El Ministerio de Relaciones Exteriores formalizó una contratación por más de $114 millones con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El Gobierno aseguró que se cumplieron todos los pasos legales y que intervinieron la Oficina Anticorrupción y la SIGEN, mientras desde la oposición cuestionaron el monto y anunciaron posibles denuncias.
La Cancillería adjudicó un contrato por $114.044.133 para la capacitación en idioma inglés de 132 agentes diplomáticos y aspirantes, en el marco del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2025–2027. La entidad adjudicataria es la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), institución que tiene como directora ejecutiva a María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico Sturzenegger.
La contratación se tramitó mediante una Adjudicación Simple por Especialidad y quedó formalizada a través de la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE, bajo el procedimiento 26-0033-CDI25 publicado en el sistema COMPR.AR. En el expediente se dejó constancia de que, al analizar la Declaración Jurada de Intereses prevista por el Decreto 202/2017, surgió un “vínculo positivo” entre una autoridad de la entidad adjudicataria y un ministro nacional. La Oficina Anticorrupción encuadró ese vínculo como “familiar (matrimonio)”.
Ante esa situación, intervinieron la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), y se dispuso la firma de un “Pacto de Integridad” entre el Estado y la AACI como mecanismo adicional de transparencia. Ese instrumento compromete a las partes a no ofrecer ni aceptar beneficios indebidos y a prevenir conflictos de interés.
Desde el Gobierno afirmaron que el procedimiento “no tuvo irregularidades” y que la Cancillería contrata a la AACI desde 2018 para la capacitación en inglés del personal diplomático. También señalaron que el monto actual corresponde al valor acordado en 2018, actualizado por inflación. El canciller Pablo Quirno defendió la operación en redes sociales y sostuvo que se activaron todos los mecanismos de control previstos por la normativa vigente.
El contrato tiene una duración de nueve meses, de marzo a noviembre, con opción de prórroga por igual plazo. Incluye cursos regulares (110 agentes) y talleres especializados (22 diplomáticos), con clases de dos horas y media semanales en la sede de la AACI en Suipacha 1333, en la Ciudad de Buenos Aires. El servicio contempla además plataforma virtual de apoyo, seguimiento de asistencia, informes de progreso, certificación bajo estándares internacionales y provisión de bibliografía de editoriales como Oxford y Cambridge.
El esquema de pagos prevé un adelanto de hasta el 40% del monto total contra factura y contragarantía, mientras que el 60% restante se abonará en dos tramos del 30%, sujetos a la presentación de resultados intermedios y finales.
Según consta en el expediente, al momento de la apertura se registró una única oferta: la presentada por la AACI. En los considerandos se argumentó que la institución resultaba el “único prestador” capaz de garantizar la continuidad del programa por su trayectoria y antecedentes en capacitaciones similares dentro del Ministerio.
La polémica se amplificó tras un cruce de datos difundido por la Agencia Noticias Argentinas, que comparó el valor por alumno del contrato estatal con el costo que abona un particular. De acuerdo con esa información, un curso regular equivalente ofrecido al público general tiene un valor mensual de $85.000 durante nueve meses, lo que totaliza $765.000 por alumno. En cambio, al dividir el monto global del contrato por los 132 agentes previstos, el Estado desembolsaría aproximadamente $863.970 por cada funcionario.
Desde ámbitos oficiales indicaron que la contratación no se limita a un curso estándar, sino que comprende un “servicio integral” con materiales importados, certificaciones y evaluaciones específicas para el cuerpo diplomático. Sin embargo, la diferencia de valores generó cuestionamientos sobre el costo por alumno y el uso de fondos públicos en un proceso de contratación directa.
Desde la oposición, la senadora Juliana Di Tullio (FPV-Buenos Aires) calificó el contrato como “un choreo de acá a Júpiter” y anunció que impulsará una denuncia. En paralelo, se recordó que en 2024 existió otra contratación entre Cancillería y la AACI por $55.388.180, en cuya documentación pública no figura la suscripción de un Pacto de Integridad.
La controversia se da en un contexto de alta sensibilidad política, debido al vínculo familiar entre la directora ejecutiva de la entidad contratada y un ministro del Gabinete nacional. Mientras el oficialismo insiste en que se cumplieron “todos los pasos legales” y que los organismos de control intervinieron de manera expresa, la oposición puso el foco en el monto adjudicado y en las condiciones económicas del acuerdo.