La derrota obrera y laboral administrada desde arriba.
La reforma laboral avanza y, por ahora, el gobierno la gana en el Senado. No lo hace en soledad. Avanza porque encuentra el terreno despejado, porque mientras los derechos retroceden una parte del sindicalismo elige el simulacro antes que el conflicto real. Mucha foto, mucho micrófono, mucho discurso inflamado y una épica de utilería que se desarma apenas se la confronta con los hechos. El resultado es siempre el mismo: nada.
En la práctica, con la pasividad —cuando no la comodidad— de estos sectores, la reforma pasará y los trabajadores perderán derechos históricos. El acting sindical sirve para ocupar pantallas, consolidar imagen y captar cartera de clientes pero no para frenar una ley que precariza el trabajo, fragmenta la organización colectiva y debilita cualquier posibilidad de resistencia efectiva. Se reemplazó la verdadera lucha por la puesta en escena.
Desde los medios, Aguiar y la CTA sobreactúan preocupación por una reforma que afecta al sector privado, mientras eluden deliberadamente la precarización feroz que padecen los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires bajo la gestión durante siete años para ocho de Axel Kicillof (una fotocopia en blanco y negro de Milei). Una precarización larga, sostenida, naturalizada, acompañada por acuerdos salariales a la baja y por una dirigencia que termina operando como garante del techo paritario que impone el gobierno nacional al conjunto del movimiento obrero. Los que se proclaman combativos en el escenario nacional son los mismos que, en el ámbito provincial, administran la resignación siendo al final de cuenta verdugos de estos.
Los hechos no necesitan interpretación. En noviembre se prometieron paritarias en la provincia de Buenos Aires. Se postergaron a diciembre con la excusa de un bono. El aguinaldo llegó tarde. Luego vino otra dilación, esta vez con promesas vacías hacia enero. Meses enteros consumidos sin conflicto, sin reacción, sin presión real y todo un clan gremial abocado al proyecto político de una persona y no a los intereses de los trabajadores. Todo mientras la agenda pública se desplazaba hacia una ley que ni siquiera incluye a los trabajadores estatales. Una distracción funcional, aceptada sin resistencia y connivencia.
En ese contexto, la CTA y otros gremios eligen Córdoba como escenario de su supuesta “lucha”, buscando recostarse simbólicamente sobre una épica que no construyeron. Se invoca a Tosco, a Elpidio Torres, a Atilio López y al Cordobazo como si la historia pudiera usarse de escenografía. La comparación no solo es exagerada: es una banalización grosera. Aquellos dirigentes enfrentaron al poder sin cálculos, sin coberturas, sin resguardos personales. Lo actual es cartón pintado: se protesta donde no se arriesga y se negocia donde realmente se decide y se benefician sus organizaciones.
Aguiar, como dirigente de ATE, celebra con bombos los cien años de la organización. Pero la pregunta recorre los lugares de trabajo: ¿qué vínculo real existe entre esta conducción y aquellos anarquistas, socialistas y militantes obreros que fundaron ATE? Aquella organización nació para incomodar al poder, no para gestionarlo; para organizar la bronca, no para administrarla; para enfrentar la precarización, no para convivir con ella. Usar el pasado como emblema mientras se distorsiona grotescamente su sentido es vaciar la historia y convertirla en una nostálgica postal.
Parte de la CGT completa el cuadro, con la anuencia silenciosa de una CTA que prefiere no ver. Se negocia mientras se declama confrontación. La escena es conocida, ya ocurrió con Macri y se repite ahora: reuniones reservadas, fotos cordiales, discursos ambiguos y leyes que se votan sin sobresaltos. Los números están claros desde el inicio: La Libertad Avanza, el PRO, aliados provinciales y gobernadores que se suman a cambio de beneficios, sin importarles ni la marcha peronista ni los obreros, el resto actúa su indignación, cumple el libreto y deja correr la ley.
En este esquema, Gerardo Martínez sin ninguna legitimidad funciona como engranaje aceptado del diálogo con el gobierno, acompañado por dirigentes como Cristian Gerónimo, Jorge Sola y otros. El saldo es inocultable: no hay resistencia, no hay estrategia, no hay voluntad de frenar nada. Hay administración del conflicto, cálculo político y cuidado de imagen e intereses.
La eliminación de la cuota solidaria expone, además, el agotamiento de un modelo sindical burocrático y anacrónico. Un gobierno que se proclama adalid de la “libertad” no va a sostener mecanismos compulsivos, y las conducciones lo saben. Pero en lugar de dar la pelea, optan por adaptarse, reacomodarse y sobrevivir, aunque eso implique erosionar la herramienta colectiva que dicen representar.
Este accionar ya no convoca ni ordena. El mundo del trabajo percibe que todo esto apunta a salvar reputaciones, repartir culpas y preparar coartadas para el después. Pero el tiempo del relato se terminó. La sociedad cambió, los trabajadores cambiaron y el viejo latiguillo de “nosotros luchamos” ya no produce adhesión. Esta vez, no alcanza.
También es innegable —y profundamente vergonzoso— que desde el regreso de la democracia todos los gobiernos administraron el mundo del trabajo con leyes heredadas de la dictadura, siempre con el consentimiento de las centrales obreras. Esa falta de decisión política y sindical es hoy el argumento perfecto que utiliza el gobierno para avanzar y profundizar el retroceso.
En este marco, la reforma laboral no es abstracta ni técnica, es concreta y regresiva: debilita la estabilidad laboral, facilita despidos, abarata indemnizaciones, extiende períodos de prueba, habilita contrataciones precarias, fragmenta convenios, erosiona la ultraactividad, elimina horas extras, fracciona vacaciones y empuja a la individualización de la relación laboral, desarmando la fuerza colectiva frente a las patronales.
Con esta reforma se sepultan siglos de lucha obrera, se vuelve de manera miserable a enterrar a sus mártires y se consolida un modelo de empleo más inestable, más barato, más dócil y disciplinado. No es modernización: es retroceso. Y no avanza por mérito propio, avanza porque una parte del sindicalismo abandonó su rol y porque la dirigencia política —intendentes, gobernadores y legisladores— prefirió garantizar poder y equilibrio fiscal antes que defender derechos y principios sociales.
No obstante, el STMVL como siempre participará de la marcha contra esta reforma laboral.