A raíz de la denuncia del hecho ocurrido el 30 de marzo último, los efectivos involucrados en el procedimiento fueron separados de sus funciones operativas y llevan a cabo tareas administrativas a la espera del avance de la investigación judicial y del sumario que lleva adelante la propia fuerza, añadieron los voceros de la cartera de Seguridad que tiene a su cargo Sabina Frederic.
En tanto, fuentes judiciales informaron que el episodio denunciado ocurrió durante un procedimiento realizado por los gendarmes durante la cuarentena, en el marco del cual labraron actuaciones por violación al artículo 205 y resistencia a la autoridad por parte de dos personas.
La causa por el procedimiento quedó en manos del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien dispuso una serie de medidas para determinar lo ocurrido.
Sin embargo, de manera simultánea, la Comisión Provincial por la Memoria presentó una denuncia en la que refirió que durante ese procedimiento se registraron abusos y apremios ilegales por parte de los miembros de la fuerza de seguridad.
Esa denuncia entró al Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de la Fiscalía de San Isidro, a cargo del fiscal Claudio Scapolán, quien pidió la incompetencia y el juez de Garantías la aceptó, por lo que giró el expediente al fuero federal, justamente a cargo de Mirabelli, quien ya estaba investigando el episodio.
Mirabelli dispuso el secuestro de las escopetas y demás armas de fuego de puño empleadas por los gendarmes para ser sometidas a peritajes y cotejos con con dos vainas y un cartucho aportados a la causa por un testigo.
“Se secuestraron entre 18 y 20 armas que eran las que portaban los gendarmes durante el operativo”, dijo a Télam una fuente judicial que, además, explicó que durante el episodio hubo dos vecinos del barrio -uno de ellos menor de edad- lesionados con balas de goma y varios gendarmes heridos aparentemente a pedradas.
Desde la cartera de Seguridad, en tanto, informaron que también quedaron a disposición judicial el libro diario y el libro de armas de la unidad de prevención barrial de Gendarmería que funciona en La Cava.
Al tomar conocimiento del hecho, las autoridades de la Dirección de Violencia Institucional del Ministerio pidieron un informe a la jefatura de la fuerza, que también inició su propia investigación interna y dispuso separar a los involucrados de sus funciones operativas mientras avanza el sumario y la causa judicial.
El delito que se les imputa a los efectivos es el contemplado en el tercer párrafo del artículo 144 bis del Código Penal, que reprime con prisión de uno a cinco años e inhabilitación especial por doble tiempo al “funcionario público que impusiere a los presos que guarde, severidades, vejaciones, o apremios ilegales”.