El Gobierno nacional derogó el sistema de regulación de aranceles y matrículas en los establecimientos de enseñanza privada que estaba vigente desde 1993. La medida, oficializada mediante el Decreto 787/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial, deja sin efecto el Decreto 2417/93 y pone fin a más de tres décadas de intervención estatal sobre los precios que cobran los colegios privados.
Según los fundamentos del nuevo decreto, las restricciones impuestas durante ese período “dificultaban la capacidad de las escuelas privadas para adaptarse a las realidades económicas y educativas del país”, generando incertidumbre y limitando la posibilidad de ajustar sus aranceles de acuerdo con los costos y la inflación.
Hasta ahora, los institutos debían informar con anticipación cualquier modificación en las cuotas y obtener autorización estatal previa para aplicar aumentos. El Gobierno sostiene que este mecanismo, lejos de contener los precios, provocaba el efecto contrario, ya que las instituciones tendían a aplicar incrementos preventivos para cubrirse ante eventuales cambios en sus costos.
El texto oficial remarca que esa intervención “ha generado efectos contraproducentes que afectan el funcionamiento y la viabilidad económica” de los colegios privados, al impedirles responder de manera ágil a las variaciones del mercado. Además, señala que la exigencia de controles previos “perjudica a las familias”, que terminaban enfrentando aranceles más altos desde el inicio del ciclo lectivo por los aumentos precautorios de las instituciones.
En los considerandos, el Ejecutivo también subraya el derecho de propiedad y libre contratación de los establecimientos privados, que “deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados sin necesidad de autorización estatal”.
La norma instruye al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar el marco normativo vigente —particularmente el Decreto 2542/1991— para adecuarlo al esquema federal actual y proponer modificaciones que promuevan un entorno más flexible para la gestión económica de los institutos privados.
El nuevo esquema entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y, según el Gobierno, busca “garantizar la sostenibilidad de la educación de gestión privada y preservar el derecho de los alumnos a una oferta educativa diversificada en todo el país”.
