Los conductores que prestan servicios a través de aplicaciones como Uber, Cabify y DiDi deberán contar con licencia profesional, seguros específicos y habilitaciones similares a las que se exigen a taxis y remises para poder seguir trabajando en la Ciudad de Buenos Aires.
La medida surge de un fallo de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo porteña, que hizo lugar a un reclamo impulsado por el Sindicato de Peones de Taxis y equiparó las obligaciones de las plataformas digitales con las del resto del transporte de pasajeros.
La resolución fue firmada por los jueces Mariana Díaz, Fernando Enrique Juan Lima y Marcelo López Alfonsín, quienes entendieron que las aplicaciones no pueden ser consideradas solamente como intermediarias tecnológicas, sino que forman parte de un servicio global de transporte. Para sostener ese criterio, el tribunal tomó como referencia antecedentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En la práctica, el fallo implica un cambio fuerte para miles de choferes que hasta ahora circulaban con licencia común. A partir de esta decisión judicial, y mientras no exista una normativa específica para regular la actividad de las apps, los conductores deberán cumplir con exigencias equivalentes a las de taxis y remises.
Entre los requisitos que deberán afrontar aparecen la licencia de conducir profesional, seguros especiales para transporte de pasajeros, cobertura para usuarios, conductor y responsabilidad civil, además de controles y habilitaciones vinculados al servicio.
El planteo central de la Cámara apunta a que las aplicaciones no pueden seguir funcionando en un esquema de “vacío legal” que les permita competir sin asumir los mismos costos y obligaciones que otros actores del sector. En ese sentido, los magistrados remarcaron que taxis y remises cumplen con trámites, aranceles, seguros y controles que las plataformas digitales no afrontaban de la misma manera.
El fallo también cuestionó al Gobierno de la Ciudad por la situación generada durante los últimos años. Según la resolución, la administración porteña sostuvo públicamente que Uber funcionaba como un servicio clandestino, pero al mismo tiempo permitió una “apariencia de regularidad”, entre otras cosas a través de publicidad en espacios públicos y la falta de controles efectivos.
Además de establecer nuevas exigencias para los conductores, la Justicia ordenó al Ejecutivo porteño avanzar sobre otros puntos vinculados al funcionamiento de las plataformas. Entre ellos, iniciar los procedimientos correspondientes para cobrar impuestos locales a las empresas y realizar campañas de difusión destinadas a advertir a los usuarios sobre posibles riesgos relacionados con seguros, licencias y cobertura ante incidentes.
Otro aspecto relevante de la sentencia es que, mientras persista la diferencia regulatoria entre taxis y aplicaciones, el Gobierno porteño no podrá cobrarles a los taxistas determinados aranceles administrativos vinculados con licencias y trámites de operación. Para la Cámara, no corresponde imponer una carga más pesada a un sector mientras otro compite en el mismo mercado sin obligaciones equivalentes.
