Vicente López: nuevo allanamiento en el Centro de Salud Norte de Villa Adelina

El Centro de Salud Norte durante el allanamiento del pasado 8 de mayo

Lo dispuso la jueza Arroyo Salgado, quien había ordenado su clausura hace tres semanas. Esa medida se levantó ayer y ahora la reapertura de la clínica prestadora de PAMI queda en manos del Ministerio de Salud bonaerense y el Municipio a cargo de Jorge Macri.

Por orden de la Justicia Federal, se realizó ayer por la tarde un nuevo allanamiento al Centro de Salud Norte, en Villa Adelina, partido de Vicente López, en el que por la falta de medidas de prevención adecuadas se produjeron 36 contagios de coronavirus, entre el personal de salud, pacientes, familiares y empleados de una casa de sepelios. El operativo concluyó cerca de las 17 y tuvo como objetivo recabar elementos de prueba para la investigación judicial y proceder al levantamiento de la clausura.

Efectivos de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía Federal, a cargo del comisario Fabián Zoya, se llevaron la totalidad de las historias clínicas de los pacientes que estuvieron en la institución desde el 1º de marzo. También realizaron una inspección ocular y registraron con fotos y videos las instalaciones del nosocomio a los fines de corroborar lo declarado en cuanto a las condiciones edilicias por los testigos en la causa.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, además, le ordenó al Ministerio de Salud bonaerense y al Municipio de Vicente López que inspeccionen las condiciones de bioseguridad, edilicias y de higiene de esta clínica privada prestadora de PAMI, garanticen su desinfección, evalúen si están las condiciones dadas para su reapertura y se comprometan con su cumplimento.

“La jueza no tenía necesidad de allanar, cuando tiene la clínica clausurada y nadie puede entrar ni salir”, se quejó ante la web Infobae Diego María Olmedo, abogado del director médico, Jorge Pinzetta, y apoderado de la clínica. “Estamos totalmente indefensos en términos procesales. No pudimos acceder todavía al expediente. Ahora, levantó la clausura y seguimos sin conocer los argumentos de fondo para clausurarla, así como tampoco los de su levantamiento”, agregó.

La titular del Juzgado Federal Nº1 de San Isidro había dispuesto el 17 de abril último el cierre preventivo del Centro de Salud Norte por considerar que la clínica era un “foco infeccioso” de coronavirus ya que los directivos de la clínica no dispusieron las medidas adecuadas a tiempo para prevenir la propagación de la enfermedad. La orden judicial, sin embargo, no terminó de concretarse porque no pudieron ser trasladados los 29 jubilados que estaban internados en ese momento.

La demora en disponer una intervención médica por parte de las autoridades sanitarias bonaerenses en la clínica, pese a lo que lo había solicitado el fiscal Fernando Domínguez y ordenado Arroyo Salgado, derivó en que, al menos, seis empleados del Centro de Salud Norte de Villa Adelina, en Vicente López, siguieran yendo a trabajar estando infectados de coronavirus con posterioridad a que la Justicia ordenara su cierre preventivo. Si bien no ingresaron desde ese momento nuevos pacientes, al comenzar el testeo de COVID-19 se detectó que 23 integrantes del personal médico y no médico de la clínica estaban infectados y tres de sus familiares; tres pacientes –de las cuales dos fallecieron–; cuatro de sus familiares y tres personas de la cochería Menini, que intervino en el sepelio del primer caso que salió a la luz.

Tras una reunión entre Arroyo Salgado, Domínguez y el ministro Daniel Gollán el 27 de abril, el Ministerio de Salud bonaerense y el PAMI comenzaron el traslado de la mayoría de los internados, y el proceso de alta a los que estaban en condiciones. Sin embargo, aún permanecen en el nosocomio internadas tres mujeres: una de 84 años con COVID-19, otra en estado muy delicado en terapia intensiva, y una tercera que está en proceso de recibir el alta.

La clausura fue levantada porque se habría cumplido con el objetivo inicial de preservar la salud de los pacientes internados, disponer su traslado -en todos los casos que se pudiera- y recabar la pruebas para investigar la muerte de la jubilada que dio origen a la investigación judicial.

El objetivo de la toma de fotografías y videos del interior de la clínica realizada por la Federal esta tarde era constatar lo declarado en el Juzgado por empleados de la clínica –bajo reserva de identidad–, ex empleados y familiares de pacientes que estuvieron ahí internados. Varios de ellos se refirieron a “la falta de higiene”, al estado “precario” o “deficitario” del edificio, y a la “falta de insumos” de protección adecuados para el personal, como barbijos, guantes, camisolines o alcohol en gel, hasta el momento en que la situación de la clínica tomó estado público e intervino la Justicia.

El apoderado de la clínica, aseguró que “se cumplió el protocolo de COVID-19 a partir de que se conoció el primer caso”, por el resultado del test practicado a la hermana de Carlos Cellini, el denunciante, que post mortem dio positivo.

La causa se abrió porque Cellini fue a la Justicia, a partir de las dudas que tuvo por la muerte de su hermana de 65 años. La jubilada ingresó al Centro de Salud Norte por una infección urinaria a principios de marzo, y falleció el 6 de abril por un paro cardíaco y una insuficiencia respiratoria. En el certificado de defunción no se consignó que podía ser un “probable COVID” ni se le realizó el test en la clínica.

Operativo en el Sanatorio Pelliza

En simultáneo, esta tarde se realizó por orden de Arroyo Salgado otro procedimiento en el sanatorio Mariano Pelliza, ubicado en Olivos, que es de los mismos dueños que el Centro de Salud Norte. Ambas instituciones pertenecen a la firma ROPHE SA, entre cuyos titulares se encuentran Benjamín Teitelbaum y Ricardo Félix Vitullo.

El objetivo de esta “orden de presentación con allanamiento en subsidio” fue retirar los legajos de los médicos que se desempeñan en el Pelliza, a la vez que en el Centro de Salud Norte, para corroborar que tengan la habilitación correspondiente para ejercer la medicina en el país –ya que varios de ellos son extranjeros–, constatar sus matrículas y cruzar sus datos con las historias clínicas de los pacientes. Los efectivos de la Federal no encontraron ningún tipo de resistencia. “Hubo colaboración”, dijeron fuentes policiales.

El futuro de la clínica

En paralelo al levantamiento de la clausura preventiva, la magistrada les envió sendos oficios al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y al Municipio de Vicente López, dirigidos al ministro Gollán y a Jorge Macri, respectivamente, en los que les informó del levantamiento de la clausura judicial, y les ordenó que evalúen y resuelvan si el Centro de Salud Norte está en condiciones de seguir funcionando y bajo qué condiciones. Para eso, les reclamó que determinen si se encuentra en condiciones edilicias, de desinfección, seguridad e higiene sanitaria para ser reabierto, y garanticen su cumplimiento en forma coordinada.

El portal Infobae se contactó con la cartera de Salud bonaerense esta tarde temprano. “Todavía no recibimos nada de Arroyo Salgado, pero estamos avanzando con el Municipio en la reapertura. Calculamos que puede darse la semana que viene, si se termina de acomodar todo”, aseguró un vocero.

Desde la intendencia de Vicente López, en tanto, señalaron: “Estamos trabajando en coordinación con el Ministerio de Salud provincial en adecuar y mejorar las condiciones de la clínica para ver si puede seguir operativa. Hoy es importante tener la mayor cantidad de camas disponibles y que los centros de salud privados también cumplan con mejorar y estar a la altura de los nuevos requerimientos que esta Pandemia del COVID-19 impone. En el sector de la salud pública lo estamos haciendo, ellos deben hacerlo también”.

No obstante la magistrada aclaró en el oficio que es la cartera sanitaria bonaerense la encargada de otorgar la habilitación correspondiente al edificio y su infraestructura como centro de salud, advirtió que la clínica cuenta desde el inicio del trámite municipal con una habilitación “provisoria”.

El expediente del trámite de habilitación se inició en diciembre de 2005 –cuando el distrito estaba gobernador por Enrique “el Japonés” García– y fue aprobado por “vía de excepción” por el Concejo Deliberante local, según surge de la ordenanza municipal 21452/05. Desde el Municipio de Vicente López explicaron que “las habilitaciones aprobadas por el Concejo siempre son provisorias – y no definitivas como las que otorga el Ejecutivo local–, intransferibles y revocables”.

También informaron que le pidieron los planos actualizados al Centro de Salud Norte, algo que aún no cumplió la firma dueña de la clínica. La clínica tampoco se encontraba inscripta como generadora de residuos patogénicos y no pudo demostrar que fueran retirados por una empresa habilitada para su tratamiento. Por este motivo, desde el Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro se instó al Municipio de Vicente López a controlar que el Centro de Salud Norte cumpla con los requisitos exigidos para su habilitación municipal, en lo que compete a seguridad e higiene industrial.

Fuentes de ese distrito que gobierna Jorge Macri admitieron por lo bajo que la decisión de una posible clausura debería ser tomada por el Ministerio de Salud de la Provincia, más que por el Municipio, o al menos “en forma consensuada”. Y tras señalar que “Vicente López tiene un sistema de salud municipal que funciona bien y es de calidad”, deslizaron que en el fondo una decisión de ese tipo sería de índole “política” más que administrativa.

Hasta el momento, y a partir de la investigación que llevan adelante Arroyo Salgado y el fiscal Domínguez, están imputados tres profesionales médicos, entre ellos el director médico del Centro de Salud Norte, Pinzetta. Sin embargo, el universo de investigados es más amplio y no se descarta que pueda haber más imputados a partir del análisis de la prueba recabada, incluidos los dueños de la clínica.

Fuente: (www.zonanortediario.com.ar / Infobae)