Tras más de once horas de sesión, la Cámara de Diputados convirtió en ley este miércoles la reforma de la Ley de Glaciares, un cambio impulsado por el Gobierno nacional junto a gobernadores de provincias mineras que redefine el alcance de las áreas protegidas y flexibiliza las condiciones para habilitar actividades económicas en zonas periglaciares. La votación terminó con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, en una sesión que tuvo además la presencia de Karina Milei en uno de los palcos del recinto durante el tramo final del debate.
La iniciativa, que ya tenía media sanción del Senado, fue respaldada por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo de San Juan, Karina Banfi, José Luis Garrido, Nicolás Massot y un grupo de diputados de Provincias Unidas. Incluso, el oficialismo logró sumar los votos de los sanjuaninos de Unión por la Patria Cristian Andino y Jorge Chica. Las tres abstenciones correspondieron a Oscar Zago, Eduardo Falcone y Karina Maureira. En rechazo se pronunciaron la mayor parte de Unión por la Patria, buena parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Miguel Pichetto, la izquierda, Natalia de la Sota, Marcela Pagano y Jorge Fernández.
El punto central de la reforma pasa por una modificación de los criterios de protección establecidos por la Ley 26.639, sancionada el 30 de septiembre de 2010, que fijó presupuestos mínimos para la protección de glaciares y ambiente periglacial y creó el Inventario Nacional de Glaciares. Esa norma vigente hasta ahora prohibía de manera automática determinadas actividades extractivas en esas áreas. Con el cambio aprobado por el Congreso, se busca eliminar esa prohibición automática en zonas periglaciares y permitir tareas de exploración y explotación siempre que sean aprobadas a través de evaluaciones de impacto ambiental.
Además, la nueva ley transfiere mayores facultades a las provincias para decidir qué zonas deben quedar protegidas y cuáles no, un aspecto que fue presentado por el oficialismo como una armonización entre la normativa ambiental y las potestades provinciales sobre sus recursos naturales, pero que la oposición denunció como una fuerte reducción de la capacidad de control nacional. Según el texto defendido por el oficialismo, las provincias podrán avanzar con estudios de segundo y tercer nivel en territorios donde hoy la intervención del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, el IANIGLA, tenía un rol central. Entre los críticos de la reforma, en cambio, se advirtió que ese organismo técnico y científico queda seriamente debilitado.
La discusión de fondo estuvo atravesada por el interés del Gobierno y de gobernadores aliados en acelerar inversiones mineras, sobre todo en provincias del norte y de Cuyo, en línea con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones incluido en la Ley Bases de 2024. Entre los mandatarios que empujaron el cambio fueron mencionados Raúl Jalil, Marcelo Orrego, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo. Uno de los cuestionamientos de esos sectores era que el inventario nacional estaba desactualizado, mientras que desde posiciones opuestas se respondió que el atraso obedeció a problemas de financiamiento.
En la defensa del proyecto, el sanjuanino José Peluc, miembro informante del dictamen de mayoría, reivindicó la audiencia pública realizada entre el 25 y el 26 de marzo, mientras que Nicolás Mayoraz sostuvo que la reforma no alteraba el paradigma de protección sino que apuntaba a “aclarar conceptos” y a darles a las provincias herramientas para evaluar territorios donde, según dijo, el IANIGLA no llega hoy con capacidad suficiente. El oficialismo insistió en que todos los cuerpos inventariados seguirán protegidos salvo prueba en contrario y presentó la reforma como una vía para compatibilizar desarrollo, empleo y ambiente.
Desde la oposición, en cambio, el rechazo fue contundente. Maximiliano Ferraro calificó la reforma como “totalmente regresiva e inconstitucional” y denunció que las mineras redactaron la ley. Miguel Pichetto recordó que había votado la norma original de 2010 y afirmó que no existía ningún argumento técnico, económico ni político que justificara el cambio, además de advertir que la Nación delega atribuciones propias del artículo 41 de la Constitución. Adriana Serquis sostuvo que el oficialismo defendía la reforma con datos no científicos y alertó sobre el impacto en las cuencas hídricas, mientras que Germán Martínez cuestionó que se transfieran facultades a las provincias sin una mirada nacional. Sabrina Selva la definió como una ley “inconstitucional y regresiva”, Néstor Pitrola habló de una entrega de recursos estratégicos y Juan Grabois denunció que se iba a “envenenar el agua”. También Máximo Kirchner rechazó la reforma y sostuvo que una cosa es recibir inversiones y otra darle “patente de corso” a las empresas.
Uno de los aspectos más sensibles del debate giró en torno al ambiente periglacial. Hasta ahora, la protección se apoyaba en criterios técnicos vinculados a la función hídrica de esas áreas. Con la nueva ley, si no se demuestra científicamente que una zona aporta agua o cumple esa función relevante, podría quedar habilitada para explotación. Allí radica justamente uno de los mayores cambios, porque la reforma abre la puerta a que áreas que antes quedaban alcanzadas por una protección estricta pasen a ser evaluadas con otro criterio y eventualmente se habiliten para actividades productivas.
La dimensión del tema también quedó expuesta durante el debate parlamentario. Los glaciares argentinos alimentan 39 cuencas hidrográficas y se extienden a lo largo de 3.500 kilómetros de la cordillera de los Andes, mientras que el inventario oficial identifica glaciares a lo largo de unos 8.400 kilómetros. En el recinto, Serquis remarcó que los glaciares ocupan apenas una pequeña porción de la cordillera pero abastecen cuencas de las que dependen millones de personas. Ese fue uno de los argumentos más repetidos por quienes sostuvieron que la reforma implica una regresión ambiental de alto impacto.
La sesión, además, estuvo atravesada por un clima político tenso pero favorable al oficialismo. Antes del tratamiento de la ley hubo varios pedidos de apartamiento de reglamento impulsados por la oposición, entre ellos iniciativas vinculadas a la situación de medios de prensa, a la política exterior y a una eventual interpelación de Manuel Adorni, pero todos fueron rechazados con el respaldo de los bloques aliados. Ya con el número asegurado, el oficialismo aceleró el trámite, varios diputados libertarios desistieron de hablar y el desenlace se selló sin sobresaltos. La presencia de Karina Milei en el palco terminó de reflejar la confianza del Gobierno en que la reforma estaba encaminada a convertirse en ley.
