El Gobierno logró su primera gran victoria legislativa del año con la aprobación en el Senado del proyecto de reforma laboral, una iniciativa que llegó al recinto tras más de veinte modificaciones y que ahora deberá atravesar una discusión más ajustada en la Cámara de Diputados. La propuesta apunta a reducir la litigiosidad, promover la formalización del empleo y modernizar el esquema de relaciones laborales, aunque mantiene fuerte resistencia sindical y abrió un nuevo frente de debate político.
Tras semanas de negociación con gobernadores y bloques dialoguistas, el oficialismo introdujo cambios sensibles para asegurar los votos. Entre ellos, retiró el artículo que reducía la alícuota del Impuesto a las Ganancias para empresas, un tributo coparticipable que impacta en las finanzas provinciales. También accedió a mantener los aportes patronales del 6% a las obras sociales y el aporte solidario sindical —con un tope del 2% y por un plazo de dos años—, aunque los gremios continuaron con protestas en las inmediaciones del Congreso.
El corazón del proyecto está en la redefinición del esquema de indemnizaciones por despido sin causa. La base de cálculo se limitará a la remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo conceptos no mensuales como aguinaldo o vacaciones. Además, se establece que la indemnización será la única reparación y se fija un nuevo mecanismo de actualización de créditos laborales que contempla el índice de precios al consumidor más un 3% anual.Como novedad estructural, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir los costos de desvinculación. El aporte será del 1% mensual para grandes empresas y del 2,5% para micro, pequeñas y medianas, con posibilidad de incremento si lo dispone el Poder Ejecutivo con aval legislativo. También se habilita el pago en cuotas de sentencias judiciales: hasta seis cuotas para grandes compañías y hasta doce para MiPyMEs y empleadores individuales.
En materia de antigüedad, el proyecto establece que si transcurren más de tres años entre el cese del vínculo laboral y el reingreso del trabajador con el mismo empleador, el período anterior no será computado.
Uno de los puntos que más impacto genera es el nuevo régimen de licencias por enfermedad o accidente no vinculados al trabajo. El texto reduce plazos y modifica porcentajes de remuneración. Si la imposibilidad de trabajar deriva de una actividad voluntaria y consciente que implicaba riesgo para la salud, el trabajador percibirá el 50% del salario básico durante tres meses —o seis si tiene personas a cargo—. Si no existió conducta riesgosa, el porcentaje será del 75% en los mismos plazos.
La reforma elimina el esquema actual que permitía licencias pagas de hasta 12 meses según antigüedad y cargas de familia. Ahora el máximo será de seis meses y el pago ya no será del 100%, como rige actualmente. También se refuerzan los controles médicos: el trabajador deberá informar de inmediato su situación, los certificados deberán detallar diagnóstico, tratamiento y días de reposo, y podrán intervenir juntas médicas en caso de discrepancias.
En cuanto a vacaciones, se mantiene que deberán otorgarse entre el 1 de octubre y el 30 de abril, pero se habilita dividir el período siempre que cada tramo tenga al menos siete días consecutivos. El empleador deberá notificar la fecha con 30 días de anticipación, salvo que el convenio colectivo disponga otra modalidad.
El proyecto también regula el llamado “banco de horas”, que permitirá compensar horas extraordinarias mediante acuerdos escritos entre empleador y trabajador o con representación sindical, siempre respetando los descansos mínimos legales. Asimismo, establece que el registro laboral ante ARCA será suficiente, habilita la digitalización de libros laborales con validez legal y redefine beneficios sociales no remunerativos como comedor, guardería, reintegros médicos o capacitación.
En el plano productivo, se incorporan el Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL), orientado a promover capacitación y reconversión, y el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), que busca fomentar inversiones, incorporación de tecnología y expansión empresarial. También se prevé una reducción de cargas sociales para facilitar la contratación y se habilita que convenios de empresa de una provincia puedan prevalecer sobre convenios nacionales.
Con la media sanción en el Senado, el oficialismo consiguió avanzar con una de sus reformas estructurales más ambiciosas. Ahora el debate se trasladará a Diputados, donde la correlación de fuerzas es más ajustada y la negociación volverá a ser clave para definir el alcance final de una norma que modifica de manera sustancial el esquema laboral vigente.
