Llegó prometiendo austeridad y transparencia. Armó un gabinete más grande que el de su antecesor, tercerizó la seguridad pública a una cooperativa con trabajo en negro, siguió pagando millones a la empresa de basura con el contrato vencido y aprobó el nuevo Código Urbano en 30 días cuando los expertos pedían cuatro meses. Un repaso exhaustivo de los problemas de gestión del intendente que quiere ser gobernador de Buenos Aires.
Julio César Alak lleva 18 años acumulados como intendente de La Plata. El actual es su quinto mandato. Ganó las elecciones de octubre de 2023 por 856 votos, en un escrutinio que incluyó urnas vacías y cuestionamientos de la parte perdedora, y asumió el 10 de diciembre prometiendo algo que los platenses escuchan cada cuatro años: reconstruir el municipio, poner orden, gobernar con transparencia.
Dos años y medio después, el balance es más complejo que el relato oficial. Lo que encontró al llegar fue, en efecto, un desastre: planta municipal duplicada, ñoquis, contratos irregulares, funcionarios presos cobrando sueldos. Todo eso es real y está siendo investigado judicialmente. Pero bajo la alfombra de las denuncias a su antecesor, la gestión propia de Alak acumula sus propias irregularidades: un megagabinete armado como reparto político, contratos millonarios con empresas cuestionadas, licitaciones con la firma después que el trabajo, y una empresa de residuos que sigue absorbiendo el 25% del presupuesto sin que nadie la controle en serio.
Esta es la historia de lo que no aparece en los comunicados de prensa.
I. La herencia real: lo que Alak encontró y denunció
El 10 de diciembre de 2023, Alak asumió y ordenó de inmediato dos auditorías —una interna y una externa, a cargo de la Asociación de Auditores Internos del Estado (AAIE)— para relevar el estado real del municipio. Los resultados fueron, en sus propias palabras, “un desorden escandaloso”.
Entre los casos más llamativos: una persona fallecida en 2021 siguió figurando en nómina y percibiendo haberes hasta 2023. Dos trabajadores descubrieron que tenían contratos municipales recién cuando fueron a tramitar la Asignación Universal por Hijo en ANSES y el sistema les rechazó la solicitud por figurar como empleados en relación de dependencia. El grueso de las contrataciones irregulares se concentró en los años electorales: 2021 y 2023.
En el plano financiero, la auditoría de la AAIE detectó que en el último semestre de Garro se gastaron 7.044 millones de pesos en compras y contrataciones, y que el 62% de ese dinero se ejecutó mediante contratación directa —el mecanismo menos transparente—, cuando la normativa lo contempla solo para situaciones de excepción. El documento señaló además que “el Municipio carece de procedimientos escritos de control interno que aseguren confiabilidad en las operaciones”.
En febrero de 2024, Alak formalizó la denuncia penal ante la Fiscalía N°16 a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta por fraude, malversación, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. En marzo de 2025, la Justicia allanó el domicilio de Garro, la Municipalidad y las oficinas de cuatro empresas privadas, secuestrando celulares y computadoras. El ex intendente fue imputado, junto a siete personas más, por asociación ilícita, falsedad ideológica y administración fraudulenta en el marco de convenios urbanísticos con desarrolladores inmobiliarios privados. Entre los imputados figuran ex funcionarios del área de Planeamiento Urbano y Obras Viales.
Todo lo anterior es la herencia recibida. Las causas judiciales están en curso y corresponden a la administración anterior. El problema es lo que viene a continuación: mientras Alak construía su narrativa sobre el desastre ajeno, en su propio gobierno se acumulaban problemas que merecen el mismo escrutinio.
La gestión propia
II. El megagabinete: más secretarías que su antecesor
El mismo día que prometía austeridad, Alak diseñaba uno de los gabinetes más grandes de la historia del municipio platense. Donde Garro gobernaba con 16 secretarías, Alak arrancó con 19 secretarías más la Jefatura de Gabinete. Semanas después, creó por decreto la Unidad Ejecutora de Eficacia Administrativa e Información Estratégica, llegando a 20 carteras más la Jefatura de Gabinete.
La lógica del armado no fue la eficiencia sino el reparto: cada sector del peronismo platense obtuvo su casillero. La Cámpora se quedó con Salud y Cultura. El espacio de Victoria Tolosa Paz, con Desarrollo Social y la nueva Unidad Ejecutora. El Movimiento Evita obtuvo la Secretaría de Economía Popular, creada especialmente para ellos. Los gremios, los movimientos sociales, el bruerismo, el tolosismo: todos tuvieron su lugar.
El concejal Nicolás Morzone (PRO) documentó que la planta política se duplicó y que el organigrama real de la gestión no fue publicado en la web oficial del Municipio, impidiendo cualquier control ciudadano sobre quién ocupa qué cargo y a qué salario. “Desconocemos qué es lo que hace Luis Arias, ya que su lugar se llama secretaría de Coordinación y Bonicatto tiene la jefatura de Gabinete, y por ley orgánica de Municipales, la secretaría de Coordinación es la jefatura de Gabinete”, señaló el concejal.
Un detalle que define el estilo de la gestión: Alak le entregó el control de la Tesorería del Consejo Escolar —el organismo que maneja los recursos para obras y mobiliario en las escuelas platenses— a Darío Alfano, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales. El mismo Alfano que durante la gestión Garro fue señalado por los propios gremios como articulador de las “paritarias truchas” que dejaron a los municipales con salarios pulverizados por la inflación.
III. La licitación que empezó antes de existir
El 19 de noviembre de 2025, La Plata festejó su 143° aniversario con un festival frente al Palacio Municipal. Bandas en un gran escenario en Plaza Moreno, miles de vecinos, una postal de gestión exitosa. Lo que el municipio no contó fue lo que pasó días antes.
Una investigación de El Editor Platense reconstruyó la cronología con documentos oficiales. El 10 de noviembre, Alak firmó el Decreto N°2762/25 llamando a la Licitación Privada N°105-25 para el alquiler y montaje del escenario. La adjudicación a la empresa MediaPila S.R.L. se oficializó el martes 18 de noviembre. Sin embargo, la empresa ya estaba trabajando en el montaje desde el día 16: dos días antes de tener ningún vínculo contractual formal con el Estado municipal.
Abogados especialistas en derecho administrativo consultados por el medio fueron categóricos: el procedimiento constituye una grave irregularidad administrativa. La normativa de contratación pública establece que la ejecución de un servicio solo puede comenzar luego de la adjudicación y el perfeccionamiento del contrato. El argumento de la “urgencia” no aplica: el Municipio sabía desde principios de octubre que el aniversario era el 19 de noviembre y ya había abierto el sorteo para bandas locales semanas antes.
Atrás del Ombú S.R.L. ganó dos licitaciones en el mismo evento. La misma empresa, dos contratos separados.
IV. $1.800 millones a una cooperativa con trabajo en negro
La gestión Alak ha convertido las plazas y espacios públicos en su vitrina más visible. El patrullaje con “Tito” —el vehículo eléctrico de seguridad—, los uniformados en los paseos. Una imagen de orden. Detrás de esa imagen hay un contrato que nadie explica.
El problema es lo que la Municipalidad sabía —o debía saber— sobre El Custodio:
- Denuncias por despidos sin causa y trabajo en negro en múltiples municipios de la provincia
- Salarios por debajo del convenio colectivo y falta de obra social para sus trabajadores
- Situaciones de acoso laboral documentadas sin sanciones internas
- Una denuncia judicial radicada en La Plata por un trabajador que prestaba servicios “totalmente en negro”, de lunes a sábado de 19 a 7, y fue despedido sin liquidación
- Juicios por despidos irregulares en Mar del Plata, donde también presta servicios
Según la investigación de El Editor Platense, en la práctica se detectaron guardias asignados a dependencias cerradas y agentes que directamente no se presentaban a trabajar. La gestión no aplicó sanciones, no rescindió el contrato ni brindó explicaciones públicas sobre la elección de esta cooperativa específica.
Esto abre interrogantes. ¿Por qué se mantiene un contrato tan millonario con una firma cuestionada? ¿Por qué no se fiscaliza si los custodios efectivamente están trabajando?
V. ESUR: el monstruo que todos prometieron matar y nadie toca
Para entender la historia de ESUR hay que remontarse a la dictadura. En los años ’80, el entonces intendente Abel Román firmó un contrato de 20 años con la empresa Transporte 9 de Julio para la recolección de residuos en La Plata. Desde entonces, con distintas fusiones y reconversiones —hoy opera como ESUR S.A.—, la misma empresa mantiene el negocio. En campaña, Alak prometió “eliminar los basurales enormes” que afean los barrios platenses. Llegó al poder y, como todos sus antecesores, no tocó el contrato.
El tamaño del negocio
ESUR absorbe entre el 20% y el 25% del presupuesto municipal anual. En el debate presupuestario 2025, el concejal libertario Guillermo Bardón documentó que el área de recolección tuvo un incremento del 40% y que el nuevo aumento otorgado a ESUR superó en un 18% la inflación anual, llevando a la empresa a percibir 200 millones de pesos por día. En el Presupuesto 2026 se proyectaron 80.000 millones de pesos para el servicio. La oposición exigió explicaciones durante la rendición de cuentas 2024 sobre por qué la gestión no renegoció el contrato pese a los incumplimientos reiterados.
El servicio que no se presta
Pese a esos montos, los barrios periféricos de La Plata conviven crónicamente con la basura acumulada. Vecinos de Los Hornos, Villa Elvira, Altos de San Lorenzo, Tolosa y José Hernández documentan los mismos problemas de siempre: recorridos incumplidos, contenedores desbordados, microbasurales con presencia de roedores. En el casco urbano, vecinos de la zona de 19 y 58 filmaron camiones que “chorrean agua putrefacta” en su recorrido.
Las muertes
En septiembre de 2024, un camión de ESUR atropelló y mató a un hombre de 49 años en la calle 15 entre 519 y 520. En 2025, la trabajadora barrendera Noelia Sosa perdió la vida al ser embestida por otro vehículo de la empresa. Vecinos y legisladores preguntan desde entonces si los conductores reciben capacitación adecuada y si los camiones tienen mantenimiento correcto. La Municipalidad no brindó respuestas públicas sobre ninguno de los dos casos.
El contrato vencido que igual se paga
El contrato original de ESUR estaba vencido. La gestión Alak continuó pagando los montos millonarios sin sustento contractual válido, situación que derivó en un debate encendido en el Concejo Deliberante. La oposición exigió explicaciones durante la rendición de cuentas 2024 y no las obtuvo.
Organizaciones ambientales también señalaron que la gestión viola la Ordenanza Basura Cero al no publicar los informes obligatorios de gestión de residuos reciclables. La ONG “Nuevo Ambiente” elevó pedidos de informes en 2025 y advirtió con denunciar a funcionarios por incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación del principio de transparencia.
VI. El Código Urbano que se aprobó en 30 días
El 2 de diciembre de 2025, el Concejo Deliberante aprobó el nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT) impulsado por Alak. La norma reemplaza una ordenanza vigente desde la gestión de Pablo Bruera y definirá el crecimiento de la ciudad durante los próximos 50 años. Una regulación de semejante envergadura requería, según el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, entre 90 y 120 días de análisis técnico y participación ciudadana genuina.
El COUT llegó al Concejo y fue aprobado en 30 días. El Colegio de Arquitectos calificó el proceso como “fugaz” y señaló que no puede considerarse una verdadera instancia participativa, ya que no se proveyó “tiempo ni documentación suficiente para producir un dictamen serio”. Las instituciones convocadas solo pudieron ofrecer “reflexiones preliminares”.
El punto más sensible es estructural: los vacíos legales que genera la falta de “acople coherente” entre el código anterior y el nuevo significan que las decisiones sobre proyectos de construcción quedan sujetas a mayor discrecionalidad de los funcionarios municipales de turno. Asambleas de vecinos de zonas inundables denunciaron no haber sido convocadas al proceso participativo pese a que la ordenanza lo establece como obligatorio. Para estas comunidades —que vivieron las inundaciones de 2013— el nuevo código puede reabrir la puerta a habilitaciones en zonas de humedales si no incorpora restricciones precisas.
VII. Los 400 barrios ilegales: la denuncia sin lista
En octubre de 2024, Alak firmó el Decreto N°2514/24 suspendiendo por 180 días las obras en más de 400 barrios privados que habían avanzado sin la convalidación provincial requerida por la Ley 8912. La medida fue acompañada de una denuncia judicial y presentada como un gesto de control urbanístico. Sin embargo, durante más de cuatro meses, pese a los pedidos formales de todos los bloques opositores, la gestión nunca publicó el listado de los barrios alcanzados por la suspensión.
La consecuencia práctica fue que en redes sociales siguieron promocionándose ventas de lotes en zonas afectadas, y compradores de buena fe adquirieron terrenos que no podrán escriturarse. Al menos en un caso —el barrio Urbell en City Bell, con lotes a más de 120.000 dólares— la construcción continuó a pesar de la prohibición, generando sospechas de trato diferencial que el Municipio no aclaró.
VIII. El transporte: criticar lo que luego uno mismo hace
Durante los años de Garro, el peronismo en el Concejo exigió que se llamara a licitación para renovar las concesiones del transporte público. Garro anunció que tenía listo el pliego. Nunca lo presentó.
En septiembre de 2024, Alak firmó el Decreto N°2324/24 prorrogando las mismas concesiones hasta diciembre de 2025, sin licitarlas. Las empresas continuaron operando bajo contratos que ya estaban vencidos hacía más de un año. La oposición señaló el “evidente limbo” jurídico. La nueva licitación que debía resolverlo fue postergada.
IX. La promesa de la gobernación y lo que eso significa
Alak tiene 73 años y lleva más de tres décadas en la política platense. Según distintas fuentes periodísticas, su horizonte no es otro mandato en el municipio sino la Gobernación de Buenos Aires para 2027, cuando Axel Kicillof irá por la presidencia. El ex presidente Eduardo Duhalde lo habría avalado como el candidato más viable del peronismo bonaerense en una cena política reciente.
El dato no es menor a la hora de leer la gestión. Un intendente que gobierna con la cabeza puesta en la candidatura provincial tiene incentivos para priorizar la imagen sobre el fondo: inaugurar plazas, anunciar obras, aparecer en los medios. La oposición lo dijo sin eufemismos durante la apertura de sesiones de 2025: “Anunció obras que privilegian al casco fundacional de la ciudad. Lo grave es que son las mismas que prometió en 2024.”
En 2026, la gestión atraviesa uno de sus momentos más complejos: deudas acumuladas, recaudación propia por debajo de las proyecciones y demoras en las transferencias provinciales. Varios contratos debieron darse de baja. El mantenimiento de calles, el alumbrado y la recolección de residuos en los barrios periféricos —los servicios más básicos— siguen siendo los principales reclamos de los vecinos.
X. El doble estándar
El hilo conductor de los dos años y medio de gestión Alak es una paradoja: el político que más duramente cuestionó las prácticas de su antecesor reprodujo, con distintos actores y distinto color político, buena parte de esas mismas lógicas.
Denunció los ñoquis y armó un gabinete sobredimensionado cuyo organigrama no publicó. Denunció las contrataciones opacas y pagó $1.800 millones a una cooperativa con trabajo en negro sin explicar la elección. Denunció el monopolio de la basura durante ocho años en la oposición y llegó al gobierno sin tocar a ESUR. Denunció las habilitaciones inmobiliarias irregulares y aprobó el nuevo Código Urbano en la mitad del tiempo que pedían los técnicos. Denunció los contratos sin respaldo y adjudicó un evento con la empresa ya trabajando.
Nada de esto equivale a los cargos que pesan sobre Garro, actualmente imputado. La diferencia de escala importa. Pero la dirección del patrón también importa, especialmente cuando el hombre detrás de ese patrón aspira a gobernar la provincia más poblada del país.
Los vecinos de La Plata llevan décadas escuchando que el que llega va a terminar con los vicios del que se va. ESUR sigue. Los contratos directos siguen. El organigrama opaco persiste. Cambian los nombres y los colores partidarios. El sistema permanece.
