El fiscal Gerardo Pollicita pidió información sobre una factura de Rosen The Store emitida a nombre de una empleada estatal cercana al jefe de Gabinete. La operación fue hallada en el celular del contratista que declaró haber cobrado en negro por refacciones en una propiedad de Manuel Adorni. La Justicia también puso la lupa sobre sus operaciones con criptomonedas, sus countries y su entorno familiar.
El fiscal federal Gerardo Pollicita profundizó la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y ordenó nuevas medidas de prueba sobre distintos aspectos de su patrimonio. Entre ellas, aparece una compra que llamó la atención de los investigadores: una factura por más de 8 millones de pesos en sábanas, toallas, acolchados, fundas y otros productos de blanquería de alta gama.
La operación, por $8.183.303,25, corresponde a Rosen The Store y fue encontrada durante el análisis forense del teléfono de Matías Tabar, el contratista que declaró haber cobrado en negro 245 mil dólares por refacciones realizadas en una propiedad vinculada a Adorni en el country Indio Cuá.
La factura fue emitida a nombre de Gisela Kocsis, una empleada estatal que se desempeñó en áreas vinculadas a Medios y Comunicación y que habría trabajado cerca de Adorni cuando este ocupaba la vocería presidencial. Por eso, Pollicita pidió al comercio que informe quién realizó la compra, cómo fue pagada, dónde se entregaron los productos y cuál fue el destino final de la mercadería.
El dato no es menor dentro de la causa: la fiscalía intenta establecer si empleados del entorno del funcionario pudieron haber sido utilizados para canalizar o encubrir gastos que no aparecen reflejados en las declaraciones juradas de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.
La medida está conectada con otro pedido realizado al Golf Club Indio Cuá, donde Adorni primero alquiló una casa y luego compró otra. El fiscal solicitó a la administración del barrio privado los registros de ingresos y egresos entre noviembre de 2024 y agosto de 2025, con especial atención en personas, proveedores o empresas que hayan realizado entregas, tareas de mantenimiento o refacciones en el lugar.
Otro de los ejes centrales de la investigación está puesto en la explicación que dio Adorni sobre el crecimiento de su patrimonio. En una entrevista televisiva, el jefe de Gabinete sostuvo que una parte clave de su evolución patrimonial se explicaba por inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2014. Según esa versión, habría destinado unos 200 mil dólares a la compra de criptomonedas y obtenido ganancias por alrededor de 300 mil dólares.
A partir de esos dichos, Pollicita pidió una copia sin editar de la entrevista que Adorni brindó en LN+ y solicitó a la Comisión Nacional de Valores que informe qué plataformas, exchanges, billeteras, custodios, intermediarios y proveedores de servicios de activos virtuales operaron en la Argentina desde 2012. También requirió un cuadro técnico con la evolución histórica del precio del Bitcoin en dólares desde 2013 hasta la actualidad.
La fiscalía busca determinar si la explicación del funcionario resulta compatible con el mercado disponible en aquel momento, con sus ingresos declarados y con la rectificación que hizo sobre su declaración jurada de 2023. En esa presentación, Adorni incorporó una “venta de activos” por 565 mil dólares, cifra que le permitió equilibrar ingresos y egresos dentro de su declaración patrimonial.
Pollicita también pidió información a la administración de Fincas de Iraola 2, en La Plata, para constatar si Silvia Pais, madre del jefe de Gabinete, reside actualmente allí. En caso afirmativo, requirió conocer bajo qué modalidad se concretó esa residencia, qué montos fueron pactados, cómo se realizan los pagos y si existieron adelantos.
La investigación alcanza además al entorno familiar del funcionario. El fiscal solicitó información al juzgado federal de Daniel Rafecas, donde tramita una causa contra Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete y actual legislador bonaerense de La Libertad Avanza, también investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El objetivo es determinar si existe algún punto de contacto entre ambos expedientes.
En paralelo, la ANSES deberá aportar la historia laboral completa de Manuel Adorni y de su pareja, Bettina Angeletti, desde 2012. La fiscalía también pidió datos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre eventuales vínculos laborales del funcionario con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores, una institución educativa privada sin fines de lucro.
Otro capítulo bajo análisis es la sucesión del padre de Adorni, Jorge Adorni. Pollicita pidió información al juzgado civil de La Plata donde tramita ese expediente para conocer qué bienes fueron denunciados, si existía dinero en efectivo, cuentas bancarias o moneda extranjera. El funcionario había afirmado que, tras la muerte de su padre, encontró dinero en un departamento familiar.
El fiscal también ordenó a la División Antifraude de la Policía Federal realizar un relevamiento de fuentes abiertas, como redes sociales, medios, entrevistas y videos, para reunir declaraciones públicas de Adorni en las que haya mencionado criptomonedas, billeteras virtuales o inversiones digitales. Esa medida se dispuso luego de que circularan videos anteriores en los que el funcionario aparecía tomando distancia del universo cripto o desaconsejando invertir en Bitcoin.
Las declaraciones juradas de Adorni ya fueron incorporadas al expediente y serán analizadas por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones. Una vez concluido ese trabajo técnico, el fiscal podría avanzar con nuevas medidas e incluso convocar al jefe de Gabinete para que brinde explicaciones sobre las inconsistencias detectadas.
