Después de más de 16 horas de sesión extraordinaria, el Senado de la Nación aprobó en general la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional por 42 votos afirmativos y 30 negativos, con la totalidad de los 72 legisladores presentes en el recinto. La iniciativa, promovida por La Libertad Avanza junto a bloques dialoguistas, deberá ahora ser tratada por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará convertirla en ley.
La votación en particular, dividida en 26 títulos, mantuvo mayorías afirmativas en todos los casos, con variaciones que oscilaron entre 38 y 44 votos positivos. El oficialismo debió sostener una ingeniería parlamentaria ajustada, especialmente luego de los retoques introducidos en las 48 horas previas a la sesión, que generaron tensiones con aliados.
Entre los cambios de último momento se incluyó la caída del artículo que preveía alivio en Ganancias para grandes empresas; la continuidad de los aportes compulsivos a sindicatos y cámaras empresariales, aunque con topes más bajos; el mantenimiento del 6% destinado a obras sociales; y una reformulación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), vinculado al esquema de indemnizaciones. También se extendieron a un año los plazos para adecuaciones en determinados estatutos que inicialmente se pretendían modificar en 180 días.
Uno de los puntos más controvertidos fue la incorporación, como anexo de la ley, del traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires. Sectores opositores cuestionaron que la medida no hubiera tenido tratamiento específico en comisión ni un ingreso formal dentro del temario de las sesiones extraordinarias.
El debate reflejó con nitidez las diferencias políticas. En defensa del proyecto, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, sostuvo que la legislación vigente es “obsoleta” y que el nuevo marco apunta a otorgar previsibilidad y seguridad jurídica. Afirmó que el país arrastra un “sistema extorsivo” que derivó en un 43% de informalidad laboral y señaló que la reforma no promete “milagros”, sino “soluciones concretas”.
En la misma línea, el senador oficialista Agustín Monteverde describió el régimen actual como un “régimen siniestro” que generó “salarios pobres, pero costos laborales desorbitados para el empleador”, y acusó a sectores opositores de hacer “terrorismo parlamentario” al sostener que se eliminaban indemnizaciones. “La industria del juicio sí está en un problema”, afirmó.
Desde el radicalismo, Mariana Juri consideró que “sin una buena ley laboral que se adapte a las situaciones actuales, el empleo no llega” y defendió que la iniciativa brinda previsibilidad y reduce la litigiosidad. Daniel Kroneberger sostuvo que el régimen vigente “ha quedado desactualizado” frente a transformaciones productivas y tecnológicas.
El jefe del PRO en el Senado, Martín Goerling, planteó reparos respecto de la continuidad de los aportes compulsivos. Sostuvo que era el momento de “devolver el poder de elegir” a los trabajadores y que el sindicalismo debía avanzar hacia la afiliación voluntaria. Aunque inicialmente el bloque macrista había anticipado que no acompañaría ese punto, finalmente validó el texto propuesto por el oficialismo. Goerling también afirmó que el país tiene “la carga tributaria laboral más alta de Latinoamérica”, con un 34%, frente al 7% de Chile y el 14,6% de Estados Unidos.
Desde la oposición kirchnerista, Mariano Recalde sostuvo que “en ninguna reforma laboral flexibilizadora se generó empleo” y remarcó que “las normas laborales no crean empleo”. La riojana Florencia López advirtió que el sistema impulsado “viene a hacer añicos toda la doctrina del derecho laboral”, mientras que José Mayans calificó el proyecto como “abiertamente inconstitucional” y cuestionó que modifica 41 leyes.
También hubo matices en sectores dialoguistas. Flavia Royón señaló que la ley “no va a crear empleo” por sí sola y planteó la necesidad de una reforma tributaria, aunque reconoció que busca reducir la resistencia a la formalización en un contexto de casi seis millones de personas en la informalidad. Julieta Corroza sostuvo que era necesario “modernizar, sí; retroceder, no”, y adelantó acompañamiento en general con objeciones puntuales.
El resultado en general reflejó el apoyo de los 21 senadores de La Libertad Avanza, 10 de la UCR, 3 del PRO, 2 de Provincias Unidas y respaldos individuales de bloques provinciales y legisladores como Flavia Royón, Julieta Corroza, Carlos Arce, Elizabeth Rojas Decut, Edith Terenzi y Beatriz Ávila. En contra votó el interbloque kirchnerista, acompañado por los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia.
Tras la aprobación en general, la vicepresidenta Victoria Villarruel se retiró del recinto y la conducción de la sesión quedó en manos del presidente provisional Bartolomé Abdala, quien supervisó la votación en particular junto al secretario parlamentario Agustín Giustinian.
Con la media sanción en el Senado, el Gobierno obtuvo su primera victoria legislativa del año en el Congreso. El proyecto será enviado ahora a Diputados, donde el oficialismo aspira a que no sufra modificaciones que obliguen a una segunda revisión en la Cámara alta. La discusión continuará en un escenario que se anticipa complejo, tanto por la composición de fuerzas como por el impacto político y sindical que la reforma ya generó.
