El fiscal general Juan García Elorrio solicitó la absolución de Marcelo Corazza en el marco del juicio oral que lo investiga por presunta corrupción de menores, trata de personas y abuso sexual infantil. Durante la etapa de alegatos ante el Tribunal Oral Federal N°3, el Ministerio Público Fiscal argumentó que los delitos más antiguos atribuidos al exganador de Gran Hermano ya se encuentran prescriptos por el paso del tiempo, mientras que los hechos más recientes carecen de las pruebas necesarias para sostener una acusación penal sólida.
El pedido de la fiscalía a favor del productor televisivo también se extendió al cargo de asociación ilícita, figura por la cual se requirió el sobreseimiento de todos los involucrados. Sin embargo, la postura judicial fue drásticamente distinta para los otros cuatro imputados en la causa, para quienes se solicitaron severas penas de prisión: 22 años para Francisco Angelotti Notarbartolo —señalado como el líder de la banda—, 11 años para Leandro Aguiar, y 10 años tanto para Fernando Charpenet como para Raúl Ignacio Mermet.
Según la hipótesis delictiva que construyeron inicialmente los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano, la organización funcionaba como una estructura dedicada a la captación de adolescentes varones en situación de alta vulnerabilidad para luego someterlos a diferentes prácticas sexuales con adultos. Estas maniobras se habrían ejecutado en la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense y la provincia de Misiones en un lapso temporal ininterrumpido que va desde 1999 hasta marzo de 2023. La causa penal tuvo su origen el 24 de octubre de 2022, tras la presentación de una víctima ante la PROTEX, la fiscalía especial dedicada a los delitos de trata de personas.
En lo que respecta a la situación de Marcelo Corazza, la acusación original apuntaba a un episodio específico ocurrido en el año 2001, en el cual se lo vinculaba con abusos y exhibiciones obscenas contra un menor de edad dentro de un automóvil. El productor y vecino de Tigre fue detenido por primera vez el 20 de marzo de 2023, recuperando la libertad un mes después al no estar procesado en ese momento por las calificaciones más graves. No obstante, volvió a ser arrestado el 31 de mayo de ese mismo año luego de que la Cámara de Apelaciones agravara los cargos e incluyera el delito de asociación ilícita, manteniéndose bajo prisión preventiva en el penal de Ezeiza hasta noviembre de 2023, cuando el expediente se radicó de forma definitiva en los tribunales federales de Comodoro Py.
La investigación judicial determinó que Angelotti y Aguiar cumplían el rol de reclutadores, utilizando aplicaciones de citas y valiéndose de la falta de madurez de las víctimas para ganar su confianza y doblegar su voluntad, facilitando luego los encuentros con los demás adultos del grupo. A pesar de los pedidos de absolución por prescripción, el fiscal García Elorrio remarcó ante el tribunal la obligación de fijar una reparación económica solidaria para las víctimas, la cual deberá ser costeada por los imputados que resulten formalmente condenados en el veredicto final. Por su parte, Corazza mantuvo su postura de inocencia durante todo el proceso previo, asegurando públicamente que se limitaría a declarar sobre su vida ante los magistrados a la espera de que finalice el proceso en su contra.
