La comisión directiva de la institución cuestionó la revocación del permiso dispuesta por el intendente Ramón Lanús y anticipó acciones legales. El Municipio ratificó su decisión, fundamentada en una deuda cercana a los $400 millones y otros incumplimientos contractuales. El conflicto abre interrogantes sobre el futuro de la administración del campo de golf.
El conflicto entre el Municipio de San Isidro y el Boulogne Golf Club sumó un nuevo capítulo. Luego de que el intendente Ramón Lanús resolviera revocar el permiso de uso y ocupación del predio municipal de 16 hectáreas que utiliza la institución, la comisión directiva del club rechazó la medida y anunció que recurrirá a la Justicia para defender sus intereses.
La respuesta se conoció este viernes, apenas un día después de que el gobierno municipal comunicara su decisión de recuperar la administración del terreno ubicado frente a la autopista Panamericana, en Boulogne, por una serie de incumplimientos contractuales que incluyen una deuda cercana a los $400 millones.
A través de un comunicado oficial, las autoridades del club expresaron su rechazo a la resolución del Ejecutivo municipal y confirmaron que avanzarán con acciones legales.
Sin embargo, la institución no precisó qué tipo de presentación judicial realizará ni cuáles serán los argumentos jurídicos con los que buscará cuestionar la decisión. Tampoco respondió públicamente a cada una de las irregularidades denunciadas por la Municipalidad.
Según publicó el diario La Nación, fuentes vinculadas al Boulogne Golf Club reconocieron que la entidad estaba al tanto de la deuda acumulada por el incumplimiento del canon. De hecho, antes de conocerse la decisión definitiva de la comisión directiva, desde la institución habían señalado que intentaban negociar con el Municipio una forma de pago para regularizar la situación.
El origen del conflicto se remonta al convenio firmado en 2013, durante la gestión del exintendente Gustavo Posse, cuando el Municipio otorgó a la asociación civil un permiso de uso por veinte años sobre el terreno que ocupaba gratuitamente desde 1962. El acuerdo establecía, entre otras obligaciones, el pago de un canon mensual equivalente al 50% de la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL).
De acuerdo con la información difundida por la administración de Lanús, el club dejó de abonar ese canon en julio de 2014 y no volvió a realizar pagos desde entonces. Al 29 de julio de 2026, la deuda vencida ascendía a casi $400 millones.
Pero el incumplimiento económico no fue el único argumento utilizado por el gobierno local. La Municipalidad también señaló que el club había celebrado contratos con dos empresas para explotar comercialmente once estructuras publicitarias instaladas sobre la Panamericana, sin informar esos acuerdos en los plazos establecidos. Además, cuestionó la realización de distintas obras dentro del predio sin presentar los planos ni tramitar las autorizaciones correspondientes.
Al anunciar la revocación, Lanús sostuvo que el terreno pertenece a todos los vecinos de San Isidro y cuestionó que la institución llevara doce años sin pagar el canon establecido. El jefe comunal defendió la recuperación del espacio y aseguró que su administración busca garantizar un aprovechamiento más amplio y transparente de los bienes municipales.
Tras conocerse el comunicado del club, fuentes del Municipio consultadas por La Nación ratificaron la decisión oficial. También aseguraron que la institución había recibido comunicaciones vinculadas con sus obligaciones económicas y remarcaron que el pago del canon era una exigencia contractual que no dependía de la recepción de una boleta.
La decisión municipal establece que, una vez concretada la restitución del predio, su administración quedará bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes. El Ejecutivo aseguró que se garantizará la continuidad de la práctica del golf y de las demás actividades deportivas y sociales, aunque anticipó que buscará ampliar las posibilidades de acceso para los vecinos del distrito.
En ese marco, la Municipalidad también anunció que abrirá un canal de diálogo con socios y residentes para informar cómo se desarrollará la transición y escuchar sus inquietudes.
Por el momento, no se informó públicamente que el club haya presentado una demanda judicial ni que exista una medida cautelar que suspenda los efectos de la revocación. La institución anticipó que recurrirá a la Justicia, mientras que el Municipio mantiene su intención de asumir la administración del espacio.
De esta manera, una decisión que comenzó como un procedimiento administrativo por incumplimientos contractuales amenaza con trasladarse a los tribunales, con el futuro del predio municipal y su esquema de funcionamiento como principales puntos de disputa.
