de la reforma, cargó contra la Justicia bonaerense y contra Kicillof.
“En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”, afirmó.
Y agregó: “También tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias. Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga”.
Diego Santilli se sumó a las críticas. “Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la provincia si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune. Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima”, sostuvo el jefe de Gabinete, en un mensaje que posteriormente fue respaldado por Milei.
Pascual contestó esas acusaciones y reivindicó su posición: “Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el Conurbano y quiero vivir tranquilamente”.
Desde el gobierno de Kicillof, en tanto, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, salió a responderle a Santilli y sostuvo que una reforma de semejante magnitud necesita recursos para poder aplicarse.
“¿No hacen falta nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y personal para aplicar una reforma de esta magnitud? ¿Dónde están los fondos que Milei les niega a los bonaerenses para hacerlo posible?”, cuestionó.
El nuevo Régimen Penal Juvenil establece que desde los 14 años los adolescentes pueden responder penalmente por los delitos que cometan. Al mismo tiempo, prohíbe las penas de prisión perpetua, fija un máximo de 15 años de privación de la libertad y determina que los menores deben permanecer en centros especializados, separados de los adultos.
La norma contempla medidas alternativas al encierro, como tareas comunitarias, reparación del daño, restricciones de acercamiento y monitoreo mediante tobilleras electrónicas. También crea la figura del “supervisor especializado”, que deberá realizar un seguimiento individual de cada adolescente.
Precisamente, la falta de certezas sobre cómo funcionarán esos mecanismos en territorio bonaerense quedó en el centro del fallo.
Durante los próximos 60 días, Pascual pretende que las distintas áreas del Estado definan dónde serán alojados los jóvenes, quiénes realizarán su seguimiento, qué recursos estarán disponibles y cómo se implementarán las alternativas al encierro.
La jueza convocó para el 16 de septiembre a autoridades provinciales de las áreas vinculadas con Seguridad, Justicia y Niñez para que informen qué medidas adoptaron y en qué plazos proyectan adecuar el sistema.
Hasta entonces, la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil seguirá frenada en la provincia de Buenos Aires, mientras la discusión por la baja de la edad de imputabilidad quedó atravesada por otra disputa: si alcanza con modificar la ley o si el Estado cuenta efectivamente con la estructura necesaria para aplicarla.
