En las declaraciones públicas realizadas en esta semana ante diferentes medios de comunicación el intendente del Partido de San Isidro, Gustavo Posee, una vez más deja visualizar el problema de la inseguridad con una solución de judicialización de los niños/as y jóvenes más pobres.
A pesar de los $1.812.218.31 que recibe el municipio de San Isidro desde el año 2005 de parte del gobierno provincial para implementar políticas de promoción y protección de los derechos de la infancia y adolescencia, y a pesar de no haber promovido ninguna de estas políticas; el estado municipal, a travís de la opinión de su intendente y de su equipo de gobierno, pide públicamente políticas represivas hacia la infancia y adolescencia en situación de mayor vulnerabilidad, como son la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años y el aumento de cárceles e institutos de menores.
Es preocupante que desde el estado municipal la inseguridad se simplifique a una cuestión de mano dura, armamentista y de represión social, sin abordar el olvidado debate de la desigualdad social. En la Argentina casi la mitad de la población es pobre y casi la mitad de los pobres son niños/as. Las políticas de infancia y adolescencia, más que la privación deben promover la transformación de sus realidades cotidianas: deserción escolar, hambre, exclusión laboral de los jóvenes, trabajo infantil, adicciones, prostitución.
En nuestro país, a partir de la ley nacional 26.061 y la ley provincial 13.298, sancionada en el año 2005 y ratificando la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Naciones Unidas), se produce un primer paso en el cambio de paradigma en el abordaje de los derechos de los pibes, no siendo ya objeto de tutela del Estado, sino sujetos de derechos. El enfoque tradicional que Posee insita, ha logrado invisibilizar a la “niñez y adolescencia” en situación de vulnerabilidad y se proclama en contra de este nuevo paradigma de protección de sus derechos. Desde la visión del Intendente, ser niño/a y ser pobre es suficiente para que el Estado disponga la intervención judicial a favor del encierro, la estigmatización y la vulneración de derechos fundamentales, en contra de las leyes nacionales y de las disposiciones de los organismos internacionales.
Parecería que el gobierno municipal, además de negar la implementación e institucionalización de la nueva Ley de Infancia, busca, como lo hizo muchos años la vieja ley del patronato, delegar la responsabilidad y competencia exclusiva para decidir sobre niños y niñas en los jueces de menores. Despolitizando y lavando las responsabilidades del estado por llegar a la situación de calle y de pobreza de miles de pibes de San Isidro.
EL cambio para una sociedad con mayor igualdad y con seguridad para todos los habitantes, es empezar por el respeto de las leyes sancionadas, de las instituciones democráticas y de las largas conquistas sociales por los derechos de miles de hombres y mujeres a lo largo de la historia. La implementación de estas leyes de infancia y adolescencia es por donde debe empezarse a trabajar como parte de la solución.
De la frase “los peligrosos, sin libertad” de Gustavo Posee, nosotros desde una perspectiva de protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes decimos “No somos peligrosos, estamos en peligro".
Fuente: www.zonanortediario.com.ar