El exintendente de Escobar Luis Abelardo Patti, condenado en cuatro oportunidades a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, solicitó a la Justicia Federal autorización para realizar salidas transitorias con el argumento de retomar su antiguo oficio de panadero y fortalecer sus vínculos familiares. El pedido generó un fuerte rechazo de organismos de derechos humanos, familiares de víctimas del terrorismo de Estado y abogados querellantes, quienes cuestionaron la posibilidad de otorgar nuevos beneficios al excomisario bonaerense, que actualmente cumple arresto domiciliario en el barrio privado Septiembre de Belén de Escobar.
La solicitud fue presentada por su abogada defensora, María Laura Olea, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de San Martín, que en 2018 lo condenó por el secuestro y asesinato del periodista Ricardo Gabriel Giménez. El planteo busca que Patti pueda salir periódicamente de su domicilio como parte de un supuesto proceso de reinserción social, pese a las condenas que acumula por secuestros, torturas y homicidios cometidos durante el terrorismo de Estado.
La controversia tomó estado público este lunes 16 de noviembre, cuando el portal Letra P reveló la presentación judicial y la convocatoria a una audiencia para este martes 17, en la que las querellas y familiares de las víctimas podrían expresar su posición frente al beneficio solicitado.
En su escrito, la defensa plantea la necesidad de conceder “salidas transitorias como primer paso en el régimen progresivo de reinserción social, para afianzar y mejorar los lazos familiares y sociales”. También invoca la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y describe la actual detención domiciliaria como un “mortificante encierro carcelario”.
De acuerdo con la información difundida por referentes de derechos humanos de Escobar, la presentación contempla una salida semanal de 24 horas y otra quincenal de 48 horas, bajo palabra de honor. Entre los destinos mencionados figura una chacra perteneciente al suegro de Patti, ubicada en Olivera, partido de Luján, y una panadería situada en Belgrano 349, en Belén de Escobar, propiedad de Alberto Babasz.
Sin embargo, la información periodística difundida inicialmente por Letra P identifica como destino laboral una panadería de Baigorrita, localidad del partido de General Viamonte donde nació Patti y donde, según su defensa, ejerció ese oficio durante aproximadamente 30 años. Por el momento, las distintas versiones sobre el establecimiento propuesto no pudieron ser aclaradas a partir de una resolución judicial pública.
La defensa sostiene que retomar la actividad laboral favorecería la socialización del condenado y contribuiría a mejorar su estado de salud. En cuanto a las visitas a la chacra familiar, argumenta que permitirían fortalecer sus vínculos personales y colaborar con la rehabilitación de una discapacidad visual.
El planteo provocó el rechazo de organizaciones y referentes de derechos humanos de Escobar, que consideran que la gravedad de los delitos por los cuales fue condenado Patti debe ser especialmente valorada al momento de resolver su solicitud.
“Hay que rechazar la medida porque es un atentado contra la Democracia, un guiño hacia los genocidas. Ellos, cuando torturaron a nuestros compañeros, no los dejaron ver la luz del día, entonces será justicia que cumplan sus condenas entre cuatro paredes”, sostuvo Orlando Ubiedo, militante político y sindical de Escobar y compañero de detenidos desaparecidos durante la última dictadura.
En la misma línea se pronunció el abogado querellante Pablo Llonto, quien recordó que el excomisario todavía tiene procesos judiciales pendientes vinculados con su actuación dentro del circuito represivo de Campo de Mayo.
“Nos vamos a oponer a este pedido porque todavía tiene causas pendientes. La Justicia debe investigarlo y juzgarlo por crímenes sucedidos en el circuito represivo de Campo de Mayo en 1976 y 1977”, manifestó.
Llonto también advirtió sobre la particular gravedad de los delitos investigados. “Este tipo de crímenes debe tener una observación especial por parte de los jueces, fueron crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado, son delitos gravísimos y alguno de ellos, como las desapariciones forzadas, se siguen cometiendo”, señaló.
Por su parte, Flavia Batistiol, vecina de Escobar, hija de detenidos desaparecidos, militante por los derechos humanos e integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, expresó su rechazo a la posibilidad de flexibilizar las condiciones de detención.
“No se trata de un preso común, se trata de un condenado por secuestros, torturas, apropiación de niños, desapariciones y asesinatos cometidos desde el aparato del Estado. Son delitos de lesa humanidad, son crímenes que no prescriben, que no se perdonan”, afirmó.
Y concluyó: “Darle libertad condicional es escupir sobre la memoria de los 30.000, sobre el dolor de las Madres, sobre el dolor de las Abuelas, de los Hijos, de los hermanos que todavía estamos buscando”.
Patti, de 73 años, fue intendente de Escobar entre 1995 y 2003, después de desarrollar una extensa trayectoria en la Policía bonaerense. Durante la última dictadura integró estructuras policiales que participaron del aparato represivo en la zona norte del conurbano bonaerense, particularmente en Escobar, Tigre y el circuito de Campo de Mayo.
En 2011 recibió una de sus condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, entre ellos el secuestro, las torturas y el homicidio del militante Gastón Gonçalves. En octubre de 2018 fue condenado por el secuestro y asesinato del periodista Ricardo Gabriel Giménez, ocurrido en enero de 1976, antes del golpe de Estado.
La sentencia más reciente fue dictada en octubre de 2023 por el Tribunal Oral Federal Nº 2 de San Martín, que lo condenó a prisión perpetua como partícipe necesario del asesinato del exdiputado nacional Diego Muñiz Barreto y del intento de homicidio de su secretario, Juan José Fernández, hechos cometidos en 1977.
Patti permanece detenido desde 2008 y cumple arresto domiciliario desde 2017, cuando la Justicia le concedió ese beneficio por razones de salud, tras haber sufrido un accidente cerebrovascular años antes. Desde entonces reside en una vivienda del barrio cerrado Septiembre, en Belén de Escobar.
El nuevo pedido representa una solicitud diferente de la prisión domiciliaria que ya tiene concedida: busca obtener autorización para abandonar periódicamente el domicilio donde cumple sus condenas, con fines laborales y familiares.
La decisión corresponde al Tribunal Oral Federal Nº 3 de San Martín, que debe evaluar los argumentos de la defensa y las objeciones de las querellas. Hasta el momento no se informó públicamente una resolución que autorice las salidas transitorias solicitadas por el exintendente de Escobar.

