El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, se refirió a las amenazas que recibió por redes sociales luego de los operativos que llevó adelante el Municipio para decomisar más de mil plantas de marihuana en una casa donde funcionaba una ONG dedicada a producir cannabis medicinal en Martínez. “Es triste y confirma que lo que estamos haciendo es lo correcto. No es agradable recibir una amenaza, pero trato de no darle demasiada envergadura, sobre todo por el impacto en mis hijos. Mi mujer me banca, me conoce, y sabe que estas cosas pueden pasar”, afirmó en declaraciones radiales.
Y explicó que el Juez de faltas que ordenó el allanamiento también recibió amenazas y ya realizó la denuncia correspondiente. “Seguramente me citen a declarar en el marco de esa denuncia que ya está presentada, y eventualmente ahí haré la presentación y las constancias de mi caso”, agregó.
El allanamiento fue dirigido contra la empresa Superfly Cannabis Medicinal, donde se descubrió un mega vivero de marihuana operando sin los permisos correspondientes ni habilitación municipal.
La empresa cuestionó el operativo y denunció que más de 100 personas se quedaron sin acceso a su medicina, explicando a través de un comunicado que cuenta con “miles de protocolos para poder hacer las cosas como corresponden y, sin embargo, ante todo este trabajo de fondo para poder hacer las cosas bien, para poder evitar que la gente se vaya a buscar su medicina a lugares que quizás no cumplen con los protocolos de salud, higiene, etcétera, que a veces no pueden encontrar lo necesario para cubrir su necesidad; hoy deciden destruir ese tipo de sistemas como el nuestro que provee algo sano, saludable, por razones ilógicas, incomprensibles e incompatibles”.
Además el abogado de la ONG Juan Palomino afirmó que se presentó una denuncia en la comisaría de San Isidro, ya que “el allanamiento lo hizo la Municipalidad, sin presencia policial, sin testigos y sin orden de allanamiento de autoridad competente”.
Acerca del operativo el intendente detalló: “Esta asociación civil operaba en en una zona absolutamente residencial. Simplemente lo que nosotros hicimos fue intimarlos a que desalojaran el lugar. No cumplieron y el Juez de faltas ordenó que se decomise la mercadería”.
“Ellos manifestaban que tenían todos los permisos, pero nos enteramos que no tenían todavía la autorización del Ministerio de Salud de la Nación para poder comenzar a cultivar el cannabis”, aclaró el intendente.
Y agregó: “Mi compromiso es con cada uno de los vecinos que nos convocaron para poner orden en San Isidro y para que se cumpla la ley”.