El jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, quedó envuelto en una nueva polémica luego de que trascendieran datos sobre los gastos con tarjetas de crédito de su núcleo familiar, que superarían ampliamente el ingreso mensual que percibe como funcionario.
Según información difundida en distintos medios, Adorni cobra alrededor de $3.500.000 mensuales por su función en el Gobierno nacional. Sin embargo, registros de consumos con tarjetas de crédito atribuidos al grupo familiar indicarían gastos que rondan los $17.000.000 en un solo mes.
De acuerdo con los datos difundidos, el total surge de aproximadamente $10 millones en una tarjeta y $7 millones en otra, correspondientes a consumos realizados por el funcionario y su esposa.
Parte de esa información habría surgido de resúmenes de tarjetas que figuran en los registros del Banco Central, lo que llevó a que distintos sectores políticos y mediáticos comenzaran a cuestionar la relación entre el ingreso declarado por el funcionario y el nivel de gastos del núcleo familiar.
La controversia se da además en medio de otras discusiones públicas recientes vinculadas al entorno del jefe de Gabinete. Días atrás se conoció que Adorni participó de la gira oficial denominada Argentina Week en Estados Unidos, durante la cual viajó a Nueva York acompañado por su esposa, Bettina Angeletti.
El viaje generó cuestionamientos porque la mujer formó parte del traslado en el avión presidencial, lo que derivó en pedidos de informes desde sectores de la oposición. El funcionario explicó que su esposa ya tenía un pasaje comprado a Nueva York y que decidió acompañarlo durante la gira oficial.
Durante su estadía en la ciudad estadounidense, la comitiva se alojó en el hotel cinco estrellas The Langham, ubicado en la Quinta Avenida de Manhattan. Según tarifas publicadas por el propio establecimiento, las habitaciones pueden rondar los US$1.500 por noche, dependiendo de la categoría.
A esto se sumó otra polémica mencionada en informes periodísticos: un presunto viaje a Punta del Este en un vuelo privado valuado en unos US$10.000, lo que también generó cuestionamientos sobre el origen de los fondos utilizados.
En paralelo, algunos informes también pusieron el foco en los consumos atribuidos a la esposa del funcionario. Según esos registros difundidos, los gastos mensuales en los últimos meses habrían oscilado entre $8 millones y más de $10 millones, con picos superiores a $15 millones en algunos períodos.
Hasta el momento no hubo una explicación pública detallada sobre el origen de los fondos que permitieron afrontar esos consumos. Desde el entorno del funcionario señalan que los movimientos financieros del grupo familiar no necesariamente se limitan al sueldo que percibe por su función pública.
En la Argentina, los funcionarios nacionales deben presentar declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción, donde se consignan bienes, ingresos y evolución patrimonial. Esos documentos son los que permiten evaluar si existe o no una incompatibilidad entre los ingresos declarados y el nivel de gastos.
Mientras tanto, el tema ya comenzó a escalar en el plano judicial. Según trascendió, se presentaron denuncias para que se investigue el caso y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) inició una investigación preliminar para determinar si existieron irregularidades.
Por ahora, la situación se mantiene en el terreno de la controversia política y mediática, mientras crecen los pedidos de explicaciones sobre cómo se financia un nivel de gastos que, según los datos difundidos, supera ampliamente el ingreso declarado por el funcionario.