La Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes de San Isidro aprobó este miércoles el endeudamiento por $30.000 millones impulsado por la gestión del intendente Ramón Lanús, luego de una semana de negociaciones y modificaciones al proyecto original que habían reclamado distintos sectores de la oposición.
La iniciativa, que había quedado frenada la semana pasada por falta de quórum, autoriza al Municipio a realizar operaciones de crédito público mediante la emisión del denominado “Bono de Infraestructura de San Isidro”. El expediente había generado fuertes cuestionamientos por parte de la oposición, que reclamaba mayores precisiones sobre el destino de los fondos, las condiciones financieras y el impacto de la deuda en las cuentas municipales.
Finalmente, el oficialismo logró destrabar el tratamiento con cambios en el texto de la ordenanza y el acompañamiento del peronismo, que terminó votando a favor tras la incorporación de condiciones sobre el destino de los recursos y los mecanismos de control. El quórum para habilitar la sesión fue aportado por las concejalas María Inés Feldtmann y Manuela Schuppisser. En tanto, el possismo votó en contra del proyecto.
La modificación central quedó incorporada en el artículo 3 de la ordenanza, donde se estableció que los fondos provenientes del endeudamiento deberán destinarse exclusivamente a obras de infraestructura, integración sociourbana y regeneración urbana, con prioridad para barrios populares y sus entornos. Además, quedó expresamente prohibida la utilización de esos recursos para afrontar gastos corrientes, tanto en el actual ejercicio como en ejercicios fiscales futuros.
Desde el Frente Renovador San Isidro afirmaron que trabajaron para que la autorización de endeudamiento municipal “no fuera un cheque en blanco” y tuviera controles, transparencia y un destino claro. Según señalaron, lograron establecer de manera precisa las obras que serán finalizadas con esos fondos e incorporar una rendición mensual para que los vecinos puedan conocer el avance y la ejecución de cada trabajo.
El espacio también planteó que muchas de esas obras quedaron paralizadas tras la decisión del Gobierno Nacional de abandonar su financiamiento, por lo que exigieron que el Municipio detalle cómo y dónde se utilizarán los recursos, “garantizando que cada peso tenga un destino concreto y pueda ser controlado”.
En ese marco, el presidente del bloque del Frente Renovador, Federico Meca, cuestionó las prioridades de la gestión local: “Las obras en los barrios populares ya deberían haberse realizado con los fondos recaudados a través de los impuestos que pagan los vecinos. Sin embargo, esos recursos fueron destinados a otras prioridades, como por ejemplo la publicidad oficial, mientras que para mejorar la calidad de vida de los vecinos de los barrios más vulnerables hoy se recurre a un préstamo. Esto deja en claro cuáles son las prioridades de este gobierno”.
Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Jorge Álvarez, defendió las modificaciones introducidas al expediente y sostuvo que permitieron darle mayor claridad al destino de los recursos. En declaraciones a la web InfoBAN, afirmó que entendió la caída de la sesión de la semana pasada “como un pedido de parte de distintos sectores de la oposición de aumentar la información en el expediente” y de generar garantías sobre el uso de los fondos.
“Entendimos el mensaje, nos sentamos a conversar, estuvimos dispuestos a ceder parte del texto y de la información que habíamos mencionado previamente, que queda en la escritura, y es finalmente lo que llevó a este entendimiento”, señaló Álvarez.
El titular del cuerpo deliberativo remarcó que el objetivo del proyecto es obtener financiamiento para obras en sectores postergados de San Isidro, especialmente en barrios populares y sus alrededores. Entre las zonas mencionadas aparecen el oeste de Beccar, el barrio Ferroviario y barrios populares ubicados entre Boulogne y Villa Adelina.
“Hoy votamos un instrumento, y de ese instrumento le estamos dando un destino claro y prioritario”, sostuvo Álvarez, al tiempo que defendió el mecanismo elegido para obtener los fondos. Según explicó, el proceso tendrá intervención del Ministerio de Hacienda de la Provincia, el Tribunal de Cuentas bonaerense, el Banco Central y una calificadora de riesgo, y la colocación se realizará mediante licitación pública bajo normas del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores.
Desde el Movimiento Derecho al Futuro, Schuppisser justificó su acompañamiento al proyecto y buscó diferenciar su postura de una oposición de bloqueo. “Acompañamos este crédito porque nuestro compromiso es con el pueblo, con la calidad de vida de los vecinos de San Isidro y porque nosotros no especulamos, no creemos que cuanto peor mejor para ponernos en pose mientras nuestra gente sufre”, sostuvo.
La concejala planteó que su voto afirmativo no implica un cheque en blanco y remarcó que exigirá que los recursos extraordinarios lleguen a los sectores más postergados del distrito. En esa línea, propuso que los fondos se orienten a obras hidráulicas de mitigación en el sector crítico de “El Pozo” del barrio La Cava, tendido eléctrico seguro, redes de agua potable, cloacas, planes de vivienda digna y puesta en valor de salitas de atención primaria y escuelas públicas de gestión provincial en los 17 barrios populares del distrito.
Schuppisser también reclamó mecanismos de control sobre la ejecución del endeudamiento, entre ellos la presentación de informes trimestrales ante el Concejo Deliberante sobre el flujo de caja y el estado físico y financiero de las obras.
“Votamos a favor porque somos consecuentes en denunciar el intento de disciplinamiento del gobierno de Milei, que tiene como rehenes a los bonaerenses, y defendemos el rol protector del Estado que dignifica, sana y construye”, expresó la edil.
En contraposición, el possismo fue el único sector que mantuvo su rechazo al endeudamiento. Tras la aprobación, Walter Pérez cuestionó con dureza el resultado de la Asamblea. “Lamentablemente hoy en el Concejo Deliberante se votó el endeudamiento por $30.000 millones en bonos”, señaló a Zona Norte Diario Online.
El concejal de Acción Vecinal San Isidro Distinto-UCR, espacio referenciado en Gustavo Posse, apuntó contra los sectores que dieron quórum y sostuvo que “lo terminó dando gente que responde a Kicillof”, al tiempo que vinculó la aprobación con una posible intención de replicar este esquema en otros municipios bonaerenses.
“Desde nuestro bloque nos opusimos. Este endeudamiento significa que por cinco años el Municipio va a tener que pagar bonos indexados, con una tasa mayorista más un 9%. Es una cuestión compleja en la cual el Municipio y los vecinos siempre vamos a estar perdiendo”, afirmó Pérez.
Además, advirtió que la deuda podría derivar en una mayor presión sobre los contribuyentes. “Hoy el vecino de San Isidro es mucho más pobre y mañana va a tener que pagar una tasa más alta para pagar todo este sinsentido de endeudamiento, que podía suplirse simplemente con una buena gestión”, cuestionó.
La aprobación del bono representa una de las decisiones legislativas más relevantes del año para la gestión de Lanús y marca un cambio respecto del escenario de la semana pasada, cuando la oposición había logrado bloquear el tratamiento por falta de quórum. Esta vez, el oficialismo consiguió avanzar a partir de modificaciones al texto original y de un acuerdo político con el peronismo, que defendió su acompañamiento por la incorporación de controles y condiciones, mientras que el possismo quedó como el único sector que sostuvo su rechazo frontal al endeudamiento.

