En un fallo que roza lo absurdo y despierta furia, la Justicia Federal decidió este 14 de marzo restituir un predio clave en el kilómetro 46 de la autopista Panamericana, en Pilar, a Mateo Corvo, un empresario condenado por lavar dinero del narcotráfico. El juez Marcelo Martínez de Giorgi, desde los tribunales de Comodoro Py, dio un golpe inesperado al desestimar un embargo avalado por la legislatura bonaerense y le arrancó al Municipio de Pilar un espacio que desde 2020 salvó miles de vidas como vacunatorio y centro de salud. Sí, leyó bien: un terreno que pasó de ser un “elefante blanco” a un símbolo de resistencia en la pandemia ahora vuelve a manos de una red ligada al crimen organizado.
El predio en cuestión, expropiado en una megacausa que sacude hasta los cimientos, estaba embargado por su rol en el lavado de fondos narcos. Mateo Corvo, a través de su empresa Pilar Bicentenario S.A., soñaba con convertirlo en un polo de lujo con barrios cerrados, estación de tren y estacionamiento privado. Pero en 2016, una denuncia desde Estados Unidos destapó la mugre: el proyecto era una fachada para inyectar en Argentina dinero sucio del narcotraficante colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos, un exsocio de Pablo Escobar que exportó nueve toneladas de cocaína al país del norte. La investigación, con sentencia firme, también salpica a María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín, viuda e hijo del capo del Cartel de Medellín, quienes habrían sido piezas clave en esta maquinaria de blanqueo.
El embargo parecía inamovible. En julio de 2024, la Corte Suprema ya había desechado los planteos de Corvo, y el predio, ubicado en una zona estratégica, encontró un propósito noble bajo la gestión del Municipio de Pilar. Desde 2020, fue un vacunatorio esencial durante la pandemia, un lugar donde miles de vecinos se protegieron del virus o accedieron a testeos. Después, siguió como centro de salud, con campañas de vacunación, revisiones médicas y consultas de especialidades. Un bien social ganado a pulso por la comunidad, que ahora la Justicia le arrebata para devolvérselo a un condenado.
¿Y qué hace Martínez de Giorgi? Ignora todo eso y, en una decisión inédita, le entrega el predio a Corvo, como si el lavado de dinero narco fuera un detalle menor. Mientras tanto, Piedrahita Ceballos, deportado a Colombia tras cumplir condena en EE.UU., enfrenta un pedido de extradición argentina que parece diluirse en la burocracia. La pregunta retumba: ¿cómo es posible que un juez priorice los intereses de una red criminal sobre las necesidades de una comunidad que convirtió un símbolo de corrupción en uno de vida?
Pilar pierde un espacio vital, y la sensación de impunidad se agranda. La Justicia, que debería proteger, hoy parece darle la espalda a los vecinos y un guiño a los narcos. Indignante, por decir lo menos.
