Una pareja fue detenida en Pilar acusada de integrar una maniobra de presuntas estafas vinculada con la venta de autos de alta gama que, pese a haber sido pagados por los clientes, nunca habrían sido entregados.
Los acusados, identificados por sus iniciales como C. A. G., de 42 años, y C. K. C., de 44, fueron aprehendidos por efectivos de la SubDDI Pilar en un barrio cerrado ubicado sobre la traza de la ruta 8. Ambos serían propietarios de la agencia que quedó en el centro de la investigación.
La causa está a cargo del fiscal Andrés Quintana, titular de la UFI N°2 de Pilar, y fue caratulada como “estafa y asociación ilícita”. El expediente ya reúne alrededor de 20 denuncias de clientes que aseguraron haber entregado dinero, dólares e incluso otros vehículos como parte de pago sin recibir posteriormente los autos acordados.
La concesionaria investigada funcionaba sobre la colectora de la Panamericana, a la altura del kilómetro 39,5. Según los testimonios incorporados a la causa, distintos compradores habrían abonado vehículos de alta gama que finalmente nunca llegaron a sus manos.
La investigación había tenido un avance importante a fines de mayo, cuando la Policía Bonaerense realizó una serie de allanamientos y secuestró 19 autos de lujo vinculados con la firma investigada.
Los vehículos quedaron a disposición de la Justicia y fueron valuados en conjunto en 1.229.200 dólares. El procedimiento había sido autorizado por el Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro.
La pesquisa se había originado a partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo de Pilar y Autopistas del Sol contra distintas agencias de vehículos de la zona. En un principio, la denuncia apuntaba a la utilización irregular de terrenos pertenecientes a Vialidad Nacional, ubicados junto a la Panamericana, para exhibir autos.
Sin embargo, al avanzar las actuaciones, comenzaron a acumularse reclamos de compradores y la situación de esta concesionaria pasó a ocupar un lugar central dentro del expediente.
Tras los primeros allanamientos, el comercio quedó cerrado y sus ventanales fueron cubiertos con cartones, mientras continuaban apareciendo personas que denunciaban haber entregado importantes sumas de dinero sin obtener los vehículos prometidos.
En el caso de C. A. G., los investigadores determinaron además que ya registraba antecedentes judiciales. En 2025 había sido procesado por el juez federal de Campana Adrián González Charvay en una causa por desobediencia a funcionario público, en la que también se había dispuesto un embargo de 300 millones de pesos sobre sus bienes.
Con la detención del matrimonio, la Justicia buscará ahora determinar el alcance de la presunta maniobra, establecer si existieron otras personas involucradas y precisar la cantidad total de damnificados.
