La Justicia federal avanzó con fuerza sobre el escándalo de contrataciones irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El juez Sebastián Casanello dictó el procesamiento del ex director del organismo, Diego Spagnuolo, a quien consideró jefe de una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos y al direccionamiento de compras millonarias. La resolución también alcanzó a otros 18 imputados entre funcionarios, empleados y operadores vinculados al negocio de las droguerías.
Según el fallo, el magistrado reconstruyó una estructura clandestina que operó dentro y fuera del organismo para manipular contrataciones públicas vinculadas a medicamentos de alto costo e insumos especiales. La investigación determinó que durante la gestión de Spagnuolo se montó un “sistema de retornos” sostenido por cuatro droguerías —Profarma, Génesis, New Farma y Floresta— que se turnaban para presentar ofertas y recibir adjudicaciones con sobreprecios. Todas habían sido dadas de alta el mismo día como proveedoras de ANDIS.
Para Casanello, el funcionamiento del organismo fue cooptado por intereses privados mientras se simulaba una competencia de precios. Las compulsas, en realidad, eran direccionadas: dos de las droguerías ofertaban y ganaban en rubros de medicamentos, mientras que las otras dos lo hacían en compras de insumos como implantes auditivos. El juez sostuvo que las ofertas eran “injustificadamente caras”, incluso frente a procesos paralelos dentro de la misma agencia.
El expediente detalla vínculos personales y comerciales entre los funcionarios involucrados y los operadores externos de las droguerías. Los investigadores sumaron como indicios una máquina de contar billetes encontrada en la casa de Spagnuolo, visitas registradas entre el ex titular del organismo y uno de los presuntos operadores, Miguel Ángel Calvete, y pagos realizados a un mueblero contratado por el funcionario.
Casanello describió una maniobra que aprovechó la emergencia para saltear licitaciones y asignar compras millonarias a proveedores seleccionados. En su resolución, señaló que la agencia fue utilizada “como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización”, apartándose de su finalidad pública de asistencia a personas con discapacidad.
El juez también rechazó los planteos de nulidad presentados por las defensas, que buscaban invalidar la causa alegando que los audios que originaron la denuncia eran ilegales. Señaló que el contenido de aquellas grabaciones fue corroborado por documentos y testimonios independientes, sin que las filtraciones fueran utilizadas como prueba directa.
La estructura investigada tiene cuatro presuntos jefes: Spagnuolo; su segundo en la agencia, Daniel Garbellini; y dos operadores externos, Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. El embargo dispuesto para cada uno asciende a más de 200 mil millones de pesos. Entre los restantes procesados figuran ex directores, coordinadores, empleados ligados a los operadores y personas vinculadas a las droguerías involucradas.
Casanello advirtió que lo descubierto podría ser solo una parte del entramado. En su resolución, sostuvo que “la magnitud de los negocios y el nivel de coordinación” sugieren que podría haber “otro nivel de complicidades” aún no esclarecido. Por ese motivo ordenó una nueva ronda de indagatorias, citó a responsables de cuatro firmas y extendió el alcance de la pesquisa a estructuras societarias utilizadas para canalizar las maniobras.
La causa, iniciada a partir de una denuncia presentada en agosto pasado, seguirá avanzando para determinar la responsabilidad de todos los actores —políticos, administrativos y privados— que participaron de un esquema que, según la Justicia, desviaba fondos destinados a una de las áreas más sensibles del Estado.
