Un operativo de tránsito en General Rodríguez derivó este fin de semana en un episodio de extrema gravedad institucional, con persecución, empleados heridos, denuncias judiciales y un fuerte cruce político con el Municipio de Moreno, luego de que un camión oficial morenense fuera secuestrado, sustraído por la fuerza y nuevamente incautado tras una maniobra digna de un operativo comando.
Todo comenzó el viernes 17 de enero por la tarde, cuando inspectores de la Dirección de Tránsito rodriguense interceptaron dos camiones que trasladaban maquinaria vial en el barrio Altos del Oeste. Uno de los vehículos no tenía la documentación requerida ni patente visible y el otro era conducido por un chofer sin habilitación para esa categoría. Con la anuencia del área correspondiente, las unidades fueron secuestradas y trasladadas al playón municipal de Ruta 24.
En un primer momento, el procedimiento transcurrió con normalidad. Incluso se hicieron presentes dos funcionarios de Moreno para intentar destrabar la situación, dado que uno de los camiones pertenecía a esa comuna. Pero la intervención no prosperó y, minutos después, el escenario cambió abruptamente.
Según registraron cámaras de seguridad, denuncias y testimonios, un grupo de personas llegó al playón en varias camionetas y autos, bloqueó las salidas y montó un operativo organizado para recuperar el vehículo. El chofer —que había desaparecido del lugar— reapareció con la llave, se subió al camión Iveco y se lo llevó por la fuerza ante la reacción impotente de los inspectores.
A partir de allí comenzó una persecución hacia la Ruta 7. En la huida se produjo un choque contra un móvil municipal y agresiones físicas contra empleados de Tránsito. Un inspector terminó con heridas en el rostro y una trabajadora fue atendida tras quedar en estado de shock por el ataque.
El camión logró avanzar varios kilómetros hasta que fue detenido por patrulleros policiales. Todos los involucrados fueron trasladados a la Comisaría 2ª de General Rodríguez. La causa quedó en manos de la UFI Nº10 por “lesiones leves y desobediencia”, aunque no se descarta que la imputación se agrave: si se comprueba que el secuestro administrativo estaba concluido, la maniobra podría configurarse como robo o incluso robo agravado por ser cometido en banda y en poblado.
El trasfondo excede lo policial. El vehículo operaba bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas de Moreno, área que —según diversas fuentes— realizaba tareas de mejoramiento barrial en General Rodríguez sin autorización formal. La funcionaria a cargo, María Giménez, forma parte del Movimiento Evita y, de acuerdo con investigaciones periodísticas, buscaría posicionarse políticamente en ese distrito de cara a los próximos años.
El incidente expuso así una fuerte interna dentro del peronismo bonaerense, entre los espacios que responden a las gestiones de Mariel Fernández en Moreno y Mauro García en General Rodríguez. Ambas administraciones, alineadas políticamente, quedaron envueltas en un conflicto que mezcla disputas territoriales, uso de recursos estatales y tensiones previas a las elecciones internas del PJ.
Mientras en General Rodríguez sostienen que el operativo fue estrictamente legal, en Moreno reina el silencio público, aunque puertas adentro se admite el malestar por la gravedad de los hechos y por el impacto político hacia la propia gestión.
El saldo es contundente: heridos, denuncias, un expediente judicial en curso y una crisis política que se trasladó a la calle, reabriendo el debate sobre los límites del uso de bienes públicos fuera del distrito y la convivencia institucional entre municipios vecinos del conurbano.
