El vicegobernador bonaerense afirmó que "hay responsabilidad institucional del municipio de San Isidro", por los hechos de maltrato denunciados en el jardín Tribilín. "Lo que hay que hacer es trabajar en las gestiones y no tirar la pelota tratando de darle la responsabilidad a otro", sostuvo el vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto en diálogo con Tílam.
"El municipio tiene la responsabilidad porque en 1998 habilitó el lugar, y porque en el 2002 le dio la eximición de la tasa municipal de Alumbrado, Barrido y Limpieza", expresó.
Mariotto consideró además que "faltaron los resortes instituciones del municipio, por medidas laxas de gestión o por connivencia, no hay otra cosa".
La causa por presunto maltrato contra niños de 45 días a tres años que le prodigaban sus maestras, es investigada por el fiscal Franco Servidio, quien hoy citó a algunos padres para explicarles el funcionamiento de la Unidad de Asistencia a la Víctima, una dependencia que orienta, asesora, apoya, informa y educa a las víctimas de un delito sobre sus derechos.
Servidio fijó para despuís del 15 de febrero las primeras pericias psicológicas a los niños que asistían al establecimiento.
La idea del fiscal es ver si ante el grupo de profesionales, alguno de los menores puede relatar en primera persona o expresar de alguna manera -en Cámara Gesell, con tests, juegos o dibujos-, las agresiones a los que eran sometidos.
El Director General de Despacho y Legislación del Municipio de San Isidro, Anselmo Oneto, insistió hoy en que "el único organismo con potestad para habilitar, inspeccionar y clausurar centros educativos es la provincia de Buenos Aires".
"La municipalidad no sólo nunca habilitó establecimientos educativos sino que la Ley Provincial de Educación Pública le impide hacerlo. El único organismo con potestad para hacerlo es el Ministerio de Educación de la Provincia", aseguró a los periodistas que hacían guardia en los tribunales de San Isidro.
Un grupo de concejales de San Isidro detectó que en el año 2002, el municipio de San Isidro reconoció al jardín maternal "Tribilín" como "establecimiento educacional privado" que funcionaba en el partido al eximirlo del pago de la tasa de impuestos a cambio de otorgar becas.
Oneto destacó si el municipio eximió del pago de ABL al jardín en 2002 fue "porque el gobierno provincial no nos comunicó la baja producida en octubre de 1999".
El funcionario consideró además que "la provincia, el municipio y los padres: todos hemos sido engañados por el accionar de esta gente".
Diego Hernayes, quien interpuso inicialmente la denuncia a partir lo que registró un dispositivo de Mp3 oculto en la mochila de su hija de un año y medio, atribuyó responsabilidades "al Estado en general".
"Hay muchas cosas por mejorar, porque aunque las habilitaciones hayan estado en tiempo y forma, el maltrato se habría producido igual porque un papel no habilita a ser buena o mala persona", subrayó.
Hernayes hizo hincapií en la necesidad de que lo ocurrido se tome como "una oportunidad de mejorar", pues tal como funciona hoy "el proceso de habilitación y control no está cuidando a nuestros hijos y no garantiza que no vuelva a ocurrir".
Fuente: www.zonanortediario.com.ar