La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este jueves nuevas medidas judiciales con el objetivo de profundizar el análisis de su patrimonio. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario y de su esposa, Julieta Bettina Angeletti, mientras que el juez interviniente deberá resolver el pedido en los próximos días.
La medida apunta a habilitar el acceso a información sensible como cuentas bancarias, plazos fijos, créditos, préstamos, consumos con tarjetas y posibles operaciones a través de billeteras virtuales. Con esos datos, la Justicia busca comparar la evolución patrimonial del funcionario con lo declarado ante los organismos de control y determinar si existieron inconsistencias.
En paralelo, la causa incorporó una nueva tanda de testigos. Entre ellos figura Pablo Martín Feijoo, amigo de Adorni e hijo de una de las jubiladas que fue propietaria del departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito que luego adquirió el ex vocero presidencial. Su nombre surgió tras un allanamiento realizado por la Policía Federal en la inmobiliaria que intervino en la operación y deberá presentarse a declarar el próximo 22 de abril.
La investigación intenta reconstruir en detalle cómo se concretó esa compraventa, que, según trascendió, se habría realizado mediante un anticipo de 30 mil dólares y un saldo cercano a los 200 mil financiado a un año sin interés, una modalidad que despertó sospechas y motivó el avance del expediente.
También fueron citados a declarar los responsables de la inmobiliaria, la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi, quienes deberán comparecer el 20 de abril; el encargado del edificio de la calle Miró, convocado para el 22; y Juan Ernesto Cosentino, vendedor de una propiedad en Exaltación de la Cruz adquirida por el matrimonio, quien fue citado para el 27.
Con estas medidas, la Justicia busca reunir elementos para determinar si el crecimiento patrimonial del funcionario se corresponde con sus ingresos declarados o si existieron maniobras irregulares en las operaciones bajo análisis.