El Gobierno porteño envió a la Legislatura un proyecto de reforma integral del Código Contravencional que propone aumentar multas y días de arresto, incorporar nuevas faltas y endurecer las sanciones para reincidentes. Entre los cambios aparecen multas superiores a los $7 millones por conducir alcoholizado, sanciones de hasta $58 millones para determinadas actividades comerciales ilegales en el espacio público y hasta 90 días de arresto para trapitos reincidentes.
La iniciativa fue presentada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y contempla modificaciones tanto a la Ley 1.472, correspondiente al Código Contravencional, como a la Ley 12 de Procedimiento Contravencional.
El proyecto incorpora además nuevas figuras vinculadas al acoso callejero, las estafas digitales, la comercialización de datos personales, la portación de elementos destinados a generar disturbios y la interferencia de sistemas de videovigilancia.
Las contravenciones comprenden conductas que afectan la convivencia urbana y que, sin constituir delitos penales, pueden ser sancionadas mediante multas, tareas de utilidad pública, inhabilitaciones o arresto.
Uno de los puntos centrales de la reforma es el aumento de las penas. En el caso de los ruidos molestos, por ejemplo, las tareas de utilidad pública pasarían del actual rango de uno a cinco días a entre tres y 15 días. Las multas podrían alcanzar las 600 Unidades Fijas (UF), equivalentes actualmente a $703.848, y se incorporaría la posibilidad de aplicar hasta 10 días de arresto.
Para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol, la propuesta eleva las sanciones económicas hasta las 6.000 UF, actualmente superiores a los $7 millones. También establece entre cinco y 30 días de arresto y amplía la inhabilitación para conducir, que podría extenderse entre seis meses y cuatro años.
Otro de los cambios alcanza a la venta no autorizada en el espacio público. En esos casos, las multas podrían llegar a las 50.000 UF, equivalentes a aproximadamente $58,6 millones.
La iniciativa también prevé sanciones para quienes suplanten la identidad de agentes de autoridad mediante credenciales falsas, financien de manera reiterada actividades contravencionales, distribuyan elementos aptos para provocar disturbios o interfieran sistemas de videovigilancia pública.
En el caso de la portación o distribución de materiales destinados a disturbios, las multas podrían alcanzar los $9,3 millones y se contemplan hasta 45 días de arresto, además del decomiso de los elementos. Para quienes dañen o entorpezcan cámaras de seguridad públicas, las multas podrían llegar a $4,6 millones, con hasta 30 días de arresto y la obligación de reparar el dispositivo.
“Al delincuente menor de edad que rompe la ley sabiendo que no va a tener consecuencias; al que acosa, sigue o acecha a una persona en la calle; al estafador que se hace pasar por un banco para engañar a alguien y robarle sus datos; al puntero que financia agrupaciones violentas; al delincuente que lleva una bomba molotov a una manifestación: a todos ellos, bajo mi gestión, se les terminó la impunidad”, sostuvo Jorge Macri.
El jefe de Gobierno afirmó además que con el nuevo Código buscan “endurecer las penas, agravar la reincidencia y hacer que el que rompe la ley pague las consecuencias de sus actos”.
La reforma propone eliminar la condena en suspenso y, para los adultos, excluir la suspensión del proceso a prueba como mecanismo alternativo. El plazo general de prescripción de la acción contravencional se mantendría en dos años.
Otro de los ejes es la reincidencia. El proyecto prevé considerar reincidente no solo a quien repita exactamente la misma falta, sino también a quien incurra habitualmente en contravenciones similares en el espacio público. Para ello se crearía un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público.
Las penas aumentarían un 50% ante una primera reincidencia, un 66,6% en la segunda y hasta un 100% en una tercera. Además, los reincidentes no podrían cumplir arresto domiciliario, salvo excepciones debidamente fundamentadas.
En el caso de los cuidacoches o “trapitos” que exijan dinero a los automovilistas para estacionar, el máximo de arresto podría elevarse de 60 a 90 días cuando exista reincidencia.
El proyecto también modifica el régimen aplicable a adolescentes de entre 14 y 17 años. La propuesta establece la responsabilidad contravencional desde los 14 años, aunque bajo un esquema diferenciado del previsto para los adultos.
Según la iniciativa, los adolescentes no podrán ser detenidos y deberán contar con defensa especializada. Las medidas estarán orientadas a la educación, la integración social y la reparación del daño.
Entre las sanciones previstas aparecen la amonestación formal, el seguimiento de equipos interdisciplinarios, la asistencia a programas educativos, medidas para garantizar la continuidad escolar, capacitación laboral, reparación del daño y tareas de utilidad pública adecuadas a la edad y sin afectar la escolaridad.
La reforma deberá ahora ser debatida por la Legislatura porteña antes de su eventual aprobación.
