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Barrancas de Alvear: se cayó la sesión extraordinaria en San Isidro por falta de quórum y sigue la polémica por el proyecto inmobiliario

La sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de San Isidro convocada para este miércoles 14 de octubre, en la que sectores del possismo y del peronismo buscaban rechazar el proyecto inmobiliario Barrancas de Alvear, finalmente quedó sin efecto porque la oposición no logró reunir los concejales necesarios para garantizar el quórum. Así lo confirmó a Zona Norte Diario Online el presidente del bloque Frente Renovador-Fuerza Patria, Federico Meca. Mientras tanto, vecinos de Martínez mantienen su rechazo al emprendimiento y continúan los cuestionamientos por su posible impacto ambiental y urbanístico.

La convocatoria había sido impulsada por concejales de la Unión Cívica Radical y Acción Vecinal San Isidro es Distinto, espacios vinculados al exintendente Gustavo Posse, junto con representantes del Frente Renovador y sectores del peronismo alineados con el gobernador Axel Kicillof.

El objetivo era tratar un proyecto de resolución para expresar el rechazo al emprendimiento previsto en General Alvear 1495/1501, en el Bajo de Martínez, y solicitar al Ejecutivo que encabeza Ramón Lanús la desestimación y el archivo definitivo del expediente.

No es la primera vez que la oposición intenta llevar la discusión al recinto sin conseguirlo. Una convocatoria extraordinaria anterior tampoco había logrado reunir el quórum necesario, una dificultad que volvió a repetirse en esta oportunidad.

El proyecto Barrancas de Alvear está previsto sobre un terreno de 21.870 metros cuadrados ubicado junto a las vías del Tren de la Costa, en un sector residencial caracterizado por su cercanía con la barranca del Río de la Plata. La propiedad tiene además un antecedente particular: durante la década del 90 fue residencia del empresario Alfredo Yabrán y actualmente pertenece a Daniel Eduardo Sielecki, vinculado, entre otras actividades, a la industria farmacéutica.

La propuesta original contemplaba la construcción de unas 30 viviendas multifamiliares, distribuidas en un bloque edilicio de tres pisos y con estacionamiento subterráneo. Sin embargo, el pasado 25 de septiembre la desarrolladora presentó una reformulación que redujo la cantidad de unidades y modificó la distribución de las construcciones, pasando de un único bloque a dos volúmenes.

Los cambios no alcanzaron para desactivar los cuestionamientos. Los concejales opositores consideran que la nueva presentación constituye una modificación sustancial del emprendimiento y que, por lo tanto, debería abrirse otra instancia de participación ciudadana antes de avanzar con su evaluación.

El proyecto de resolución que pretendían tratar este miércoles plantea objeciones ambientales, técnicas y urbanísticas. Entre ellas, cuestiona la documentación presentada en el Estudio de Impacto Ambiental, la falta de determinados estudios geotécnicos previos y los posibles efectos de las excavaciones sobre la estabilidad de la barranca.

Uno de los puntos más controvertidos es el movimiento de suelo. Según los cálculos expuestos en la iniciativa opositora, la obra requeriría retirar unos 48.000 metros cúbicos de tierra, equivalentes a aproximadamente 6.000 viajes de camiones pesados. Los concejales advierten que ese movimiento podría generar inconvenientes en calles de fuerte pendiente y agravar los problemas de circulación de la zona.

También cuestionan el relevamiento del arbolado del predio y sostienen que existen indicios de intervenciones no autorizadas. A eso se suma la discusión sobre la construcción de viviendas multifamiliares en un sector de baja densidad, con zonificación Rb2, y el precedente urbanístico que podría establecer una eventual autorización.

En ese sentido, el texto presentado por el possismo sostiene que la evaluación ambiental contiene “graves irregularidades formales, inconsistencias técnicas e incumplimientos procedimentales que tornan inviable su tramitación y aprobación”.

A partir de esos argumentos, la iniciativa propone que el Concejo Deliberante manifieste su “más enérgica oposición y el categórico rechazo” al emprendimiento y solicite al Municipio que archive definitivamente el expediente.

En paralelo, vecinos de Martínez y Acassuso mantienen una campaña contra el desarrollo inmobiliario. El domingo 11 de octubre organizaron una nueva jornada de recolección de firmas en Acassuso para sumar adhesiones contra la propuesta reformulada. Según explicaron los organizadores, quienes ya habían manifestado su oposición anteriormente debían volver a hacerlo debido a los cambios introducidos por la empresa. El plazo para presentar esas observaciones vence este miércoles 14.

La controversia se arrastra desde mediados de año. A fines de junio, Zona Norte Diario Online había informado sobre la aparición de pasacalles en Martínez y Acassuso con la consigna “No queremos edificios en la barranca”, acompañados por códigos QR para reunir adhesiones al reclamo.

En aquel momento, el concejal Walter Pérez, de Acción Vecinal San Isidro, había cuestionado públicamente el emprendimiento y reclamado que el Municipio no avanzara con su autorización.

“No hay excusas ni justificaciones: o continúa siendo una zona residencial o la barranca se convierte en una zona de edificios de departamentos”, había expresado.

Desde el Frente Renovador y Fuerza Patria también habían manifestado su rechazo. Meca sostuvo entonces que “el gobierno municipal les dio la espalda a los vecinos”, mientras que el concejal Diego Montivero cuestionó la contradicción que, a su entender, existía entre las políticas de preservación de la barranca anunciadas por el oficialismo y el tratamiento de este desarrollo inmobiliario.

“Es imposible no preguntarse cuál es el verdadero modelo de ciudad que impulsa el Ejecutivo”, había señalado Montivero.

Por su parte, la concejal Estefanía Rivadulla había advertido sobre las consecuencias que podría tener el proyecto para la relación histórica de los vecinos con la costa.

“Los sanisidrenses lucharon durante décadas para recuperar el acceso y la visual al río. No podemos permitir que nuevamente intereses inmobiliarios terminen levantando muros que le den la espalda al río y privaticen de hecho un paisaje que es patrimonio de todos”, expresó en aquella oportunidad.

Consultado por Zona Norte Diario Online en junio, el presidente del Concejo Deliberante, Jorge Álvarez, había pedido prudencia frente a los cuestionamientos y remarcado que el expediente todavía atravesaba una instancia de evaluación.

“Estamos hablando de un proyecto que todavía está en la etapa de recepción, de acuerdo a lo que marca la ley de opinión del entorno”, sostuvo entonces.

También explicó que la presentación estaba sujeta a las disposiciones del Código de Ordenamiento Urbano y que requería necesariamente escuchar a los vecinos antes de adoptar una decisión.

Desde el Municipio de San Isidro, por su parte, habían asegurado a este medio que el emprendimiento “está dentro de los parámetros de lo que permite el Código de Ordenamiento Urbano” y que “no afecta la barranca”.

La comuna había explicado además que, por tratarse de un desarrollo multifamiliar de determinadas características, correspondía tramitarlo como una Urbanización Especial y someterlo a una Evaluación de Impacto Ambiental.

“El objetivo es evaluar los posibles impactos de la obra y definir las medidas necesarias para mitigarlos o minimizarlos, garantizando un desarrollo compatible con el bienestar del barrio”, habían señalado desde el Ejecutivo municipal.

Aquellas declaraciones correspondieron a la presentación original del emprendimiento, anterior a la reformulación realizada por la desarrolladora el 25 de septiembre. No se cuenta hasta el momento con una posición actualizada del Municipio respecto de los cambios introducidos y los nuevos cuestionamientos planteados por la oposición.

Con la sesión extraordinaria finalmente caída por falta de quórum, el Concejo Deliberante no tratará este miércoles el pedido de rechazo al proyecto. Sin embargo, eso no implica una aprobación del emprendimiento, cuyo expediente continúa sujeto al procedimiento administrativo correspondiente.

Mientras la definición permanece en manos del Ejecutivo municipal, los vecinos que reclaman preservar la barranca sostienen que la discusión excede a una obra puntual y advierten que una autorización de estas características podría modificar el perfil urbano de uno de los sectores más tradicionales de Martínez.

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