El Honorable Concejo Deliberante de Vicente López llevó a cabo una nueva sesión ordinaria en la que se solicitó al gobierno municipal pedidos de informes relacionados a la implementación del programa integral Protección Ciudadana y sobre los nuevos convenios con las empresas Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) y Gas Natural.
El proyecto de resolución, presentado por el bloque Coalición Cívica- Unión Por Todos y aprobado en el recinto, requiere documentación sobre la aplicación del programa Protección Ciudadana, anunciado en marzo por el gobierno Nacional, según el convenio realizado entre la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Seguridad provincial y el Gobierno municipal.
“Lo que se pide es información relacionada con la implementación del plan y si se cumplió con lo acordado. Si ingresaron los recursos, la compra de cámaras, la incorporación del personal, entre otras cosas”, sostuvo el edil Luis Parodi. Además afirmó que “el tema es que se anuncian convenios, que en otros municipios ya están funcionando, pero en Vicente López no se sabe que pasa”.
Según los concejales del mismo bloque, la última información relacionada al plan es la licitación realizada por la compra de cámaras de seguridad que no coincide con la cantidad acordada en el contrato.
El programa integral Protección Ciudadana plantea la instalación de GPS en los móviles policiales, la colocación de cámaras de seguridad en la vía pública y la incorporación de policías retirados para acrecentar la presencia en las calles. El presupuesto para su aplicación en el municipio es de 40 millones de pesos.
Por otra parte, el tema que generó gran debate en la sala fue el pedido de informe al Departamento Ejecutivo sobre los convenios realizado son Aysa y Gas Natural Ban S.A ya que hubo encontronazos entre opositores y oficialistas ante la aprobación del dictamen de mayoría por 15 votos positivos y 7 negativos. Estos acuerdos están referidos a la ampliación de las redes de gas natural, agua y desagües cloacales en la franja costera del partido.
A pesar de la importancia del proyecto, la discusión se derivó hacia el tema del acceso a la información y las diferencias que existen entre los bloques opositores.
La presidenta de la comisión de Tratamiento de la Zona Costera, Marta Guardo, afirmó: “El derecho a la información tiene límites”, mientras que la edil, Blanca Díaz, apuntaló que “El poder tiene que servir para transformar la realidad social y la información permite transparentar una gestión”.
Por su parte, Carlos Roberto manifestó que “Espero que Vicente López tenga una ordenanza para el pedido de información”, y agregó que la misma debe ser pública y de libre acceso para todos ciudadanos”.
Fuente: www.zonanortediario.com.ar