El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de una nueva polémica política y judicial luego de admitir que durante años no declaró ahorros por más de medio millón de dólares, en medio de la causa en la que se investiga su evolución patrimonial. La explicación que dio el funcionario, lejos de cerrar la discusión, abrió otro frente: “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, sostuvo en una entrevista televisiva.
La frase fue pronunciada después de que Adorni presentara su declaración jurada patrimonial correspondiente a 2025 y rectificara presentaciones anteriores ante la Oficina Anticorrupción y ARCA. Según explicó, los fondos omitidos no provienen de la función pública sino de ahorros familiares acumulados durante años de trabajo en el sector privado y de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018.
De acuerdo con la versión del jefe de Gabinete, la inversión inicial rondó los 200.000 dólares y le permitió obtener una ganancia cercana a los 300.000. En total, los ahorros en criptomonedas incorporados ahora a su situación patrimonial ascienden a unos 513.000 dólares. “Tenía que demostrar que no era chorro”, afirmó Adorni, al justificar la decisión de avanzar con la presentación y con las rectificaciones impositivas.
El funcionario aseguró además que pagará “hasta el último peso” que corresponda por las correcciones realizadas sobre los últimos períodos fiscales. Su defensa pública apunta a una idea central: que los bienes cuestionados fueron adquiridos con fondos previos a su llegada al Gobierno de Javier Milei y no como consecuencia de su paso por la administración nacional.
La causa, sin embargo, continúa bajo investigación en los tribunales federales de Comodoro Py, donde se analizan denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública. En ese expediente están bajo revisión distintos movimientos patrimoniales, operaciones inmobiliarias, gastos y activos que no habían aparecido en las declaraciones juradas anteriores.
Uno de los puntos observados es la compra de una propiedad en el country Indio Cuá, adquirida en noviembre de 2025 por 120.000 dólares y registrada inicialmente a nombre de su esposa, Bettina Angeletti. Ahora, según la nueva presentación, el inmueble fue incorporado como condominio por mitades. También fueron informadas refacciones en esa vivienda, que Adorni estimó en unos 170.000 dólares, por debajo de los cálculos que habían trascendido en el expediente judicial.
Otro capítulo sensible es el departamento de Caballito, una operación por 230.000 dólares que también quedó bajo la lupa. El jefe de Gabinete explicó que se trató de una compra “entre amigos”: dijo que abonó una seña de 30.000 dólares y que el resto fue financiado mediante hipotecas y líneas de crédito, en un acuerdo con Pablo Feijoó, hijo de una de las vendedoras. “No fue más que eso: una operación lícita, normal y habitual”, sostuvo.
Adorni vinculó esa mudanza a episodios de hostilidad que, según relató, sufrió junto a su familia cuando vivía en un departamento de la avenida Asamblea. Dijo que vecinos le tiraban cosas a la terraza y lo agredían en los pasillos, y que por ese motivo necesitó mudarse con urgencia. También evitó dar detalles sobre sus consumos con tarjeta de crédito, al señalar que se trata de información privada protegida por ley.
La explicación pública llegó después de varios meses de cuestionamientos. El caso había comenzado a ganar volumen político tras un viaje a Estados Unidos en el que participó su esposa y luego se amplió con la aparición de operaciones inmobiliarias, hipotecas, gastos y movimientos financieros que motivaron pedidos de investigación. En ese contexto, Adorni reconoció que en un primer momento pensó en renunciar, aunque dijo que recibió el respaldo del presidente Javier Milei y de Karina Milei.
A través de la red social X, el Presidente salió a respaldarlo al compartir un mensaje que sostenía que el funcionario había explicado “todo perfecto y completo” y que “quedó claro que no robó”. La vicepresidenta Victoria Villarruel, en cambio, marcó una posición opuesta. Consultada por un usuario sobre si le creía a Adorni, respondió: “No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”.
La reacción de Villarruel sumó tensión interna dentro de La Libertad Avanza y dejó expuesta una vez más la distancia política entre la titular del Senado y el núcleo más cercano a Milei. Para el Gobierno, la estrategia es presentar el caso como una ofensiva política y mediática contra el Presidente. Para la oposición y los sectores críticos, la admisión de fondos no declarados representa un problema institucional para un funcionario que ocupa uno de los cargos más importantes del Gabinete nacional.
Mientras tanto, Adorni busca cerrar el frente administrativo con la presentación de la declaración jurada, las rectificaciones ante los organismos correspondientes y el pago de eventuales impuestos pendientes. Pero la discusión de fondo no terminó: la Justicia deberá determinar si las explicaciones alcanzan para justificar el crecimiento patrimonial investigado y si los fondos ahora blanqueados o regularizados tienen respaldo suficiente para despejar las sospechas.
