Un día como hoy, en el año 2010, se sancionaba en nuestro país la Ley de Matrimonio Igualitario.
La posibilidad de contraer matrimonio entre personas del mismo género se transformó en una realidad efectiva, gracias a la lucha de décadas del movimiento LGBTIQ+, y a la voluntad de un gobierno popular que vio como una prioridad de su gestión la ampliación de derechos para toda la población, y las necesidades del colectivo como una cuestión de derechos humanos. En este sentido, la Argentina es un país pionero: se transformó en el primero de Latinoamérica en sancionar la Ley de Matrimonio, y sentó los precedentes para una Ley de Identidad de Género que hoy es una de las mejores del mundo. Esto no es ajeno a los procesos de organización popular que nos caracterizan como país. Vivimos en una sociedad que entendió, hace más de setenta años, que la salida siempre es colectiva. El movimiento LGBTIQ+ en particular cuenta con referentes como Lohana Berkins, Diana Sacayán, Ilse Fuskova y Carlos Jaúregui, que dedicaron su vida a la causa y tejieron redes que, más allá de la agenda legislativa, salvaron las vidas de cientos de lesbianas, gays, bisexuales, y trans en todo el país.
Si bien los feminismos y colectivos LGBTIQ+ tambien cuestionamos históricamente el matrimonio como institución, entendiendo que es una estructura sostenida muchas veces por una sociedad machista, que garantiza entre otras cosas que los hombres dominen económicamente a las mujeres, y también está estrechamente vinculado a las creencias religiosas que desde hace siglos coartan nuestros deseos, no sé puede negar que la legalización del matrimonio igualitario fue un punto de giro para nuestra sociedad. El Estado argentino reconoció, por primera vez, que las relaciones de pareja entre personas del mismo género – lesbianas, gays y bisexuales – eran válidas ante la ley, y que merecían los mismos derechos y garantías que las parejas heterosexuales. Tratándose de un colectivo que históricamente fue patologizado y criminalizado desde los mismos organismos estatales, esto constituye un cambio de paradigma que no es menor.
Es más, permitió que otras construcciones de sentidos circularan en el discurso público, sentando las bases para establecer un nuevo sentido común en el cual la disidencia sexual es tomada como algo natural, posible y legítimo.
Las resistencias no fueron pocas. Todes nos acordamos de la marcha del Opus Dei que también llenó las calles ese día, especialmente indignades por la posibilidad de que las parejas LGBTIQ+ pudieran adoptar niñes, y afirmaban, entre otras cosas, que íbamos a venir a robarles a sus hijes. Hoy, a 12 años de la sanción de esta ley, seguimos siendo atacades todos los días.
En Marzo de 2021, Tehuel de la Torre, un pibe trans de San Vicente, salió de su casa rumbo a una entrevista de trabajo y nunca más se lo volvió a ver. Hace pocos meses, se lograba la absolución de Higui De la Cruz, una lesbiana que fue presa y estuvo a punto de ser condenada por homicidio tras defenderse de una violacion correctiva.
Nuestra historia es una de pérdidas y conquistas, de avances y retrocesos, de duelos y ausencias pero también de una profunda convicción y alegría de ser fieles a nuestras identidades y deseos, de crear nuevas posibilidades para habitar nuestros cuerpos, otras formas de pensarse, nombrarse, y construir con otres. Como decía Carlos Jaúregui, en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo siempre, siempre es una respuesta política, y como tal, una herramienta indispensable para transformar la realidad y construir un mundo mejor para les que están y les que vendrán después.
Fuente: (Por Felicitas Escardó – Militante de Mala Junta – Frente Patria Grande y del Ateneo Néstor Kirchner San Fernando. Trabajadora del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires)